Los miembros de la Comisión de Venecia, en el Senado
La Comisión de Venecia alerta de las irregularidades e indeterminaciones de la amnistía
La institución advierte que la polémica medida de gracia podría favorecer «a muchos ciudadanos que han cometido delitos comunes que poco o nada tienen que ver» con el procés
A diferencia de lo que ha señalado la Moncloa, la Comisión de Venecia -organismo del Consejo de Europa, institución que no pertenece a la Unión Europea y en la que están integrados países como Turquía o Reino Unido- no avala la amnistía que pretende aprobar el Gobierno liderado por Pedro Sánchez para beneficiar a los políticos que materializaron el procés. De hecho, en varios momentos alerta de sus irregularidades.
El borrador elaborado por la entidad, al que ha tenido acceso El Debate y que todavía no ha sido aprobado porque no se han escuchado a todas partes, recoge que «el proyecto de ley de amnistía es muy amplio y bastante indeterminado». En consecuencia, subrayan que «la falta de claridad y determinación de su ámbito de aplicación conlleva el riesgo de que surjan un número muy elevado de casos y controversias sobre la correcta aplicación de la ley. Esto, a su vez, corre el riesgo de trasladar los conflictos del nivel político al judicial. Este resultado no sería coherente con el propósito de la amnistía como tal».
La constitucionalidad de la norma
Respecto a la legalidad de la polémica medida de gracia, el organismo dictamina que «no corresponde a la Comisión de Venecia pronunciarse sobre la cuestión de constitucionalidad. Esta cuestión debe ser abordada, teniendo en cuenta estos argumentos, primero por el Parlamento español, posteriormente por los jueces ordinarios y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional español. Sin embargo, la Comisión considera que la viva controversia que ha suscitado este asunto sugiere que sería preferible, llegado el momento, regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional».
«La Comisión de Venecia no es competente para comentar sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional español y que deben debatir los expertos constitucionales españoles», recalca.
Falta de seguridad jurídica
Asimismo, la entidad también señala numerosos errores jurídicos en relación con la amnistía elaborada por el PSOE y sus socios, como que «cláusulas abiertas o expresiones como 'así como cualquier otro acto tipificado como delito con el mismo fin' o 'así como cualquier otro acto tipificado como delito con la misma intención' aumentan la vaguedad». «Además, el artículo 1 se aplica a un período de tiempo bastante largo: actos entre el 1.1.2012 y el 13.11.2023», agregan.
Por su parte, también advierte que podría haber muchos presos y demás delincuentes «comunes» que acabaran viéndose favorecidos: «la amnistía también podría abarcar a muchos ciudadanos que han cometido delitos comunes que poco o nada tienen que ver con las tensiones sociales que llevaron a la ley de amnistía. Esto haría cuestionable la justificación de los privilegios especiales y violaría el principio de igualdad respecto de quienes han cometido los mismos delitos comunes por otras razones o durante diferentes períodos, y no se benefician de la despenalización provocada por la amnistía».
Los miembros de la Comisión de Venecia, en las inmediaciones del Congreso
Respecto a la exigencia de Junts de que en la amnistía se incluyan a políticos concretos; como su propio líder, el prófugo Carles Puigdemont, que ha sido procesado por terrorismo, la Comisión de Venecia recuerda que «una amnistía es una medida impersonal que se aplica a todas las personas o a una clase de personas, y los criterios para su aplicación no deben diseñarse para cubrir a individuos específicos».
No entra a valorar el fondo
En su conclusión, el ente del Consejo de Europa expone que «la Comisión no intervendrá en el debate político. En particular, no se ha pronunciado sobre la conveniencia del proyecto de ley de amnistía, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento españoles».
Así las cosas, el escrito asevera que «la Comisión de Venecia no es competente para comentar sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional español y que deben debatir los expertos constitucionales españoles. Además, conforme a su práctica habitual, la Comisión de Venecia no ha evaluado la compatibilidad del proyecto de ley de amnistía con el Derecho de la Unión Europeo».
«El proyecto de ley de amnistía ha creado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y, sobre todo, en la sociedad de España», zanja institución.
