La Fiscalía señala que Koldo García formó una «una organización criminal» para conseguir contratos con el Ministerio de Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia para la venta de mascarillas, en concreto facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión.

Así se desprende de un auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, recogido por Europa Press, que incluye el relato pormenorizado que el Ministerio Público realiza en su querella de la presunta trama, y que da detalles del «notable incremento» del patrimonio de Koldo en los años posteriores a la venta del material quirúrgico.

En concreto, la Fiscalía considera que ese dato «sumamente relevante y revelador» muestra en realidad el papel que «pudo desempeñar en la adjudicación, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos». Cabe recordar que su hermano, Joseba, también fue detenido por la Guardia Civil.

Para Anticorrupción, hay indicios suficientes para concluir que existe «una organización criminal» que se dedicó a «conseguir la adjudicación» de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García «para mediar y conseguir» dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo «operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades».

Así, la Fiscalía apunta que entre 2020 y 2022 Koldo pasó a ser titular de bienes cuyo valor podría alcanzar una cifra total de 1,5 millones de euros. «Estas adquisiciones se producen apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión», añade.

Contratos millonarios

El Ministerio Público detalla que el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio –ADIF– «donde asesoraba al titular» del mismo. «Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes», añade.

«Dentro del total de los trece contratos denunciados, tres de ellos se referían a las adjudicaciones de suministro de material sanitario relacionados con la COVID-19, realizadas a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL», recoge el auto.

En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.

Pero, además, la empresa también se adjudicó contratos con el Servicio Canario de Salud; cuatro, con un valor total de cerca de 12,3 millones de euros; con el de las Islas Baleares, uno, por 3,7 millones de euros; o con la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

En 24 folios, el juez recoge el relato pormenorizado de la Fiscalía Especial, que sostiene que las supuestas irregularidades, según los denunciantes, partirían del hecho de que «la actividad social de la empresa adjudicataria no tiene relación directa con el objeto del contrato, la falta de comprobación de solvencia de la adjudicataria, y una cifra de negocio de 0 en el año 2019 frente a una cifra de negocio de 53,13 millones en el año 2020 por las adjudicaciones».

La Fiscalía destaca que Soluciones de Gestión era propiedad del empresario Íñigo Rotaeche, que este mismo jueves fue puesto en libertad por el juez de la Audiencia Nacional, y también de Luis Presa Medina. La misma, añade, estaba controlada por el grupo Cueto, un conglomerado empresarial al que estaría vinculado otro de los detenidos que pasó a disposición del juez: Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF.

Anticorrupción sostiene que los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión generaron un beneficio económico de 5,5 millones de euros a Aldama y de 9,6 millones de euros a Juan Carlos Cueto, el titular de hecho de la mercantil.

Transferencias a Brasil y Luxemburgo

En la querella, recogida en parte por el juez en su auto, Anticorrupción asegura que «parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión en los contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo García habían sido transferidos a Suro Capital Brasil Paricipacoes LTDA, en una cuenta en Brasil».

Los investigadores sostienen que dichos movimientos de dinero se llevaron a cabo «con el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero».

Fiscalía también señala una transferencia de la sociedad MTM 180 Capital, de la que es titular el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, que habría sido destinada a una sociedad participada por otra que tiene como único accionista una tercera sociedad de Luxemburgo.

En el marco de las pesquisas, Anticorrupción también ha llegado a la conclusión de que «Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, y su exmujer (Ana María Rodríguez) son personas utilizadas para ocultar la titularidad real sobre algunos inmuebles».

Los investigadores han detectado traspasos desde las cuentas de Joseba a las cuentas de Koldo, su mujer y su hija. «Hay que destacar que ha sido receptor en sus cuentas de fondos en efectivo que en el año 2020 alcanzan los 130.652,38 euros, 84.907,61 euros en el año 2021, y 52.125 euros en el año 2022», apuntan.

Según señala la Fiscalía, el hermano de Koldo ha estado «vinculado» a «organismos independientes del Ministerio de Transportes desde el año 2019» tras haber sido contratado por organismos dependientes de dicho Departamento. Para los fiscales, este es un «aspecto que no puede desvincularse de la posición que su hermano Koldo ha tenido en el Ministerio».