Sánchez no ha explicado al Rey los pactos cruciales con Junts que alterarían la Constitución

El Rey debería estar informado por el presidente del Gobierno de todo asunto que, como en el pasado la cesión a Marruecos de la posición española en el Sáhara o, ahora, la ley de amnistía y los pactos con el independentismo, son asuntos de Estado de primera magnitud. Pero eso no ocurrió entonces y tampoco ahora, según está en condiciones de documentar este periódico.

Sánchez no ha entregado ningún documento al Rey explicándole las concesiones que está dispuesto a realizar para contar con el apoyo de Junts, pese a que buena parte de ellas amenazan la arquitectura constitucional de España, lo que obliga al presidente, según el artículo 62.g de la Carta Magna, a atender el derecho de Felipe VI a «ser informado de asuntos de Estado», e incluso a «presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno».

Nada de esto ha ocurrido, según confirma la propia Moncloa en un documento al que ha accedido El Debate, firmado el pasado 17 de enero por la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez Pérez.

En el mismo, se reconoce literalmente que la Ley de Amnistía, las reuniones en el extranjero con Puigdemont, la aceptación de un verificador internacional o la posibilidad de celebrar referendos de independencia «no están relacionadas con las competencias de la Presidencia del Gobierno», desplazando la responsabilidad al PSOE para salvarle a Sánchez de seguir el camino institucional, lleno de obstáculos, incluido eventualmente al propio Rey de ser consultado, informado o incluso invitado a presidir una reunión del Ejecutivo.

La Moncloa responde así a la petición de información que este periódico le remitió para conocer detalles de todos esos asuntos y saber si, además, Sánchez le había remitido al Rey algún tipo de informe, documentación e información oficial sobre los múltiples pactos con los partidos separatistas, dado que afectan a la Constitución, en cuya cúspide aparece el Jefe del Estado.

El vacío es aún más llamativo si se tiene en cuenta la alerta casi unánime que, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Senado, juristas de primera fila o los expresidentes González y Aznar, se ha activado contra el evidente deterioro del orden constitucional, considerado por todos ellos una cuestión de Estado que otorga al Jefe del mismo la potestad de estar al corriente.

En concreto, El Debate se dirigió a Presidencia del Gobierno para solicitar expresamente una copia de los documentos que Sánchez haya entregado a Felipe VI poniendo en su conocimiento «las reuniones a celebrar con el fugado de la justicia Carles Puigdemont y con el Presidente de la Generalitat de Cataluña, reuniones que, de producirse, a la vista de sus socios de gobierno, entrañarían una mutación constitucional de facto, así como el calendario de dichas reuniones, verificadores existentes, informes y estudios sobre la posibilidad de celebración de un referéndum en Cataluña e informes sobre las materias negociadas con independentistas catalanes y vascos que afectan a la gobernabilidad de España».

En definitiva, saber si Sánchez ha informado al Rey de todos «los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno para lograr su investidura y que deberá realizar durante la legislatura».

Sánchez actúa como si tuviera plenos poderes, pero luego alega carecer de competencias para no dar explicaciones

Moncloa optó por inadmitir esa solicitud, con unas alegaciones cargadas sin embargo de reveladora información. Así, asegura que no es posible facilitar ningún tipo de documentación pues para poder hacerlo debería estar en poder del presidente y que además «haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones».

La confesión de Moncloa

Pero el gran hallazgo es la «confesión» que la propia Moncloa hace de las limitaciones formales que Sánchez tiene para avanzar en la agenda soberanista, pese a lo cual no duda en continuar con ella, cada vez de manera más intensa: «Las actuaciones descritas en la solicitud, y sobre las que recae la información solicitada, no están relacionadas con las competencias de la Presidencia del Gobierno».

La conclusión final encierra uno de los rasgos definitorios de los mandatos de Sánchez: despliega poderes casi absolutos cuando necesita alcanzar un objetivo, aunque en el viaje someta a una profunda degradación al Estado de derecho; pero apela luego a las limitaciones que tiene el cargo cuando debe dar explicaciones de todo ello.

Una afirmación que cae por su propio peso con solo echar un vistazo a la legislación vigente que estipula que «el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión».

Es decir, Sánchez como máximo responsable de la acción de su Ejecutivo debe estar al tanto de todos los asuntos, y por tanto en sus reuniones con Felipe VI debería, al menos, informarle de los pasos que irá dando su Gobierno a lo largo de la legislatura, algo que, a la vista de respuesta facilitada por Moncloa, parece que no ha hecho. Porque, con Sánchez, sus propias funciones son etéreas y aparecen o desaparecen en función de sus necesidades cotidianas.

El papel del Rey

El papel del Rey ha sido muy difícil desde el pasado 23 de julio, cuando Sánchez celebró su derrota como una victoria electoral, se negó a felicitar al vencedor y movilizó al PSOE para denigrar la posibilidad de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se presentará a la investidura.

Don Felipe, pese a las presiones, autorizó al político gallego a intentarlo, aunque sus posibilidades de éxito eran casi inexistentes por la negativa del PNV a respaldar a un nuevo Gobierno con el que, en realidad, hubiera tenido más afinidad ideológica.

Todo ello le llevó al Jefe del Estado a repetir el encargo, ya con Pedro Sánchez, pese a que éste no fue capaz de verificar en La Zarzuela los apoyos parlamentarios cerrados suficientes para prosperar. Pese a ello, Felipe VI le dio su plácet, abriendo con ello un periodo de negociaciones culminado en el último momento con un pacto con Junts en el que se citaba la ley de amnistía, no prevista en la Constitución; la participación de un mediador internacional y, entre otras prebendas, la negociación sobre cómo celebrar una consulta de autodeterminación, rechazada por el PSOE pero incluida a la vez en el documento de su acuerdo con Puigdemont.

Ni en aquel momento Sánchez le explicó al Rey la naturaleza de sus pactos ni ahora, ya desde la Presidencia, lo ha hecho, al menos de manera formal, tal y como prevé la Carta Magna.