Vox lleva hoy al Pleno su propuesta para cambiar el sistema de elección del CGPJ en plena negociación de PP y PSOE

Vox lleva este martes al Pleno del Congreso su proposición de ley orgánica para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para volver a la ley del año 1980, aunque introduciendo matices, de forma que se garantice la despolitización de la Justicia y la imparcialidad de los jueces. Con su propuesta, Vox pretende reducir «las injerencias políticas en el sistema de nombramientos» del CGPJ. Y es que en su iniciativa legislativa, la formación recuerda que este «tiene la misión fundamental de preservar la independencia del Poder Judicial, presupuesto necesario del equilibrio de poderes del Estado», y esto se pondría en riesgo si sus miembros no son elegidos de forma independiente.

Así, el partido de Santiago Abascal plantea que, de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, doce sean elegidos por jueces y magistrados, como recogía aquella ley. Y que los ochos vocales restantes, como establece la Constitución, sean designados por las Cortes Generales, cuatro, a propuesta del Congreso y cuatro, a la del Senado, «elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».

En aras de garantizar la separación entre justicia y política y buscar la imparcialidad, Vox propone que no puedan ser elegidos quienes en la actualidad o en la legislatura anterior hayan sido miembros de las Cortes, de asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de corporaciones locales o del Parlamento Europeo, ni aquellos que en los cuatro últimos años hayan ido en listas electorales o hayan tenido un cargo en la Administración Pública. Con ello se evitaría que existiese vinculación política y, por tanto, una utilización «con fines partidistas» de este órgano.

En el texto, critica que en los más de 40 años de democracia ha habido hasta cuatro modelos de nombramiento de vocales del CGPJ, de los cuales el que proponía la ley de 1980 ha sido, a su juicio, «el más respetuoso» con el principio de independencia judicial. Todas las reformas que la han seguido, sostiene el partido de Abascal, parten de la premisa de «atribuir un papel predominante a las Cortes Generales, alegando una supuesta necesidad de legitimidad democrática del Poder Judicial»; una legitimidad que «está más que asegurada por la propia aplicación de la ley».

La formación ya ha llevado al pleno una propuesta para despolitizar la justicia en anteriores ocasiones. La pasada legislatura ya registró una ley en este sentido «contra la politización del CGPJ por parte del bipartidismo» en la que ya proponía que 12 de los 20 vocales fueran elegidos «por y entre todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo mediante voto personal, igual, directo y secreto». Más recientemente, cuando se debatía la proposición del PSOE y Podemos que pretendía limitar al CGPJ en funciones, Vox presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo en la que instaba a volver al método anterior de elección de los vocales y que no pudieran ser candidatos quienes tuvieran cargo político.

Dos reuniones en Bruselas

El debate sobre la renovación del CGPJ ha estado latente durante toda la legislatura pasada y hoy vuelve a estar de plena actualidad, después de que a finales de año Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acordaran abordarla, con la intermediación de Europa, tras cinco años de bloqueo, así como la reforma del sistema de elección del órgano.

Vox trasladó entonces su malestar por que el PP accediera a negociar con el PSOE en pleno «golpe» y máxime con un mediador europeo, al considerar que esto sería utilizado por Sánchez para legitimar «su golpe y la amnistía». Desde la tribuna del Congreso durante el debate de la amnistía el pasado enero, Santiago Abascal pidió a Feijóo expresamente que no negociara el CGPJ con los socialistas.

Hasta ahora se han producido dos reuniones en Bruselas entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. La última, la del 12 de febrero, terminó sin acuerdo y con el compromiso de volver a verse la primera quincena de marzo.

La formación de Abascal solicitó a principios de febrero la comparecencia de Reynders, para que informara de primera mano sobre la reunión mantenida con los representantes del PSOE y el PP sobre esta cuestión y los avances que se han realizado al respecto.