La trama de Koldo salpica a un nuevo ministro: Torres adjudicó 12,2 millones a la empresa de las mordidas

La trama de mordidas y comisiones ilegales de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, afecta a un nuevo miembro del Gobierno. Se trata de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Durante su etapa como presidente de las Islas Canarias firmó 11 contratos por un valor total de 12,2 millones de euros en favor de la empresa que sobornó a los miembros de la red a cambio de contratos públicos. Torres se suma a otros integrantes del Ejecutivo salpicados por la ‘operación Delorme’, como Francina Armengol, Fernando Grande-Marlaska o Salvador Illa.

Tal y como figura en la investigación, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Torres fichó por primera vez a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL el 7 de mayo de 2020. El objeto de todos los contratos que se le acabaron otorgando, adjudicados desde el Gobierno de Canarias, era la adquisición de mascarillas. Los importes oscilaban entre los 65.772 euros -el más barato- hasta los 2.805.000 euros -el más caro-. En total, los contratos suman 12.288.000 euros. Los agentes sospechan que fue el propio Ábalos quien intervino para que en Canarias también se contara con su proveedor de confianza.

Las transferencias desde el Gobierno de Canarias hasta la cuenta corriente de Soluciones de Gestión SL se llevaron a cabo entre los meses de agosto y diciembre de 2020, justo el periodo en el que Koldo multiplicó su patrimonio inmobiliario. Fue precisamente esta pista la que permitió a los agentes de la UCO tirar del hilo para averiguar de dónde procedía la abrupta fortuna del asesor de Ábalos. En total, la sombra del exministro adquirió dos pisos en Benidorm (Alicante) y tres fincas de 621 m², 4.436 m² y 10.436 m² en una localidad cercana. Los investigadores cifran en 1,5 millones de euros el total de las operaciones inmobiliarias que llevó a cabo el cabecilla de la trama.

Por su parte, el ministro Torres, tras saltar el escándalo, sostiene que no sabe de dónde pudo llegar la oferta, aunque ha reconocido que pudo llegar a través del Ministerio de Transportes, que en ese momento dirigía José Luis Ábalos, ya que el Ministerio había contratado a esta empresa en otras ocasiones. «Estamos hablando de los primeros momentos de la pandemia en la que nos llegaban propuestas diversas de todos los sectores», ha dicho. Sin embargo, Torres ha negado haber recibido llamadas del exministro: «No he recibido una llamada de Ábalos para que se contratara esta empresa», ha declarado.

Ábalos se niega a dimitir

Otros ministros salpicados por la ‘operación Delorme’ son Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa o Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. De todos ellos, el foco está puesto especialmente en el exministro de Sanidad, que dictó una orden ministerial para incluir a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en un megacontrato de 2.500 millones de euros. El exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso Jiménez Palacios, ha declarado en sede judicial que se le pidió contratar a esta empresa. También explicó que se creó un equipo multidisciplinar de expertos que proponían qué empresas tenían que ser contratadas.

Por el momento, Ábalos se niega a dejar su acta como diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. Este sábado, en una entrevista en televisión afirmó: «Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento». Ábalos sostuvo que no está acusado por nada y que no está implicado en ninguna trama de corrupción, y que en todo caso se le puede reprochar su capacidad política para seleccionar al personal y haber confiado en personas que le decepcionaron. «Si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya me parece tremendo», finalizó.

En paralelo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le muestra la puerta de salida de la vida pública. «Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito del señor Ábalos y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría», concluyó. Desde el PP se lleva pidiendo la dimisión de Ábalos desde que la UCO detuvo a Koldo. De la misma manera, la formación de Alberto Núñez Feijóo está exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros implicados que den explicaciones públicamente.