El cerco de la Audiencia Nacional al terrorismo de Tsunami pone en jaque las maniobras del Gobierno y Junts

El Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas de Junts y Esquerra (ERC) están dispuestos a todo por evitar que la causa que se sigue contra los graves altercados planteados y perpetrados por la plataforma separatista Tsunami Democràtic en Cataluña, en 2019, sean calificados por el juez instructor Manuel García-Castellón como delitos de terrorismo. Primero fue la maniobra de la Fiscalía del Gobierno modificando, en un escrito posterior a las elecciones generales del 23-J, la calificación inicial de lo ocurrido en pro de unos meros desórdenes públicos agravados. Más tarde, se incluyeron en la ley de amnistía pactada para el borrado penal del procés los delitos de terrorismo todavía pendientes de ser juzgados y en un contexto muy delimitado.

Lo último ha sido anunciar la reforma de la definición del terrorismo ‘a la carta’ de las exigencias de los sediciosos, como ya sucediera con la malversación y la sedición despenalizadla, para salvar el cerco de la Audiencia Nacional a Carles Puigdemont y Marta Rovira, entre otros, que complica seriamente su vuelta a España.

Sin embargo, las evidencias y los indicios que obran en poder del juez instructor de la causa de Tsunami son cada vez más contundentes e innegables. El grupo organizado convirtió el centro de Barcelona y algunas de sus infraestructuras más estratégicas, como el aeropuerto del Prat, en una zona de guerra, provocando graves alteraciones del orden público y la paz social, hiriendo de gravedad a varios policías nacionales que, en alguno de los casos no han podido volver a trabajar, y comprometiendo localizaciones vitales para la economía del país.