Investigación
Sánchez, obligado a desvelar los acompañantes y los gastos de sus 88 días de vacaciones en palacios
El líder del PSOE recibe un varapalo legal que le fuerza a revelar quiénes le acompañan en sus temporadas de ocio y cuánto dinero le cuesta todo ello al contribuyente
Pedro Sánchez deberá hacer pública la identidad de las personas que le han acompañado en sus múltiples periodos de vacaciones en palacios del Estado, así de como el coste que todo ello ha tenido para el contribuyente.
Con una resolución histórica del Consejo de Transparencia a la que ha accedido El Debate, se rompe la opacidad que el líder socialista ha mantenido durante años con una táctica ahora definitivamente derrotada: se sirve de recursos públicos para cuestiones personales apelando a su condición de presidente del Gobierno las 24 horas del día pero, a la vez, apela a su vida privada para no dar detalle alguno del formidable gasto que todo ello tiene.
En concreto, Sánchez deberá dar pelos y señales a este periódico de cómo disfrutó de al menos 88 días de vacaciones, en trece periodos distintos desde agosto de 2020 hasta abril de 2023, en dos palacios distintos y una quinta, todo ello de titularidad pública.
Se trata de Las Marismillas, en Doñana; La Mareta, en Lanzarote, y Quintos de Mora, en Toledo, donde Sánchez ha pasado largas temporadas, ampliadas también al pasado verano y las últimas Navidades, en todos los casos con una agenda estrictamente privada salvo ocasiones actos institucionales.
Se da la circunstancia de que, para utilizar ese patrimonio sin dar cuentas durante años, el Estado llegó a dedicar dinero de los Fondos Europeos en la adaptación de Las Marismillas al gusto de Sánchez, tal y como reveló este periódico.
Y también llama la atención la afición por un palacio en Canarias regalado originalmente por el Rey de Jordania a Su Majestad Juan Carlos I, que incluso vio morir allí a su madre, doña María de las Mercedes, el 2 de enero del año 2000.
Sánchez usa recursos públicos alegando que siempre es el presidente, pero esconde el coste, hasta hoy, apelando a su vida privada
El Debate desmonta de nuevo la opacidad de la Moncloa. El Consejo de Transparencia (CTBG), en su reciente resolución 0074/2024, fechada el pasado 23 de enero y que obra en exclusiva en poder de este periódico, ha vuelto a dar la razón a este medio después de que Sánchez se negase a facilitar la relación de gastos de sus estancias tales como manutención, alimentación, catering y limpieza que acarrean sus vacaciones en las diferentes fincas o palacios propiedad del Estado así como quienes le acompañan en sus días de asueto.
La Moncloa ha tratado de excusas de todo tipo, no solo incompatibles con la Ley de Transparencia sino también con el Código Ético del PSOE, impulsado paradójicamente por el propio Sánchez.
Unas son de carácter contable, como por ejemplo la supuesta complejidad de tener que hablar con los proveedores para aclarar todas las facturas abonadas o la adquisición de suministros en destino o en origen. Otras se hallan relacionadas con el período de tiempo investigado por este medio, que, para Presidencia, al tratarse de cuatro años, «paralizaría el normal funcionamiento» de la Moncloa, según consta en un insólito documento de Presidencia del pasado 4 de diciembre.
Los únicos datos facilitados a regañadientes por la Moncloa confirman, en un listado frío y sin detalles, el número de días disfrutados y los destinos elegidos por Sánchez, omitiendo el coste y las compañías asociadas a sus largas vacaciones.
Sin embargo, ahora el CTBG, en su resolución 0079/2024 de este 23 de enero, ha desestimado las excusas de la Moncloa, demostrando la desidia y la falta de transparencia a la hora de informar a la ciudadanía acerca del uso de Sánchez de los recursos públicos.
La máxima Autoridad Independiente Administrativa de la Administración, responsable de velar por el derecho de acceso a la información pública y la transparencia de los poderes públicos, ha enmendado por completo este argumento recordando a Presidencia del Gobierno que no se trata de analizar los gastos de cuatro años enteros, sino que «se trata de información referida a trece estancias que han tenido lugar en, únicamente, 4 destinos», por lo que la deja sin efecto el recurso del Gobierno, para quien esta información económica se halla dispersa o diseminada.
Nada de «complejidad»
El fallo del CTBG es contundente: la tarea para la Moncloa debe ser considerada «básica o general», lejos de complejidad alguna. Junto a ello, el CTBG también se ha pronunciado acerca de la negativa a facilitar el listado de los acompañantes de Sánchez en estas estancias, indicando que la
La Moncloa no dado ningún argumento para obviar la información relativa a los acompañantes del presidente del Gobierno en las estancias en los citados inmuebles.
Por ello, considera que «en aplicación de la reiterada doctrina de este Consejo y de los pronunciamientos judiciales sobre la materia, se deberá facilitar la relación solicitada a excepción de los integrantes de los servicios de seguridad».
De esta forma y una vez que ya se conoce que a Sánchez le gusta veranear en el lujoso Palacio de La Mareta de Lanzarote, escaparse a Las Marismillas y celebrar las navidades en la finca toledana de Quintos de Mora, ahora es el turno de saber cuánto cuestan a los españoles las lujosas vacaciones del presidente.
Los «caprichos» de Sánchez
El uso de recursos públicos y el secretismo posterior persigue a Sánchez prácticamente desde el inicio de su primer mandato, con aquel episodio del verano de 2018 que le asoció definitivamente al Falcon.
Entonces lo utilizó para ir con su esposa, Begoña Gómez, a un concierto en Castellón del grupo The Killers, precedido por un encuentro institucional metido con calzador para tratar de justificar, probablemente, el despliegue del costoso avión mantenido con presupuestos públicos.
Ese episodio iniciático se ha mantenido durante seis años, con ya incontables episodios de viajes, aviones, coches, helicópteros y palacios en los que parece confundirse el uso institucional con el privado o el partidista, siempre rematado con un rechazo profundo a dar las explicaciones que Sánchez exigía antes de llegar a la Moncloa y se comprometía a cumplir.