Sánchez reanuda la subasta y ofrece a Junts impedir que los jueces puedan prorrogar instrucciones

Pedro Sánchez ha inaugurado públicamente la nueva subasta para convencer a Junts de que apruebe la ley de amnistía. Esta ley de amnistía, tal y como salió de la Comisión de Justicia hace dos semanas, que es lo que pretenden los socialistas.

En una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno se ha abierto a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que los jueces puedan prorrogar las instrucciones, como contraprestación. Lo que, en la práctica, ataría de pies y manos al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que el pasado lunes prorrogó seis meses más la instrucción del caso Tsunami Democràtic.

Esa reforma sería, según Sánchez, uno de los elementos que «pueden subsanar algunas dudas» de Junts sobre la cobertura que tendrá la amnistía. El presidente no lo ha planteado como una cesión, porque «no es una cuestión de quién cede o no», según él. Sino como una reforma «que se encardina en la eficiencia de la Justicia».

La posibilidad de esa reforma fue adelantada el sábado por La Vanguardia, uno de los diarios más cercanos a Sánchez hoy por hoy. Consistiría en modificar el artículo 324 de la Lecrim para despojar a los jueces de la potestad para prorrogar una investigación más allá de los 12 meses motu proprio. Solo podrían hacerlo si lo pide la Fiscalía, que depende orgánicamente del Gobierno, como dejó muy claro Sánchez en aquella recordada entrevista en RNE.

Su oferta coincide con la polémica suscitada por la retractación del fiscal del Tribunal Supremo, que primero elaboró un informe apreciando delitos de terrorismo para juzgar a Carles Puigdemont y después lo cambió. Entre medias tuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

También este lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado recurso de apelación contra la decisión de García-Castellón de prorrogar seis más la investigación sobre los homenajes a etarras, en la que está implicada Sortu, el partido mayoritario dentro de la coalición Bildu, socia de legislatura del Gobierno.

El presidente no ha descartado de plano la posibilidad de cambiar el catálogo de delitos de terrorismo incluidos en el Código Penal, que es otra de las opciones que barajan socialistas e independentistas. Pero sí ha afirmado que hay «muchas elucubraciones» y que «no está en el ánimo del Gobierno». «El independentismo no es equiparable al terrorismo», ha insistido.

Sánchez se ha mostrado convencido de que la ley de amnistía será aprobada, sin ningún género de duda. «Creemos que es un buen texto. Ahora bien, entre todas las formaciones tendremos que encontrar una solución», ha sostenido. «Vamos a negociar en los próximos días. Vamos a hablar con los grupos parlamentarios para ver qué márgenes tenemos. La norma va a salir adelante y va a ser 100 % constitucional», ha remachado.

De momento, el PSOE no tiene prisa hasta después de las elecciones gallegas del 18 de febrero. Este martes la Mesa del Congreso devolverá formalmente la proposición de ley orgánica de amnistía a la Comisión de Justicia para que ésta apruebe un nuevo dictamen en 15 días, aunque los pueden estirar hasta principios de marzo.