El Gobierno activa a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para proteger la amnistía frente a los jueces

El Gobierno ha activado a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado para combatir las actuaciones de los jueces que están poniendo en jaque la futura ley de amnistía. Especialmente de Manuel García-Castellón, pero no solo.

Fiscales y abogados del Estado están actuando a favor de obra en las causas que el independentismo tiene en carne viva en los juzgados. Sobre todo en las de Tsunami Democràtic, los CDR y el caso Voloh, la llamada trama rusa de procés. En paralelo, en el redactado de la ley el PSOE da poderes al Ministerio Fiscal para que pueda reclamar de oficio la aplicación de la futura amnistía a un caso concreto si algún juez se resiste.

El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, se vio obligado este lunes a desmentir públicamente que el fiscal general del Estado le presionara para exonerar a Carles Puigdemont de un presunto delito de terrorismo. Ello horas después de que trascendiera que Redondo cambió de parecer tras mantener una reunión con su superior, Álvaro García Ortiz. Según el fiscal del Supremo, García Ortiz no le dio «ni siquiera una mínima sugerencia». Aunque el PP pidió ayer la comparecencia de este último en el Congreso para hacer las pertinentes «aclaraciones».

Lo cierto es que los hechos van completando una línea de puntos. Días antes, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo había recriminado a García-Castellón que los indicios reunidos contra Puigdemont son «insuficientes». Además, había insistido en que en la causa de Tsunami no existe rastro de terrorismo al no haber detrás una «organización o grupo criminal».

La Abogacía del Estado pidió personarse en esa misma causa en enero, como parte perjudicada por los 362.000 euros que tuvo que pagar el Consorcio de Compensación de Seguros a Aena por los daños en el aeropuerto del Prat en octubre de 2019. Con ello, la Abogacía del Estado se aseguraba la información directa y de primera mano.

Curiosamente, el fiscal Carballo había solicitado en noviembre entre 8 y 27 años de cárcel para los 12 independentistas de la causa de los CDR, acusados de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos en grado de tentativa. Para entonces, los 12 encausados ya se sabían amnistiados antes de ser juzgados, ante la imposibilidad de que hubiera sentencia firme antes de que la norma entrara en vigor (en el redactado original la sentencia firme era lo que marcaba la línea divisoria en los delitos de terrorismo, y no «los actos que hayan causado de forma manifiesta y con intención directa violaciones graves de derechos humanos», como ahora).

En lo que se refiere a la trama rusa, la Fiscalía Anticorrupción se opuso desde el principio de las investigaciones a las escuchas y los seguimientos a los empresarios señalados por la Guardia Civil. El juez instructor, Joaquín Aguirre, hizo una mención a esos fiscales en su auto de la semana pasada, en el que prorrogó seis meses la investigación y señaló a Puigdemont por presunta traición. Aguirre se felicitó del éxito de los investigadores a pesar del criterio en contra de Anticorrupción, dejó escrito.

En diciembre, el Juzgado de lo Penal número dos de Gerona tomó la inédita decisión de suspender un juicio contra cuatro miembros de los CDR acusados de cortar las vías del AVE en 2018. La defensa lo solicitó ante la futurible aprobación de la ley de amnistía y la Abogacía del Estado se adhirió a la petición (el fiscal se desmarcó en ese caso).

La utilización de la Fiscalía por parte del Gobierno para congraciarse con Junts y eliminar obstáculos judiciales a la ley de amnistía está provocando no pocas tensiones en el Ministerio Público. En diciembre, García Ortiz respaldó a rastras la actuación de los fiscales que han intervenido en todos los procedimientos del procés solo para acallar las críticas. Porque, semanas antes, 19 fiscales del Supremo enviaron una carta al fiscal general reprochándole que permaneciera callado ante las «injuriosas insinuaciones» del independentismo sobre un supuesto lawfare.

A finales de enero, García Ortiz se negó a que el Consejo Fiscal emita un dictamen sobre la ley de amnistía, como le había pedido el presidente del Senado. El fiscal general del Estado le respondió que podría hacerlo, pero que no lo iba a hacer porque ellos están para informar sobre los anteproyectos de ley del Gobierno, no sobre proposiciones de ley de un grupo parlamentario.

Palabra de García Ortiz

«Señorías, en esta sede parlamentaria quiero expresar solemnemente que el fiscal general del Estado es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales, velador y valedor de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico, desde una posición de absoluta imparcialidad (…). Respetaré el principio de separación de poderes, consustancial al Estado de derecho; respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado. No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, la de todos los ciudadanos y ciudadanas, tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad sino también la apariencia de imparcialidad».

Ésta es la solemne declaración de intenciones que García Ortiz realizó en su última comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, el pasado 21 de diciembre. El Gobierno acababa de revalidar al fiscal general del Estado en su cargo en contra del CGPJ, que lo consideró no idóneo, y después de que el Tribunal Supremo determinara que incurrió en «desviación de poder» al ascender a Dolores Delgado.