El PSOE da 24 horas a Ábalos para que dimita con el caso Koldo fuera de control

«Esta decisión la tiene que tomar él, fruto de una reflexión personal, y estoy segura de que hará lo mejor para el PSOE». Así de confiada se mostraba la portavoz del PSOE, Esther Peña, después de anunciar en una comparecencia en Ferraz que la Ejecutiva Federal del partido había acordado por unanimidad pedir a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado.

En realidad, no es una petición, sino un ultimátum: le da 24 horas para hacerlo. Pero, ¿y si no lo hace? El sábado en La Sexta, Ábalos apuntó de forma más o menos velada a la todopoderosa vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero: «Quienes presionan para que dimita llevan a sus espaldas hechos más graves», afirmó crípticamente.

El movimiento de la formación es una respuesta al intento de Ábalos de atrincherarse. En el PSOE no quieren eternizar tan espinoso asunto ni que parezca que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido tiene información para chantajear a Pedro Sánchez, que nunca aclaró los motivos de su destitución en el verano de 2021. De ahí que, este lunes, hayan pasado de enseñarle la puerta a arrastrarle hasta ella.

En las últimas horas, diversos dirigentes del PSOE han hablado con Ábalos para hacerle entrar en razón, pero sin efecto inmediato. Él sigue insistiendo en que es una víctima y en que entregar su cabeza es «hacer un tributo a la derecha».

A mayores, Peña anunció que el grupo parlamentario socialista registrará una comisión de investigación en el Congreso para investigar los contratos de la pandemia, cuatro años después y cuando se han visto asediados por el escándalo. «No somos iguales y ante un posible caso de corrupción damos la cara», señaló la portavoz del PSOE, que otra vez volvió a aludir al «comisionista Ayuso», aludiendo al hermano de la presidenta madrileña.

En la formación confían en que la renuncia de Ábalos sea suficiente cortafuegos, pero no lo tienen fácil. El caso Koldo, caso Ábalos o caso mascarillas se ha convertido en una bomba de racimo para el PSOE. No hay un foco, sino cada vez más: los ministerios de Transportes, Sanidad e Interior, los gobiernos regionales de Canarias y Baleares -entonces presididos por el PSOE- y, por encima de todos, la Presidencia del Gobierno.

El abogado Ramiro Grau, el primer denunciante de la trama, aseguró este lunes que contactó seis veces con La Moncloa para alertar del negocio corrupto de comisiones con las mascarillas, al descubrir que una empresa zaragozana sin ninguna actividad en 2019, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, pasaba a convertirse de la noche a la mañana en proveedora exclusiva del Ministerio de Ábalos. Pero nadie le hizo caso.

Cada información es más grave que la anterior. El Debate publica hoy, en exclusiva, que la trama tiene una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Luxeburgo que llegó a amasar 130 millones de euros.

La presión es para Ábalos, pero no solo. En el punto de mira está la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, que por entonces presidía Baleares. El PP ha exigido la comparecencia inmediata de la presidenta del Congreso para que explique por qué compró a esa empresa mascarillas por valor de 3,7 millones de euros. Y por qué su Gobierno reclamó a la compañía 2,6 millones de vuelta solo cuando el PP estaba a punto de entrar en el Ejecutivo y de abrir los cajones y levantar las alfombras.

También pintan bastos para Salvador Illa, el entonces ministro de Sanidad. El «caso Koldo» y sus ramificaciones puede dejar herida de gravedad su candidatura para las elecciones catalanas, que como muy tarde serán dentro de un año. Illa es la gran esperanza de Sánchez para ganar los comicios al independentismo, dado el gran resultado que obtuvo el PSC en las generales (19 escaños, frente a siete de ERC y siete de Junts).

Este lunes, Vox pidió registró una solicitud de comparecencia del líder del PSC en el Parlament, para que explique «el criterio en la adjudicación de contratos de compra de material sanitario durante la época de la pandemia de la covid». En especial, de ese megacontrato de 2.579 millones para la compra de mascarilla adjudicado por el Ministerio de Sanidad a finales de 2020 y del que, a día de hoy, se desconoce casi todo.