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El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la entrega de la Memoria Anual en el Palacio de la Zarzuela

Justicia

García Ortiz tomará posesión de su cargo como fiscal general el miércoles 24 de enero en el Supremo

El titular del Ministerio Público cumplirá así con el último trámite necesario para continuar mandato, tras ser confirmado por el Gobierno en el cargo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tomará posesión de su cargo, el próximo miércoles 24 ante el Pleno del Supremo, tal y como dispone el artículo 29.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El acto tendrá lugar a las 13.00 horas en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, en presencia del presidente del Tribunal Supremo, en funciones, el magistrado Francisco Marín Castán.

García Ortiz cumplirá así con el último paso del trámite necesario para reeditar en el cargo, tras ser confirmado por el Gobierno, pese a que tan sólo unos días antes el Alto Tribunal anuló el ascenso decretado a favor de su predecesora y amiga, Dolores Delgado, como titular de la plaza Togada de lo Militar. La Sala Tercera sentenció, por unanimidad, que el fiscal general incurrió en una desviación de poder en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico».

El Fiscal General del Estado prometía su cargo ante S.M. el Rey de Felipe VI, este mismo viernes 19 de enero, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. García Ortiz ha prometido su cargo sobre un ejemplar de la Constitución abierta por la página del artículo 124, referida al Ministerio Fiscal.

Un acto de promesa ante el Rey que se ha producido una vez oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitió un informe negativo sobre su reelección, y previa valoración de su idoneidad por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Al acto de hoy han asistido tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Esther Pérez.