Pumpido, el fiscal que ha hecho de su toga una bayeta

Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña, 1949) es el ministro 23 de Pedro Sánchez. No necesita cartera ni despacho ni Ministerio. Tiene la sagrada misión –que cumple con denuedo– de lavar y dar esplendor a todos los trapos sucios que le manda el presidente. Es el conseguidor que todo autócrata necesita en una institución clave, el Tribunal Constitucional, a cuya presidencia accedió hace un año con un solo voto de diferencia en una encarnizada lucha contra la catedrática María Luisa Balaguer.

En manos de Cándido el tribunal de garantías constitucionales ha perdido la misión que le encomienda la Carta Magna, para transformarse en un tribunal de casación de los enjuagues socialistas y principal azote del Tribunal Supremo, de las pocas instituciones del Estado que se le resiste al Gobierno. Las dos últimas sentencias que llevan su firma –el amparo a Otegui y a Alberto Rodríguez, el «rastas» de Podemos– han enfangado a la alta institución devenida en un órgano corrector de las decisiones del TS; algo insólito en la Europa democrática.

Conde-Pumpido ingresó en la carrera judicial en 1974. Hijo de un exteniente fiscal del Supremo, vivió desde la Audiencia Provincial de San Sebastián la terrible época de plomo de ETA. Por eso, es incomprensible que pronunciase la indigna frase que le acompañará hasta la tumba: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo el camino». Que en términos prácticos es tanto como supeditar la legalidad que juró defender, a la coyuntura política que en aquel momento aconsejaba blanquear a Batasuna para que sus amigos de ETA dejaran de matar. Para ello le nombró Zapatero fiscal general del Estado, con el mandato más largo de la historia de la democracia (2004-2011).

Es decir, según la doctrina de Pumpido, las normas son interpretables a la conveniencia del poder de turno; los tribunales tienen que ser permeables al mando supremo y a sus intereses y adaptar los criterios jurídicos a la estrategia del Sumo Líder. Esa es la filosofía que aplicó durante su mandato en la Fiscalía, idéntica a la que ha impulsado ahora en el Constitucional: de las 85 sentencias emanadas de este tribunal, ni una sola ha dado la razón a los recursos del PP, planteados contra las leyes más ideológicas de la izquierda.

Desde el aborto, consagrado como un «derecho», hasta la renovación urgente del Consejo de RTVE, pasando por el juramento irregular de acatamiento a la Constitución de los separatistas, así como la ley de la eutanasia o el engendro Celáa. Toda la ingeniería social de Zapatero y Sánchez ha sido convalidada por Cándido, corresponsable con sus dos presidentes y amigos de una reforma de la Constitución encubierta.

Este fiscal gallego es una persona correosa, a decir de sus compañeros. Tiene, no obstante, fama de poseer una incuestionable talla jurídica que, sin embargo, nunca ha prevalecido por encima de sus intereses ideológicos y de su servicio a la «causa progresista». Ha dividido el TC en dos –cuatro magistrados conservadores contra siete de izquierdas–, llevándolo al más grande de los desprestigios.

Sin embargo, alardea de haber reformado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar que los Gobiernos pudieran destituir a los fiscales generales sin razones tasadas. Cuando llega a la cúpula del Ministerio Público proviene de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo, donde como magistrado votó a favor de condenar a José Barrionuevo y a Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey, en la sentencia de los GAL.

Casado en segundas nupcias con una vocal del CGPJ y padre de un controvertido hijo habitual de las páginas de sucesos y del cuché, su más preciado tesoro es haberse encaramado a la presidencia del Tribunal, del que es magistrado desde 2017, que en breve tendrá en su mano avalar la ley de amnistía que el presidente del Gobierno va a entregar a Puigdemont a cambio de que le afiance en el palacio de La Moncloa.

No ha desmentido, a pesar de que ha tenido oportunidad, que el preámbulo del anteproyecto de esa norma de impunidad para los independentistas tiene su sello, como infalible argumentario que luego le servirá para rechazar el seguro recurso de inconstitucionalidad que se presentará cuando se apruebe la norma. Pero la traca final está por llegar: nadie duda de que bajo su mandato el Gobierno posibilitará un referéndum en Cataluña y quizá también en el País Vasco. Para entonces la toga de Cándido Conde-Pumpido será ya un bayeta impregnada de barro.