Juan Carlos Campo pactó con el PP el catálogo de delitos de terrorismo que ahora el PSOE no reconoce

El PSOE de Pedro Sánchez votó a favor de ampliar la lista de delitos de terrorismo cuando le convino. De hecho, aquel fue un acuerdo entre socialistas y populares que lideró el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, antes de ser nombrado ministro de Justicia.

Hoy, por el contrario, el Gobierno y el PSOE defienden la tesis de que lo que hicieron los CDR y Tsunami Democràtic no cabe en el concepto de terrorismo. Si acaso, en el de desórdenes públicos graves. Y que terrorismo es lo de ETA, no lo del procés, según declaró el miércoles el propio ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

En marzo de 2018, aún con Mariano Rajoy como presidente, el grupo parlamentario popular presentó una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal. España estaba obligada a transponer a su ordenamiento jurídico tres directivas europeas. Una de ellas relativa a la lucha contra el terrorismo, aprobada por la UE en 2017, y las otras dos sobre las sanciones aplicables al abuso de mercado y la lucha contra el fraude.

La del terrorismo es la famosa directiva 2017/541, que aparece mencionada varias veces en la ley de amnistía porque es la que determina qué es y qué no es un delito de terrorismo. En el catálogo no solo figuran los atentados con muertos o los secuestros, sino también la «fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos o armas de fuego, armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares inclusive». El Código Penal español lo resume en «tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos», delitos que figuran en las causas de los CDR y Tsunami Democràtic.

Juan Carlos Campo proclamó entonces que el PSOE era un partido de Estado y europeísta

Por aquel entonces Campo era el portavoz de Justicia del grupo parlamentario socialista. Y como tal participó en el debate de la toma en consideración de esa iniciativa, en el que anunció el voto favorable del PSOE porque «el Partido Socialista es un partido de Estado, de Estado europeísta y que cree, además, en el prestigio de las instituciones y cree en el prestigio de España».

Más adelante, en diciembre de 2018, Campo formó parte de la ponencia de diputados de todos los grupos que, dentro de la Comisión de Justicia, debatió la proposición de ley. Por entonces, Sánchez ya estaba en la Moncloa, después de haber ganado la moción de censura. El hoy magistrado del Tribunal Constitucional lideró la negociación entre su grupo parlamentario y el popular, que llegaron a un acuerdo para votar conjuntamente. También intervino en ese pacto la entonces diputada del PSOE y hoy eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez.

El pleno del Congreso votó esa reforma del Código Penal para modificar el articulado dedicado al terrorismo -entre otras cosas- el 20 de diciembre de 2018. En ese debate ya no intervino Campo, sino la diputada socialista Sofía Hernánz. «La vocación inequívocamente europeísta de este Gobierno y de este grupo parlamentario, nuestro sentido de la responsabilidad y la voluntad de dar cumplimiento a las obligaciones de España con sus socios de la Unión Europea, así como el convencimiento de que dichas modificaciones mejoran nuestra legislación penal, es lo que ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a trabajar con lealtad en el seno de la ponencia y, en ese mismo sentido, a votar favorablemente este dictamen hoy aquí, en el Pleno», señaló.

No obstante, la diputada se quejó de que en origen el PP hubiese elegido la vía de la proposición de ley orgánica del grupo parlamentario en lugar del proyecto de ley del Consejo de Ministros. Con el tiempo, los socialistas han acabado usando esa fórmula más que los populares. La ley de amnistía se está tramitando como proposición de ley orgánica. También se tramitaron así la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación; la reforma de la ley del 'solo sí es sí' pactada entre el Gobierno y el PP; y la reforma de la Ley del Poder Judicial que los socialistas impulsaron en el verano de 2022 para forzar al CGPJ a hacer los dos nombramientos que le correspondían para el Constitucional.

Como ha venido contando El Debate, la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Junts y ERC entra en colisión con la directiva europea contra el terrorismo. Más aún después de que, el pasado martes, Sánchez accediera a incluir los delitos de terrorismo en su amnistía. Con la única salvedad de las «violaciones graves de derechos humanos», y siempre y cuando además sean cometidas «de forma manifiesta y con intención directa».

En el informe que los letrados adscritos a la Comisión de Justicia hicieron sobre la proposición de ley socialista, estos ya advertían de que la directiva europea no permite amnistiar delitos de terrorismo. Solo establece en su artículo 16 que los Estados miembro pueden rebajar la pena a un condenado por terrorismo en determinadas circunstancias, pero «en ningún caso se prevé la extinción de la responsabilidad».