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Fernando Galindo, secretario general del Congreso y letrado mayor

¿Qué tiene que ocultar?

El PSOE protege al letrado mayor del Congreso e impide que se reúna con la Comisión de Venecia

Los miembros del órgano consultivo del Consejo de Europa que esta semana visitarán España para estudiar la ley de amnistía habían solicitado un encuentro con Fernando Galindo. No será posible

Francina Armengol ha evitado que el secretario general del Congreso y letrado mayor, Fernando Galindo, se entreviste con los representantes de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa que este jueves y viernes estará en España para interesarse por la ley de amnistía.

La Comisión había solicitado una reunión con Galindo, puesto que él fue el responsable del informe favorable que sirvió a la Mesa del Congreso para admitir a trámite la proposición de ley orgánica de amnistía en noviembre. En sus páginas escribió que la norma no entraba en «evidente y palmaria contrariedad» con el artículo 62 de la Constitución, el que prohíbe los indultos generales, y que por tanto no había razón para no tramitarla.

La petición de la Comisión de Venecia fue estudiada en la reunión de la Mesa del Congreso de este martes. Durante su transcurso, Galindo tomó la palabra para decir que él consideraba que no debía reunirse con la delegación visitante. Lo justificó en que es un funcionario y que no debe entrar en valoraciones políticas, según fuentes de la Mesa consultadas por El Debate.

No obstante, Galindo añadió que dejaba la decisión en manos del órgano de gobierno de la Cámara Baja. Armengol decidió someterlo a votación, sabiendo de antemano que entre el PSOE y Sumar evitarían al letrado mayor el trago. Y así fue. Solo el PP votó a favor de que éste se reuniera con la Comisión de Venecia, puesto que los populares consideran que su papel fue clave: aquel informe favorable fue el que permitió el inicio de la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Baja.

Sus miembros estarán dos días en Madrid y se verán con los representantes de los principales grupos parlamentarios. Será la Comisión de Justicia, que preside el socialista Francisco Ayala, la que se encargue de ordenar la agenda.