El cese de la jefa del gabinete jurídico de la Generalitat confirma la pugna entre ERC y Junts por controlar a los letrados

El Gobierno de Cataluña destituyó el pasado 23 de enero, «a propuesta de la consejera de Presidencia», a la que hasta entonces era la jefa del gabinete jurídico de la Generalitat, Mercè Corretja, y no por «razones profesionales», según confirman fuentes del cuerpo de letrados autonómicos consultadas por El Debate. La versión oficial, sobre las razones del Decreto 20/2024, una presunta «pérdida de confianza» que, en realidad, habría respondido a una suerte de «represalia» por el enfrentamiento enquistado en el tiempo entra la jurista y el secretario del Govern de ERC, Xavier Bernadí, «a causa de la amnistía», apuntan las mismas fuentes.

Corretja, sin embargo, no salía sola del gabinete legal sino que apenas un par de semanas después de su cese, el día 6 de febrero, el Ejecutivo regional también apartaba de su puesto, y también vía decreto, a un segundo cargo muy próximo a ella: la directora general de derechos y asuntos constitucionales, Maria Àngels Arróniz. El registro de la norma para el borrado penal del procés en el Congreso de los Diputados, el pasado 14 de diciembre, y el interés de las dos formaciones separatistas catalanas, Junts y Esquerra (ERC) por capitalizar la iniciativa socialista, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez como presidente, dinamitaba las cosas.

Y es que, en el relato independentista, el control de los servicios jurídicos de la Generalitat ante una eventual redacción de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios de ambas, en clave nacional, resultaba vital, aunque finalmente su aprobación se haya visto frustrada por el 'no' de Junts a la norma, pese a que el texto había sido impuesto por la formación a Sánchez.

Por una parte, los de Carles Puigdemont ponían todo su esfuerzo en construir una amnistía a la carta de la situación procesal de su líder, fugado en Waterloo, y cercado en la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo en el marco de la causa Tsunami Decmoràtic. Por la otra, los de Oriol Junqueras, con Xavier Bernadí en cabeza, trataban de poner en valor sus propias objeciones a la proposición de ley desde la perspectiva de los intereses de la Generalitat que pasa por beneficiar al mayor número de cargos y altos cargos políticos de su partido. La estrategia fue hacerlo de acuerdo con una petición expresa de informe a la responsable jurídica 'purgada', Mercè Corretja, que inicialmente se habría negado, de acuerdo con la información avanzada, este mismo martes, por el diario catalán ARA.

Desde el entorno de la Presidencia de ERC en el Ejecutivo catalán de Pere Aragonés, tratan de defender las dos destituciones bajo el argumento de que sus puestos respondían a nombramientos de «confianza» –es decir, aquellos que pueden ser cambiados sin necesidad alguna de motivarlo–. En Junts apuntan a que sus rivales en la carrera por la amnistía tratan de conformar un gabinete jurídico a su medida para controlar cualquier tipo de pronunciamiento o actuación sobre el encaje jurídico de la norma y sus enmiendas que les favorezca en exclusiva.

Un escenario en el que tendrían ventaja los republicanos por cuanto la gestión de los recursos de la Generalitat, con los de Puigdemont fuera del pacto de gobernabilidad, están sólo a su alcance. Cabe recordar que los de ERC tienen a dos diputados, prófugos en Suiza, Marta Rovira y Rubén Wagensberg y no quieren perder el liderazgo de unas negociaciones con el PSOE que, hasta la fecha, han polarizado sus competidores directos.