La trama de Koldo que salpica a varios ministros amasa 130 millones en una offshore de Luxemburgo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que las mordidas de la trama de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, que ya salpica a varios ministros, cuenta con una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo que tiene un activo de más de 130 millones de euros. Por el momento, Ábalos se niega a dejar su acta de diputado en el Congreso e insiste en que no va a dimitir. «Yo no tengo ninguna responsabilidad en esto e irme sería darle un tributo a la estrategia de la derecha», ha asegurado este fin de semana.

Tal y como figura en el sumario de la trama, la red con la que contaba Ábalos se dedicó a sacar de España las comisiones ilegales que obtenía de los contratos públicos de mascarillas. Los dos países que escogieron para camuflar las mordidas fueron Luxemburgo y Brasil. El primero de los países está considerado un paraíso fiscal. Siguiendo el rastro del dinero, los investigadores han descubierto que los integrantes de la trama constituyen justo después de recibir las adjudicaciones públicas la sociedad Stronghold Topco SARL. En concreto, esta sociedad offshore se abrió el 15 de diciembre de 2020.

El Debate ha tenido acceso a las finanzas de la mercantil, donde hay constancia que a los pocos meses de iniciar sus actividades, la sociedad luxemburguesa declaró un activo de 94.084.708 euros. A día de hoy esa cifra ha llegado hasta los 130.882.339 euros. Un crecimiento rápido que coincide con las fechas en que ministerios como el de Sanidad o Transportes pagaron a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. En paralelo, la offshore tiene también una cuenta a parte con ahorros por valor de 7.935.775 euros, notablemente superiores a los que declaró en 2021, que fueron de 3.488.724 euros.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL fueron transferidos a la sociedad MTM 180 Capital SL, propiedad del empresario Víctor de Aldama, detenido junto a Koldo la semana pasada en el marco de la 'operación Delorme' por el pago de mordidas. La UCO cifra este dinero, al que hay que sumarle un préstamo del proveedor de Ábalos, en más de un millón de euros. Concretamente en 1.600.150,50 euros. El destino final de estos emolumentos acabaron en Stronghold Partners SL y a su vez en la sociedad luxemburguesa.

Los investigadores expertos en blanqueo de capitales describen los traspasos societarios llevados a cabo por la trama de Ábalos como «hacer el helicóptero». Se trata de una forma de hacer desaparecer el dinero mediante varias sociedades y el uso de testaferros. Además de Luxemburgo, la red también usó Brasil para blanquear las comisiones. Para ello utilizaron la sociedad Suro Capital Brasil Participacoes LTDA y una cuenta bancaria a nombre de la mercantil en la entidad Banco Itau Bba SA. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el empleo de estos dos países fue para «dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero».

Además de Ábalos, desde que estalló este escándalo de corrupción también se han visto salpicados otros ministros y altos cargos del Gobierno. Uno de ellos ha sido Salvador Illa, extitular de Sanidad y actual líder del PSC. En 2020 incluyó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en un megacontrato sanitario de mascarillas de 2.500 millones de euros. El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en aquel momento, Alfonso Jiménez Palacios, ha declarado ante uno de los juzgados que investiga estas adjudicaciones que recibió una orden ministerial del propio Illa para escoger a esta empresa, hoy en el punto de mira de la UCO y de Anticorrupción.

Otro de los miembros del Gobierno afectados es Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Durante la pandemia era presidente de Canarias y adjudicó 11 contratos por un valor total de 12,2 millones de euros a la empresa de la trama. Torres sostiene ahora que no sabe de dónde pudo llegar la oferta, aunque ha reconocido que pudo tener su origen en una llamada del Ministerio de Transportes, que en ese momento dirigía José Luis Ábalos, ya que «ellos ya habían contratado a esta empresa en otras ocasiones». Ábalos se niega por el momento a dimitir alegando que «yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido».