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José Manuel Albares, junto a la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock

José Manuel Albares, junto a la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena BaerbockEFE

La UE aparca el catalán como idioma oficial una vez terminada la presidencia española

El Consejo de Asuntos Generales no debatirá este lunes el tema tras seis meses con España marcando la agenda

El 1 de julio de 2023, España asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea con una serie de prioridades que cambiaron de manera casi radical tras las elecciones del 23 de ese mismo mes. La reaparición de Puigdemont en el tablero de juego obligó a Sánchez a tomar una serie de decisiones para continuar en Moncloa y al Gobierno a ejecutar las exigencias del prófugo. Unas pretensiones que, al menos en Bruselas, desaparecen tras el fin de la presidencia española.

Este lunes, el Consejo de Asuntos Generales se reúne por primera vez en lo que va de año. Durante los seis meses anteriores, en todas y cada una de sus sesiones trataron como tema del día la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como idioma oficial de la UE. Pese a las reticencias de muchos países, el ministro Albares se empeñaba en mantener sobre la mesa un tema que sabía que sería rechazado en caso de votación, ya que los 27 debían dar su visto bueno. Ahora, con el fin del mandato español, también se diluye su petición.

La presidencia belga no continuará la herencia que le dejó su antecesor. Los países que ostentan el mandato tienen el privilegio (y la responsabilidad) de marcar la agenda de los consejos, algo que utilizó España para potenciar el catalán, para pelear por la ecología y para cerrar un pacto migratorio. Las prioridades de Bélgica, sin embargo, son otras, así que dejará aparcado el debate sobre la inclusión del catalán.

Esta decisión no ha pillado de sorpresa a la delegación española, que era consciente de las dificultades que tenía el proceso, más aún cuando de primeras muchos países ya mostraron su rechazo. Albares seguía peleando y llegó a ofrecer al resto de los socios que España asumiría la factura de los 132 millones de euros anuales que supondría la inclusión del catalán, el euskera y el gallego. Pero eran argumentos de poco peso para algunos países, que veían posibles problemas para el futuro de la UE en el caso de aceptar. Son muchas las lenguas minoritarias que hay en Europa que podrían reclamar un estatus similar.

Otra de las reticencias era el complicado proceso de implantación, que ya sufrió la UE con la inclusión del gaélico. Irlanda propuso su incorporación en 2005, pero no fue hasta 2022 cuando se pudo empezar a utilizar de verdad. En cualquier caso, la situación no parece que vaya a repetirse una vez que Europa ha decidido dejar en un cajón el debate que Puigdemont le reclamó a Sánchez a cambio de su apoyo en la investidura.

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