El dirigente del PSOE Santos Cerdán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la diputada de Junts Míriam Nogueras
El Gobierno y sus terminales mediáticas compran el relato de Junts para acusar de 'lawfare' a los jueces
El PSOE suscribió en su acuerdo con Junts para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez que en nuestro sistema judicial podía haber «situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política». Desde entonces –y a diferencia de lo que ocurría en la legislatura pasada– tanto el Gobierno como sus medios afines han asumido la retórica del secesionismo catalán y han afirmado en varias ocasiones que en España se da una «guerra jurídica».
Uno de los primeros en aseverar que en España hay lawfare fue el propio Pedro Sánchez, que manifestó en una entrevista radiofónica en diciembre del año pasado que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enmarca dentro de este término. «No hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial», señaló el líder del Ejecutivo.
Carles Puigdemont, en Estrasburgo durante una sesión del Parlamento europeo
Ya en 2024, la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera acusó de judicialización de la justicia al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón; que instruye la causa de Tsunami Democràtic en la que está imputado por terrorismo el prófugo Carles Puigdemont. Ribera apuntó que «hay algunas personas en el Poder Judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección», aludiendo, por consiguiente, al controvertido concepto de lawfare.
El lunes 29 de diciembre se dio a conocer un auto del juez Joaquín Aguirre –adelantado por El Debate– en el que ve indicios en Puigdemont de un delito de traición por reunirse con emisarios rusos de Putin para financiar el procés. Esa misma tarde, fuentes socialistas comunicaron a las agencias de información que la resolución de este magistrado «tiene un objetivo muy claro». «Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los del Legislativo. Cada vez que el Legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha», agregaron esas mismas fuentes.
Además, en el último Pleno del Congreso, el del pasado lunes en el que se debatió y votó la amnistía, Gerardo Pisarello –dirigente de Sumar; partido del Gobierno– tachó a García-Castellón de ser un magistrado con «ardor patriótico» que «merece ser acusado de prevaricación o directamente ser recusado en esta causa (la de Tsunami)». Estas afirmaciones fueron reprobadas por el portavoz del PP, Borja Sémper, que reprochó al diputado de la coalición 'magenta' que hubiera «señalado a jueces y magistrados» ante «el silencio de Armengol y Bolaños».
El diputado de Sumar Gerardo Pisarello en el Congreso de los Diputados
Respecto a la derivada mediática del lawfare, el diario El País publicó en su portada del martes 30 de enero –día que se debatió la amnistía en la Cámara Baja– una noticia titulada «El PSOE denuncia injerencias judiciales para torpedear la amnistía a los independentistas». En el cuerpo de la información se recogía que fuentes de Ferraz habían explicado que «el mero hecho de que el poder judicial actúe al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible».
Por su parte, el pasado miércoles el periódico del Grupo Prisa escribió un editorial –artículo que recoge la opinión del medio– en el que se declara que «si ya era difícil esquivar los escollos para incluir a Carles Puigdemont en la ley de amnistía tras las sinuosas e improvisadas actuaciones del juez García-Castellón, ahora se suma otra investigación resucitada, esta vez por el magistrado Joaquín Aguirre sobre la presunta trama rusa del procés».
Igualmente, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, expuso el martes en la Cadena Ser, también propiedad del Grupo Prisa, que «cuando se mira las decisiones judiciales que se están tomando, en el Juzgado Número 13 de Barcelona, con el juez Aguirre, y en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, con el juez García-Castellón, es muy difícil pensar que aquí les mueve una pulsión judicial o jurídica y no una pulsión política». «En el procés pasaron cosas muy graves, pero invasiones rusas y terrorismo no hubo», agregó Escolar.
Así las cosas, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y sus medios afines han asumido que en el sistema jurisdiccional español hay algunos magistrados o situaciones jurídicas que se pueden calificar como lawfare. Esto supone aseverar que el Estado de derecho en España no tiene plenas garantías, aspecto que es contrario a los derechos fundamentales contemplados en la Constitución.
