Varias señales apuntan a que la Comisión de Venecia no respaldará la amnistía de Sánchez

Los siete juristas enviados por la Comisión de Venecia para analizar la ley de amnistía terminaron este viernes su misión en España después de dos días de reuniones, entrevistas e ingente documentación. Ahora queda esperar al dictamen que aprobarán en el plenario que celebrarán los días 15 y 16 de marzo en la ciudad italiana, pero en el PP son optimistas. Creen que, cuanto menos, la delegación encabezada por el holandés Martin Kujier ha visto con sus propios ojos hasta qué punto esta amnistía ha provocado una enorme contestación política, judicial y social. Y no es una apreciación baladí, puesto que si por algo se caracterizan los informes de este órgano consultivo del Consejo de Europa es por su apelación a los grandes consensos cuando lo que está en juego es el Estado de Derecho; que ésa es precisamente su función, custodiarlo.

Las expectativas de la oposición en torno al veredicto de la Comisión de Venecia son muchas y los recelos del PSOE no son menos. Aunque, probablemente, el documento de conclusiones se quede en un punto intermedio.

«La Comisión de Venecia no se pronunciará sobre la constitucionalidad de la ley, ni sobre su oportunidad política, pero sí lo hará sobre la posible vulneración de los principios del Estado de Derecho: legalidad, prohibición de la arbitrariedad, no discriminación e igualdad ante la ley», augura la profesora titular de Derecho de la Unión Europea de la Universidad CEU San Pablo Belén Becerril Atienza. «La proposición de ley vulnera los estándares europeos, que la Comisión de Venecia ha contribuido a definir a lo largo de los años y que se recogen en su informe de 2016. Hay elementos muy problemáticos, que creo que el dictamen pondrá de manifiesto», añade.

El Debate ha hablado también con un jurista español que en el pasado participó en varios informes de la Comisión de Venecia: «Seguramente sea un dictamen comedido, pero entre líneas se pueden decir muchas cosas. Y es de prever que pongan por escrito que han constatado gran división sobre esta amnistía», vaticina.

División, toda. No hay más que ver la diversidad de voces que los miembros de la delegación escucharon en su reunión con los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso; desde el PSOE a Vox, pasando por el PP, Junts, ERC y Bildu. A la salida, uno de los diputados intervinientes reconocía: «Más que intervenir, cada uno hemos soltado nuestro mitin».

El precedente de Georgia

Ésta es la segunda vez en su historia que la Comisión de Venecia analiza una amnistía. La anterior fue la que el Gobierno de Georgia concedió en 2013 a los que previamente su Parlamento había declarado presos políticos. De hecho, el legislativo georgiano llegó a aprobar una lista con nombres, apellidos y hasta fechas de nacimiento de todos los beneficiarios.

El contexto era muy distinto. Georgia había experimentado un gran giro político: la izquierda barrió al Gobierno de derechas en las elecciones presidenciales de ese año, con más del 62 % de los votos. Y el nuevo Ejecutivo se propuso sacar a todos los suyos de la cárcel, simplificando mucho. En España no ha habido un cambio de Gobierno, sino que lo han cambiado son las necesidades de ese Gobierno. Los famosos siete votos de Junts.

En el caso de Georgia, el órgano consultivo del Consejo de Europa fue rotundo. Concluyó que la amnistía era contraria al Estado de Derecho, al principio de igualdad ante la ley y a la separación de poderes, en tanto que el Parlamento había usurpado las funciones del poder judicial, al designar a los sujetos amnistiables uno por uno.

En España, la ley de amnistía no pone nombres a los beneficiarios, pero se le va acercando. «A medida que la norma está introduciendo enmiendas con las que se va adaptando a personas concretas -en alusión a Carles Puigdemont- puede ser un problema para la Comisión de Venecia», opina este exmiembro español de la misma.

En España, la amnistía no pone nombres como en el caso de Georgia, pero se le va acercando

Los criterios de verificación del Estado de Derecho que la Comisión de Venecia aprobó en 2016 se engloban en los siguientes parámetros: legalidad; certeza jurídica; prevención del abuso del poder; igualdad ante la ley y no discriminación; acceso a la justicia.

Durante su ronda de reuniones, los cuatro hombres y tres mujeres de la Comisión de Venecia pusieron mucho énfasis en dos cuestiones, a decir de varios de sus interlocutores. Primero, en saber por qué el PSOE eligió la fórmula de la proposición de ley de su grupo parlamentario y no la de proyecto de ley del Consejo de Ministros, eludiendo así a los órganos consultivos y los controles. Ello tiene que ver con el primero de los parámetros que analizan los juristas de este órgano, el de legalidad. Han querido conocer cómo ha discurrido el procedimiento legislativo: si ha sido transparente, inclusivo y participativo. Es evidente que la proposición de ley orgánica que el PSOE registró en noviembre dista mucho de ser cualquiera de las tres.

Segundo, en las acusaciones de lawfare a los jueces españoles, que no figuran en el texto de la norma, pero sí en los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts. Porque para la Comisión de Venecia, una Justicia independiente e imparcial es la clave de bóveda de cualquier democracia.

En poco más de un mes, sus miembros sacarán de dudas tanto al Gobierno y a sus socios como a la oposición. El dictamen, el primero de un organismo internacional, llegará en plena tramitación de la ley. Para el PP y Vox, como agua de mayo en marzo.