Ni Sánchez ni Puigdemont dejarán caer la amnistía y ya hay pistas de lo que planean

Había llegado el momento de votar, por llamamiento, el conjunto de la proposición de ley orgánica de amnistía. Junts no había adelantado oficialmente su postura, pero la intervención de su portavoz en el Pleno había sido bastante reveladora. En ese momento, el diputado que se sienta a la derecha de Míriam Nogueras, Josep Maria Cruset, cogió un bolígrafo y un papel. Y escribió en mayúsculas una única palabra: NO. Se afanó en repasar cada trazo, con ensañamiento. Para qué negarlo: él, Nogueras y los otros cinco diputados de Junts estaban disfrutando del momento. Jaque a Pedro Sánchez, que ponía cara de circunstancias cuatro filas más abajo.

La semana empezó con la decisión del juez de la trama rusa del procés, Joaquín Aguirre, de prorrogar la instrucción ante los indicios de un posible delito de traición por parte de Carles Puigdemont y termina con la ley de amnistía encallada en la Comisión de Justicia. De la que no saldrá hasta pasadas las elecciones gallegas del 18 de febrero, no sea que la magnanimidad –la palabra es de la Moncloa– de Pedro Sánchez con los independentistas vaya a empeorar aún más las malas perspectivas del candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro. Por cierto, uno de los 121 diputados del PSOE que el martes votaron de viva voz a favor de la amnistía.

Los socialistas descargaron el miércoles su furia contra Puigdemont y Junts por poner en peligro una ley que dará impunidad a más de 1.500 procesados, pero el enfado les duró poco, apenas un día. Rápidamente se dieron cuenta de su desdicha: ya no es solo que Sánchez no pueda gobernar teniendo a Junts en contra; es que lo necesita a su favor, siempre y en todo momento.

Así que, a la altura del jueves, el propio presidente del Gobierno hizo algo más que recoger velas desde Bruselas. Prometió que la ley no dejará a nadie fuera porque, «como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es», zanjó. «Con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas».

Las primeras migas

Con su intervención, Sánchez puso las primeras migas de pan en el camino que parece abrirse en el horizonte: el de aprobar la ley de amnistía prácticamente como está, con algún retoque, y en paralelo pactar una reforma del Código Penal para reducir el catálogo de delitos de terrorismo del Código Penal. Por la vía de una proposición de ley orgánica, otra más (para qué perder el tiempo en farragosos proyectos de ley del Consejo de Ministros en esta legislatura, con la de tiempo y trámites que conllevan).

Que fuera precisamente el exdiputado de los Comunes Jaume Asens quien sugirió la idea el miércoles no parece casualidad. No sería la primera vez que Sánchez utiliza a Sumar como avanzadilla. Retrocedamos hasta el pasado 2 de agosto. En plenas negociaciones para conformar la Mesa del Congreso, Yolanda Díaz apareció en una entrevista a TVE y, sin venir a cuento, propuso reformar el Reglamento del Congreso para permitir el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara Baja.

El arranque de la vicepresidenta segunda (por entonces, en funciones) se interpretó como un guiño a los independentistas motu proprio, pero se trató de algo más. Díaz había recibido una llamada de las más altas esferas del PSOE poco antes. En ella le comunicaron que el pacto de las lenguas cooficiales estaba prácticamente cerrado con ERC y Junts y le pidieron que saliera ella a desbrozar el camino. Pero que pareciera cosa suya, puesto que Sumar había llevado en su programa electoral la propuesta de crear una Ley de Lenguas que reconociera «la realidad plurilingüe de España». Y así lo hizo la líder de Sumar, solícita. Es algo que nunca ha contado en público, pero así sucedió.

Asens no es cualquiera. Es el interlocutor de Díaz con los independentistas, fue el facilitador de la reunión que mantuvieron ésta y Puigdemont en Bruselas en septiembre y, el pasado martes, anticipó en televisión que Junts votaría en contra horas antes del inicio del Pleno.

Sánchez ha reformado más de un centenar de artículos del Código Penal desde que está en la Moncloa, ya es costumbre

¿Por qué no? Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, su Gobierno ha modificado más de un centenar de artículos del Código Penal. En algunos casos, para transponer directivas de la Unión Europea o legislar sobre delitos tecnológicos. Pero en otros muchos la motivación ha sido puramente política. Por ejemplo, para eliminar el periodo de reflexión y la obligatoriedad de que la embarazada reciba información sobre prestaciones y ayudas públicas a la maternidad antes de que quiera abortar. O para suprimir las penas de prisión para los piquetes violentos. O para distinguir entre malversación buena y mala (¿les suena?). Ya no digamos cuando los socialistas y sus socios crearon un artículo específico, el 172 quater, para castigar con penas de cárcel de entre tres meses a un año a los provida que se manifiesten o recen en las inmediaciones de las clínicas abortivas.

¿Hay nervios en el PSOE? No especialmente. La opinión mayoritaria es que este episodio acabará en reconciliación. En realidad, la prisa para esta amnistía la tienen los independentistas. Los socialistas argumentan que ellos pueden tirar millas estos meses con los Presupuestos de 2023 prorrogados, y en eso llevan razón. Y agitar el espantajo de unas elecciones generales tampoco les viene mal, porque ello hace que el resto de los socios aumente la presión sobre Puigdemont.

Se lo ha recordado estos días al expresidente catalán el PNV, partido con el que Junts que tiene una alianza estratégica en el Congreso en esta legislatura. «Si cae el Gobierno, la mayoría que se pudiera vislumbrar es una del PP con Vox, que no interesa a nadie de los que promocionan y apoyan este proyecto», en palabras del diputado Mikel Legarda. Así que la sangre no llegará al río.