García Castellón, el juez que pudo con ETA y no se doblega ante Sánchez

Cuando el 19 de abril de 1995, ETA hace estallar una bomba al paso del coche de José María Aznar, un desconocido juez de 43 años, en comisión de servicios en la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, asume la investigación. Se trata de un vallisoletano que responde al nombre de Manuel García-Castellón y García-Lomas, al que marcó su carrera un atroz asesinato, el de la niña de nueve años Olga Sangrador, caso en el que logró que su asesino Valentín Tejero confesara el crimen. Desde entonces, mantiene contacto con la madre de la pobre cría. Esa investigación y otro terrible crimen de un joven concejal del PP le dejarían una huella que sigue indeleble.

El 13 de julio de 1997, mientras participa en un acto con el consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa, es avisado de que Miguel Ángel Blanco ha aparecido tiroteado en Lasarte. Esa tarde, García-Castellón se personó en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, para certificar la muerte del edil del PP. «Manolo», como le llaman sus amigos, llevaba 72 horas en el País Vasco adonde había viajado para dirigir la operación de búsqueda del joven político, secuestrado por las bestias terroristas. Nunca olvidó lo que allí pasó. Hasta el punto de que sigue batallando desde la Audiencia Nacional por desenmascarar a los jefes de la banda, como coautores de los asesinatos que cometían los comandos a los que ordenaban: a Iñaki de Rentería, miembro de la cúpula etarra, lo investiga por ese secuestro y asesinato que tanto le conmocionaron; y esta semana ha reabierto otra causa sobre los homenajes a terroristas y apunta a Sortu, el partido de Otegi. Por eso, los que le conocen sostienen que si no le doblegó ETA menos lo va a poder hacer el oficialismo sanchista, que lo ha colocado en su punto de mira.

Sigue batallando desde la Audiencia Nacional por desenmascarar a los jefes de ETA, como coautores de los asesinatos que cometían los comandos a los que ordenaban

Un año antes del atentado de Miguel Ángel, había enviado a prisión preventiva al expresidente de Banesto Mario Conde, tras un intenso interrogatorio de varios días. Por entonces, meterse con el que era el banquero de moda le reportó más de un quebradero de cabeza y le obligó a pedir amparo al CGPJ. Nada parecido a la cacería de la que es víctima desde hace unos meses por parte de ministros del Gobierno de España y sus socios de extrema izquierda y separatistas. Aunque ahora se haya redoblado el acoso, este magistrado de talante afable y de trato conciliador ha pasado de ser «un juez valiente» cuando instruyó las tramas de corrupción del PP -Púnica, Lezo o Kitchen-, a ser un prevaricador desde que empitonó a Pablo Iglesias por el «caso Dina»; o ahora que, cumpliendo con su obligación procesal, ha señalado a Puigdemont y a Rovira como investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, coincidiendo con la tramitación de la ley de amnistía del Gobierno. Lo llamativo es que ha usado la misma calificación penal de la Fiscalía, hasta que llegaron las elecciones del 23-J y el Ministerio Público se apresuró a rectificar, impelido a manchar la toga con el polvo del camino sanchista.

Su riguroso trabajo no ha dejado títere con cabeza: imputó a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes, posteriormente exoneradas, a Jorge Fernández Díaz y al expresidente del BBVA, Francisco González. No le tembló el pulso a la hora de prorrogar la prisión del comisario Villarejo o de citar a declarar a Cospedal. Eso, y que encabezara el proceso contra Pinochet por delito de lesa humanidad, le granjearon la simpatía de la izquierda. Hasta que citó a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa por la financiación ilegal de Podemos y pasó a ser el magistrado amigo del PP. Tal fue la campaña de descrédito de la ultraizquierda que el magistrado tuvo que informar al CGPJ de la intimidación que sufría por los soldados de Iglesias. Al punto que llegó a presentar una denuncia ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes que le dedicaban. Se pedía en las redes sociales que «agredieran al cabrón del juez García-Castellón», le llamaban «gente bastarda», le tildaban de «hijo de puta franquista que viene de familia burguesa», al que había «que cocer».

Su riguroso trabajo no ha dejado títere con cabeza: imputó a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes, a Jorge Fernández Díaz y al expresidente del BBVA, Francisco González

Todo vale contra el juez que no se doblega. Una cosa y su contraria: el sanchismo le ha colocado la etiqueta de «facha» porque, sostiene, el PP de Rajoy le premió nombrándolo magistrado enlace en Francia para delitos de terrorismo o en Italia para casos de crimen organizado. Pero paradójicamente también le reprocha que volviera de ese «retiro dorado de Roma» para recuperar en 2017 su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que abandonará el próximo junio para jubilarse.

Hasta entonces, reputados «juristas» como Teresa Ribera, Óscar Puente y Miriam Nogueras, con el silencio culposo de Pedro Sánchez y Félix Bolaños, seguirán acusando de lawfare a este juez por poner en peligro, con su trabajo y el ejercicio de la sagrada separación de poderes, la premisa corrupta de este Gobierno: la amenaza al Poder Judicial por quienes buscan la desaparición de sus delitos con una ley de impunidad escandalosamente indecente.