La trama que salpica a Ábalos abrió la 'offshore' en Luxemburgo nada más firmar los contratos con el Gobierno

La trama de mordidas de Koldo García, asesor del exminstro José Luis Ábalos, constituyó la sociedad offshore en Luxemburgo justo después de que el Ministerio de Transportes firmara los contratos con la empresa que pagaba las comisiones ilegales. Según los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la red sacó el dinero hacia un paraíso fiscal mediante el uso de dos testaferros para dificultar su localización. La pista luxemburguesa surgió de una transferencia de 1,6 millones de euros.

Tal y como figura en la documentación notarial de Luxemburgo a la que ha tenido acceso El Debate, la offshore, denominada Stronghold Topco SARL, se abrió el 15 de diciembre de 2020. Una de las personas que gestionó los trámites de apertura fue un ciudadano español nacido en Zaragoza que, a día de hoy, reside en Luxemburgo. Este periódico dispone de la identidad completa de este individuo pero se limita a desvelar tan sólo su existencia para evitar entorpecer la labor operativa de los agentes de la Policía Judicial encargados de seguir el rastro del dinero.

Cuando la offshore se abrió, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, en el epicentro de la trama, ya se habían recibido todos los contratos públicos que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. El primero de ellos se otorgó desde el Ministerio de Transportes y fue autorizado por el propio Ábalos. El contrato se firmó el 21 de marzo de 2020 y el organismo que canalizó el pago, que ascendió a 20 millones de euros, fue Puertos del Estado.

Una semana más tarde, nuevamente desde Transportes, se adjudicó otro contrato a la empresa que pagaba mordidas, según los investigadores. En esta ocasión, el adjudicador fue ADIF, la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias. El importe que se le dio fue 12,5 millones de euros y, a cambio, la compañía entregó varios miles de mascarillas. El 20 de abril, Ábalos nuevamente dio otro contrato a la empresa de la red que acabó sacando el dinero hacia Luxemburgo.

Este tercer pago fue de 3,4 millones de euros. Estas operaciones, sumadas a las contrataciones que el proveedor de confianza de Ábalos firmó con administraciones públicas gobernadas por el PSOE en ese momento, como las Islas Baleares -presidida entonces por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados- y las Islas Canarias -donde fue presidente Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática- hicieron que Soluciones de Gestión pasara de facturar cero euros a más de 53 millones en tan sólo un año.

El sumario de la investigación sostiene que la red que salpica a Ábalos se dedicó a sacar de España las comisiones ilegales que obtenía de los contratos públicos de mascarillas y que el paraíso fiscal de Luxemburgo fue uno de los territorios que utilizaron. La tesis de los investigadores es que el dinero de las comisiones se sacó al extranjero «para dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero». Otro de los países que también uso la trama fue Brasil.

Las finanzas de la mercantil luxemburguesa, reveladas en exclusiva por este periódico, revelan que a los pocos meses de iniciar su actividad empresarial, la compañía declaró un activo de 94.084.708 euros. A día de hoy esa cifra ha llegado hasta los 130.882.339 euros. Un crecimiento rápido que coincide con las fechas en que ministerios como el de Sanidad o Transportes pagaron a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. En paralelo, la offshore tiene también una cuenta a parte con ahorros por valor de 7.935.775 euros, notablemente superiores a los que declaró en 2021, que fueron de 3.488.724 euros.

A raíz de las informaciones de El Debate sobre la rama offshore de la red, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este lunes en una entrevista televisiva. «Está saliendo que no sólo están implicados ministros sino otras administraciones y organismos oficiales y noticias sobre dinero en Brasil y Luxemburgo», ha declarado. En estos momentos, la labor de los investigadores pasa por la identificación de las personas propietarias de los fondos ubicados en el extranjero.