Los cuatro ponentes del debate y la periodista María Jamardo
Acto de El Debate y NEOS
Juristas alertan sobre las amenazas que se ciernen sobre el poder judicial: «La amnistía es inmoral»
En el coloquio, moderado por la periodista María Jamardo, participaron José María Macías, Teresa Freixes, Juan Pablo González y Luisa María Gómez. Francisco Sosa Wagner leyó el manifiesto por la defensa de la independencia judicial
La Justicia está hoy en el punto de mira, no solo de quienes tradicionalmente han querido poner fin al Régimen del 78 que trajo consigo y consolidó la democracia en España, sino también de aquellos de los que se presuponía que debían mantener ese sistema, el partido que hoy preside el Gobierno. Lo está porque es uno de los pilares sobre los que se asienta un Estado de derecho y porque es, junto a la Corona, el baluarte de la permanencia de nuestro orden constitucional.
Bajo el título 'Contra el asalto a la Justicia', El Debate y NEOS organizaron este jueves en el Hotel Intercontinental, en Madrid, un coloquio para analizar de la mano de juristas de reconocido prestigio la situación del Poder Judicial en España y la ley de amnistía, en un contexto en el que se asiste en nuestro país a un acoso a los jueces y magistrados.
Asistentes al acto de El Debate y NEOS
Moderado por María Jamardo, responsable de Tribunales de este periódico, en el debate participaron José María Macías, vocal del CGPJ; Teresa Freixes, catedrática en Derecho y miembro del Foro de Profesores; Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y Luisa María Gómez, presidenta de la Sala de lo Social del TSJCLM y doctora en Filosofía del Derecho.
Lo inauguró Francisco Sosa Wagner, catedrático y exparlamentario en el Parlamento Europeo, que leyó el manifiesto, impulsado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, en defensa de la independencia de uno de los tres poderes del Estado y contra el asalto a la Justicia. Un manifiesto que ha sido respaldado por numerosas asociaciones de la sociedad civil. En él, entre otras cosas se exige el «respeto absoluto» a la separación de poderes, y se subraya que el asalto a la Justicia no puede ser tolerado en una sociedad democrática.
Francisco Sosa Wagner lee el manifiesto por la independencia judicial
Los cuatro ponentes coincidieron en señalar que en España se asiste a un ataque al Poder Judicial. Para Juan Pablo González, que remarcó que este «ha sido y sigue siendo absolutamente independientemente», este ataque «sin precedentes» se enmarca dentro de un proceso más amplio, el de la «regresión democrática». Y el Poder Judicial y la Corona son atacados porque son «los mayores obstáculos para conseguir los objetivos totalitarios». Actitudes como el «abuso» de los decretos legislativos por parte del Gobierno o la deslegitimación de las instituciones están poniendo en peligro una democracia «seriamente amenazada».
En este sentido, Teresa Freixes apuntó un concepto que viene señalando la Unión Europea, el de «incumplimientos sistémicos», como pueden ser el mencionado abuso del decreto ley, pero también el hecho de que se presente como proposición de ley lo que en realidad es un proyecto de ley, como es el caso de la amnistía, para eludir la obligación de informes de órganos consultivos, o el cierre del Congreso hasta que no se resolviera la investidura. «El Poder Judicial es el guardián del Estado de derecho en todo el mundo civilizado», afirmó Freixes, de ahí el empeño de determinados grupos en atacarlo.
Un momento del coloquio de El Debate y NEOS
«Estamos en una operación perfectamente diseñada de largo recorrido», sostuvo Luisa María Gómez, que hizo referencia a técnicas habitualmente empleadas contra un poder democrático como es el judicial, tales como el señalamiento de la autoridad judicial -que es «la que sustenta la aplicación recta del Derecho»-, y que llevan, por tanto, a un descrédito de las instituciones. Como trasladó, es lógico que partidos antisistema quieran debilitar el sistema constitucional, por ello son antisistema, pero no lo es que se abonen a ello partidos «sistémicos» que deberían sustentar el consenso constitucional.
En esa misma línea, José María Macías alertó de que «estamos viviendo un proceso deconstituyente», impulsado por parte de fuerzas extremistas e independentistas contrarias al Pacto del 78 pero al que también parece haberse sumado un partido de Estado, y el poder judicial es «objetivo de ataque» porque es «un incordio» para llevar a cabo ese proceso. También aludió a ese «incumplimiento sistémico» sobre el que ha llamado la atención Europa en los últimos tiempos.
Luisa María Gómez, durante el acto de NEOS
Además, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Macías defendió que la renovación del máximo órgano de los jueces tendría que producirse por un sistema que se adecúe a los estándares europeos. Algo que, como señaló Freixes, también ha venido a pedir el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Para la catedrática de Derecho, habría que renovar el CGPJ y reformar de forma simultánea el sistema de elección teniendo en cuenta criterios europeos.
La amnistía, inconstitucional
Los ponentes denunciaron que la ley de amnistía presentada por el PSOE como pago a los separatistas catalanes por su apoyo no cabe en la Constitución. «Es peor que inconstitucional; es inmoral», aseveró Macías. Por su parte, la magistrada Gómez subrayó que la amnistía cabe en casos «absolutamente tasados», muy excepcionales, pero no la que han registrado los socialistas para beneficiar a los encausados por el procés.
Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS, clausura el coloquio
Para Freixes esta amnistía no es constitucional «en absoluto», y es una ley «pensada para unas personas muy determinadas» y para amnistiar «unos delitos muy determinados». A los que se juzgó, a quienes hoy los socialistas pretenden conceder esta medida de gracia para que Pedro Sánchez continúe como presidente del Gobierno, no se les ha juzgado por ser catalanes ni independentistas, es decir, no por sus ideas, sino por haber cometido unos delitos, y, por lo tanto, como recordó la catedrática, si hubo delitos, hubo víctimas, y esta ley « es una burla» a estas últimas.
El magistrado González criticó que aquellos que ahora manifiestan que es una ley de «constitucionalidad impecable» antes del 23 de julio decían exactamente lo contrario, en alusión a las declaraciones de ministros y dirigentes del PSOE que antes de las generales aseguraban con vehemencia que no cabía la amnistía en la Carta Magna. «En España y en Europa saben cuál es el motivo de esta ley», subrayó.
En lo que puso también el foco González fue precisamente en el papel que puede desempeñar la Unión Europea, y apuntó que de hecho lo que pueda decir Bruselas sobre esta cuestión es lo que más preocupa al Ejecutivo de Sánchez, y de ahí la trascendencia que tiene la visita de los siete juristas enviados a España por la Comisión de Venecia. Remarcó el magistrado que la UE sí tiene unas «líneas rojas» en cuestiones como los delitos de terrorismo o de alta traición.
El primer examen internacional
Varias señales apuntan a que la Comisión de Venecia no respaldará la amnistía de Sánchez
Clausuró el coloquio el director general de NEOS, Javier Martínez-Fresneda, que recalcó que la Justicia no es solo un poder del Estado, sino que constituye «un bien de primera necesidad social», una justicia independiente y garante de la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que que, ante la «agenda de asalto a la Justicia» en España, llamó a defender.
Manifiesto por la independencia del poder judicial y contra el asalto a la Justicia
Nos dirigimos a la sociedad española para expresar nuestra profunda preocupación y convocarla para exigir el respeto absoluto a la separación de poderes, piedra angular de nuestro Estado de derecho y expresar nuestro rechazo categórico a cualquier intento de contaminación, intervención y desprestigio de la Justicia en España.
Los ciudadanos españoles no pueden permitir que el poder político socave la independencia del Poder Judicial mediante la colocación de jueces afines, de los que se espera resuelvan en un sentido favorable a los intereses o ideología de quien los designa para consolidar su hegemonía ideológica, generando una grave amenaza a la división de poderes y a la credibilidad de la administración de justicia. Igualmente, el creciente descrédito de la función jurisdiccional de los Jueces y Tribunales a través de las opiniones vertidas por algunos ministros y diputados de diversas formaciones políticas conduce a dinamitar el modelo constitucional, situando a los jueces como un blanco político sin posibilidad de reacción ni defensa.
Afirmamos que la independencia judicial, tal y como se establece en al artículo 117.1 de la Constitución, es esencial para la vigencia de nuestro sistema de libertades y el asalto a la justicia no puede ser tolerado en una sociedad democrática consciente del valor de sus instituciones.
Por todo lo expuesto, los firmantes de este MANIFIESTO:
- 1. Exigimos que, previo a cualquier acuerdo de nuevos nombramientos o renovaciones del CGPJ, se modifique la LOPJ a fin de dar exacto cumplimiento a la Constitución y evitar que los vocales del Consejo General del Poder Judicial («CGPJ») se sigan nombrando por parte del Poder Legislativo atendiendo a cuotas ideológicas. Por el contrario, defendemos una designación respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sin consideraciones políticas partidistas y sin que estén sujetos a interferencias de los poderes legislativo y ejecutivo.
- 2. Denunciamos la intención de algunos partidos políticos de colonizar ideológicamente la Justicia mediante la inclusión de personas afines a través de nombramientos discrecionales de vocales del CGPJ, de magistrados del Tribunal Constitucional, de puestos en la Fiscalía General del Estado y el resto de altos cargos judiciales.
- 3. Denunciamos que el CGPJ es, en la actualidad, rehén del poder político, pues en sus manos está su renovación y las funciones que puede o no ejercer en cada momento. Esta situación ha llegado a su culmen con la aprobación de la LO 4/2021 de 29 de marzo que mantiene limitadas las capacidades del Consejo y que está impidiendo que se cubran numerosas plazas vacantes, afectando a la composición de órganos judiciales y, por tanto, al funcionamiento del sistema judicial y de la administración de justicia en su conjunto.
- 4. Denunciamos la politización del Tribunal Constitucional y la pretensión de convertirlo en un tribunal de casación o directamente legislador, lejos de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.
- 5. Demandamos un compromiso firme, por parte de todos los poderes públicos, con la independencia judicial y que cesen los intentos de manipulación partidista de la actuación jurisdiccional. Los esfuerzos del poder político deben ir dirigidos a la consecución de un Poder Judicial fuerte, imparcial e independiente.
- 6. Convocamos a la sociedad a mantenerse vigilante ante cualquier acción que amenace la independencia de la justicia, en aras de preservar la integridad de nuestro Estado de Derecho.