El ministro de Justicia afirma que amnistiar el terrorismo callejero es por el bien de los jueces

El Gobierno no solo ha cedido a la exigencia de Junts y ERC de incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo callejero, sino que además ha intentado hacerlo pasar por lo contrario. Por una «mejora técnica» para «reforzar la función jurisdiccional» de los jueces y tribunales, que son quienes deberán aplicar la norma, y no como el enésimo quebrantamiento de otra de sus líneas rojas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes compareció en la Moncloa tras el Consejo de Ministros, y allí fue bombardeado a preguntas sobre lo que había sucedido poco antes en la Comisión de Justicia del Congreso, durante el penúltimo trámite de la proposición de ley de amnistía antes de su envío al Senado: el acuerdo entre el PSOE y Junts para cambiar la redacción del artículo 2 y así asegurarse de que los encausados en el marco de los CDR y de Tsunami Democràtic también saldrán impunes. Empezando por Carles Puigdemont.

El nuevo artículo 2 distingue entre terrorismo malo y el callejero, y solo deja fuera de la amnistía al malo; al que haya causado «violaciones graves de derechos humanos», además «de forma manifiesta y con intención directa». En particular «las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».

Traducido, quiere decir que salvo que Puigdemont fuera acusado de tortura o algo similar, su libertad estará blindada. Y no por el simple hecho de «alterar gravemente la paz pública», que es ahora uno de los delitos de terrorismo que recoge el Código Penal. Como también la «tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos», claves en el caso de Tsunami Democràtic instruido por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

La redacción anterior excluía los delitos de terrorismo con sentencia firme, en estos términos: «Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017».

Las explicaciones de Bolaños

Aun así, Félix Bolaños negó repetidamente que esto suponga una vuelta de tuerca de más a una proposición de ley fuertemente cuestionada por los tres letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, y que la semana próxima será votada en el pleno de la Cámara Baja.

«Son dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al Derecho de la UE. Se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la directiva europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos», sostuvo el ministro del ramo.

«Lo que ha sido una línea roja, y así lo hemos dicho siempre, es que el terrorismo esté exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía, y fuera ha quedado. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Ésa era nuestra línea roja, esa es la línea roja y así se ha hoy pactado en la Comisión de Justicia», insistió poco después. Pese a que la semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente señaló que un delito de terrorismo no puede ser «amnistiable».

«No solo hemos mantenido el terrorismo exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía, sino que hemos mejorado técnicamente y hemos reforzado la seguridad jurídica de ese artículo», repitió Bolaños, quien llegó a afirmar que estos cambios «refuerzan la función jurisdiccional de los jueces y magistrados y son ellos los que han de interpretar las normas».

«Ahora los parámetros que se utilizan los jueces y tribunales para valorar la exclusión del terrorismo no es si existe o no sentencia firme, sino si se adecúa a la directiva europea y al Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y de Libertades Fundamentales», remachó.

«El PSOE ha perdido la poca dignidad que le quedaba (...). Nadie, absolutamente nadie, ha votado el PSOE para esto», lamentó el portavoz del PSOE en el Congreso, Miguel Tellado.