PP y Vox derogan la ley de Memoria Democrática en Aragón que imponía un «relato ideológico de parte»

Era uno de los puntos del acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Popular y Vox en Aragón el pasado mes de agosto y este jueves se ha materializado en las Cortes, con el apoyo de los dos partidos del Ejecutivo y el PAR, y el rechazo de la oposición. La ley de Memoria Democrática aprobada en la región en 2018 queda derogada, al considerar que esta conlleva una «visión partidista de la Historia» y que, por tanto, puede llegar a «sembrar la división y la confrontación» entre los ciudadanos al imponerse un «relato ideológico de parte».

En la proposición que registraron ambos partidos el pasado noviembre para derogar la polémica norma, subrayan que esta «impone un relato oficial». Y que se recoge la «idealización extrema» de la Segunda República y «la condena de crímenes y atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil», y, en cambio, «la relativización de los cometidos por el otro», así como la «limitación de la definición de víctimas» a aquellos que fueron asesinados y sufrieron represión por una parte pero no por la otra.

«Cualquier pretensión de crear una Historia oficial vulnera» las libertades de pensamiento, conciencia, expresión y cátedra que recoge el artículo 20 de la Constitución, denuncian en el texto. Remarcan así que no corresponde al legislador «construir un relato histórico», sino que todo hecho histórico debe ser «materia de estudio, investigación e interpretación» y se debe permitir que se analice con «plena libertad» el pasado histórico sin consignas ni censuras.

La diputada del PP Ana Marín ha defendido la derogación de la ley y el plan de concordia alternativo que pondrá en marcha el Ejecutivo regional para reconocer a todas las víctimas «sin distinción».

«¿Qué necesidad existía después de 40 años de democracia, una vez asentado el Estado democrático, de romper con los principios de la Transición?», ha señalado, por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, que ha contrapuesto la derogación de esta norma a la «estrategia de confrontación» de la izquierda.