Puigdemont transmitió su disposición a hablar con Putin al agente ruso que le propuso ponerles en contacto

El expresidente catalán Carles Puigdemont respondió afirmativamente a la propuesta que le hizo el agente ruso Nikolay Sadovnikov de hablar con el presidente ruso Vladímir Putin. En concreto, afirmó: «Que me llame quien quiera». La oferta se llevó a cabo justo después de que saliera adelante la declaración unilateral de independencia de 2017. El Debate continúa desvelando detalles inéditos de la reunión entre Puigdemont y los emisarios rusos. Precisamente, las revelación de las novedades de la injerencia rusa en España, que se investiga en el caso Voloh, motivaron la semana pasada la caída de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.

Justo después de que Puigdemont hiciera efectiva la declaración de la República Catalana como un «Estado independiente, soberano, de derecho, democrátivo y social», el emisario ruso Sadovnikov propuso al expresidente catalán mantener una conversación telefónica con Putin. En concreto, a través de una videollamada. Ante la propuesta, Puigdemont trasladó su aprobación, aunque no hay constancia de que llegaran a tener ningún tipo de contacto. Tal y como sostiene un testigo clave de Voloh, sus palabras exactas tras la propuesta fueron: «Que me llame quien quiera. No me voy a mover del Palacio de la Generalitat. Todo el mundo sabe dónde estoy. Igual que hablo con Rajoy hablo con quien quiera hablar conmigo».

El objetivo de esta comunicación era que se reconociera a Cataluña como un Estado independiente a nivel internacional, extremo que nunca llegó a ocurrir. En la reunión que mantuvo Puigdemont con los emisarios rusos el 26 de septiembre de 2017 se mencionó que uno de los asesores del expresidente tanteó a un alto cargo del Gobierno de Israel para que se llevara a cabo ese reconocimiento, pero los hebreos se negaron. Rusia, en cambio, siempre según el testigo clave, sí estaba en condiciones de hacerlo.

En ese encuentro estuvieron presentes Puigdemont, el empresario Jordi Sardà Bonvehí y los agentes Nikolay Sadovnikov y Sergéi Motin, entre otras personas. «Nos interesa tener un ancla», aseguró uno de los emisarios rusos en el encuentro sobre el objetivo de establecerse en un país europeo. Esta reunión se mantuvo mayoritariamente en italiano, puesto que tanto Puigdemont como el emisario Sadovnikov hablan esta lengua. También se habló en catalán. Cuando esto ocurría era el empresario Sardà Bonvehí quien traducía desde esa lengua al ruso.

La condición que ponían los agentes rusos para dar apoyo financiero y militar a la independencia catalana fue la creación de un criptobanco digital en Cataluña. La injerencia de Rusia en España a través de los líderes independentistas se investiga desde 2019 por el magistrado Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Precisamente, la semana pasada, Aguirre dictó un auto donde afirmaba apreciar en Puigdemont indicios de un delito de traición. Esta resolución judicial coincidió con el día anterior en el que se votaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía. Una coincidencia fruto sólo de la caducidad de la fecha de la instrucción.

Al día siguiente la Ley de Amnistía no salió adelante. Junts la tumbó alegando que «no se incluían los delitos de traición y terrorismo». Casualmente, se trata de los dos delitos por los que en la actualidad se están investigando a numerosos líderes independentistas. El delito de traición es el que aprecia el magistrado Aguirre en la trama rusa infiltrada en el referéndum ilegal del 1-O. Por otro lado, el delito de terrorismo es el que el juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, aprecia en Tsunami Democràtic, el brazo callejero del independentismo.

Estos grupúsculos radicales causaron cientos de desperfectos en ciudades catalanas como Barcelona. Destrozos en vías urbanas, saqueos de tiendas de lujo, vandalización de cajas de ahorro a pie de calle, cortes abruptos de carreteras de acceso a la ciudad, etc. Entre estas acciones también destacó el caos que generaron en el Aeropuerto del Prat, por el que acabó muriendo un turista francés al que le dio un infarto.

La caída de la Ley de Amnistía en el Congreso coincide con los señalamientos a los jueces García Castellón y Aguirre por parte de dirigentes de Junts, ERC e incluso del PSOE. Precisamente, Esther Peña, portavoz de la Ejecutiva Federal de los socialistas se refirió al auto de Aguirre como «lawfare» y asegurando que el auto en el que dictaba prorrogar medio año más la investigación de las conexiones entre la trama rusa y los líderes independentistas «tiene un objetivo claro». «Podremos dar una opinión una vez que se hayan pronunciado los actores influidos», dijo en varias ocasiones.