Montero ayudó a Ábalos a dar 53 millones a Plus Ultra con el pretexto de la pandemia y a esconder el rescate

«Yo sé lo que yo haría». Son palabras de María Jesús Montero, número dos del Gobierno y del PSOE a la vez, instándole esta semana a José Luis Ábalos a renunciar el acta de diputado, cinco minutos antes de que el partido le suspendiera de militancia y él optara por plantar cara y quedarse con el escaño.

Esa «rotundidad» de la vicepresidenta primera de Sánchez es, sin embargo, sobrevenida. No la tuvo para reclamar el dinero defraudado con los ERE en Andalucía, cuando ella ejercía las competencias requeridas para hacerlo desde la Junta.

Y no mostró la más mínima precaución para frenar o al menos examinar alguna de las operaciones más controvertidas de quien ha puesto ahora al PSOE al borde del precipicio: el extraño rescate de Plus Ultra.

Según la documentación en posesión de El Debate, Montero ayudó a Ábalos como nadie en el Gobierno para que prosperara una ayuda de 53 millones de euros a una empresa hispanovenezolana que se benefició de fondos reservados para compañías en problemas por la pandemia pese a que, en realidad, arrastraba pérdidas desde antes de la pandemia: el hoy caído en desgracia impulsó la operación, pero solo pudo prosperar gracias a la vicesecretaria general del PSOE.

Y no solo eso. Además de favorecer la aportación de 9.000 millones de las antiguas pesetas, Montero hizo todo lo posible para esconder el expediente justificativo del costosísimo rescate, finalmente publicado por este periódico tras meses de investigación y una pugna legal para doblegar la resistencia de todos los protagonistas de la historia.

Solo así pudieron conocerse las tripas de una operación que, junto al misterioso encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas, simboliza mejor las inexplicadas conexiones políticas entre España y Venezuela y cobra ahora todo el sentido al trascender que la trama de las mascarillas también intentó participar en otra operación de altos vuelos, en concreto con la compañía Air Europa, a cuyo representante llegó a recibir la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, sin que se sepa el contenido y las consecuencias exactas del encuentro.

En concreto, María Jesús Montero convirtió la SEPI en una especie de «abogado defensor» de Plus Ultra en la negativa de la compañía a ofrecer explicaciones detalladas de su rescate con dinero público, según la documentación oficial obtenida por este periódico.

El Gobierno usó fondos destinados a empresas en problemas por la covid para darle 53 millones a Plus Ultra, con la complicidad absoluta de Ábalos y Montero

La número dos de Sánchez se sirvió, para ese fin, del secretario de su consejo y director de asuntos jurídicos, Javier Morales Abad, que en un largo informe de 16 páginas de fecha 11 de enero de 2022, en propiedad de El Debate, respalda la estrategia de la aerolínea y defiende seguir escondiendo las razones del millonario rescate, con argumentos sorprendentes.

«Parece claro que el daño directo a la aerolínea Plus Ultra está probado, dado que la puesta a disposición de la solicitante de la documentación objeto de la solicitud de acceso, implica facilitar información comercial sensible relativa a sus estrategias comerciales y sobre sus relaciones comerciales, para su posterior divulgación en un medio de comunicación accesible al público, que sin riesgo de duda perjudicaría gravemente la capacidad competitiva y su posición negociadora en el mercado».

O este otro, aún más llamativo: «Asimismo, la revelación de la información puede ir en detrimento de la competitividad de la empresa frente a sus competidores, debilitando su posición en el mercado o causando un daño económico al hacer accesible a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial».

53 millones para rescatar Plus Ultra

Lo que se tapaba, en realidad, es algo bien distinto: el juego de complicidades de Ábalos desde Transportes y Montero en Hacienda que permitió transferir una millonada a una compañía ya en pérdidas, pese a que el fondo creado en la SEPI en tiempos de pandemia imponía, como gran requisito, que los problemas financieros comenzaran con la pandemia.

El Fondo se creó, según establece el RDL 25/2020 de 3 de julio en su artículo 2.2, para apoyar a empresas «que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la covid y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (…)».

Pero según datos oficiales obrantes en el Registro Mercantil a los que ha accedido El Debate y relativos a los cinco últimos ejercicios contables depositados, Plus Ultra acumulaba ya importantes pérdidas operativas para cada ejercicio en el período comprendido entre 2016 y 2020, ambos inclusive.

A Plus Ultra la rescata el Gobierno pese a incumplir los requisitos del fondo: a continuación, todos hicieron lo imposible por esconder los detalles de la operación

Así, por ejemplo, en 2018 el resultado del ejercicio es de pérdidas por importe de 6.725.682 euros; en 2019, de 2.113.286 y en 2020 por un total de 2.781.883 euros.

En ese año de pandemia, el incremento de las pérdidas estructurales no supone más que la tendencia ya existente de una empresa a la deriva y que maquilla su RAI (Resultado antes de impuestos) por la liquidación del IS (Impuesto de Sociedades), que reporta un beneficio contable sobre la cuenta de explotación, al compensar en parte tal liquidación las pérdidas acumuladas.

Así, en 2018 el Resultado Antes de Impuestos es de -9.028.890, que se reduce por la liquidación del IS hasta la cifra de -6.725.682 mencionados, en pérdidas en ambos casos. No cumple, por ello, el requisito señalado por el Real Decreto, al evidenciarse que las pérdidas acumuladas son previas al coronavirus.

Abundando en este dato, se puede constatar igualmente cómo el importe neto de la cifra de negocios se ve incrementado de manera muy significativa precisamente en el año 2020. Es decir, que la crisis pandémica no había afectado a sus ingresos, puesto que los mismos aumentaron de manera importante, al pasar de los 63.543.689 euros correspondientes a 2019, a los 94.024.701 euros de 2020.

Y también lo hizo de manera notable los llamados «otros ingresos de explotación», pasando a 6.935.442 euros en 2020, cuando en el 19 fueron de 1.146.332 euros.

La verdad del rescate

Finalmente, y pese a la resistencia del ministro caído en desgracia y de la ministra ascendida luego por Sánchez, este periódico pudo acceder al expediente íntegro del rescate, cuyo contenido demuestra una evidente generosidad del Gobierno en la concesión de dinero público al que tantos otros no pudieron acceder, hasta el punto de que la pandemia se llevó por delante a cerca de 300.000 empresas durante la pandemia.

Se trata de un documento de 22 páginas, bajo el sello de «Confidencial», firmado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces encabezado por José Luis Ábalos, destituido luego sin explicaciones y de manera fulminante por Sánchez.

El Ministerio de Ábalos reconoció por escrito que Plus Ultra estaba en pérdidas, apenas tenía pasajeros y su futuro era negro

La razón de tanto oscurantismo puede intuirse, al conocerse al fin los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para aprobar la operación: Plus Ultra era una empresa irrelevante en el sector, que arrastraba pérdidas desde su nacimiento, que no estaba en crisis por la covid como exigían las normas para insuflar un dineral y que, incluso, carecía de aviones propios.

Así, el rescate de Plus Ultra, firmado un 9 de marzo de 2021, coincidió con la quiebra de firmas tan conocidas como Majorica, la firma española líder mundial en perlas cultivadas, o con el cierre de otras ilustres compañías de fuerte presencia en nuestro país: desde Pullmantur hasta Imaginarium o Kodak, cavaron su tumba con la pala de una crisis agravada por la pandemia, como tantas otras de menor fama que dejaron familias enteras en la ruina.

No fue el caso de la compañía aérea, pese a que en el informe secreto al que ha accedido El Debate se reconocen cosas como ésta: «Plus Ultra ha venido mostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años ha cerrado sus ejercicios con pérdidas. Dichas pérdidas fueron especialmente negativas en 2017».

La confesión escrita del propio Ministerio de Ábalos es relevante porque derriba, ya de entrada, la justificación que imponía la ley para proceder a inyecciones de dinero público: las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad del coronavirus y las subsiguientes restricciones, pero Plus Ultra ya estaba en esa situación desde un lustro antes de que se desatara la pandemia.

Pérdidas desde siempre

El Fondo Covid se creó, según establece el RDL 25/2020 de 3 de julio en su artículo 2.2, para apoyar a empresas «que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la covid y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (…)». La crisis de Plus Ultra era su estado natural desde mucho antes, pese a la cual recibió un «premio» de 9.000 millones de las viejas pesetas.

Es una de las «joyas» del informe, que redacta cada una de sus páginas bajo el sello «Confidencial» por la dificultad, probablemente, para defender en público la justificación de un rescate negado a tantas otras, con el caso de Abengoa tan reciente, un gigante con 11.000 empleos en vilo ignorado por la SEPI, el mismo organismo que sí mimó a Plus Ultra pese a tener poco de «estratégica», otra de las exigencias para recibir dinero público.

El propio Ministerio lo reconoce en el informe, al glosar la paupérrima cifra de negocio, de clientes y de presencia en el mercado de la compañía: «Tiene una cuota del 0.2 % en relación con el volumen de pasajeros (…) y esta cuota se sitúa en el 0.1 % en términos de ingresos».

Para hacerse una idea de la irrelevancia de la compañía no hace falta fabular: basta con consultar lo que el propio Ministerio de Transportes recogía en su informe, un retrato feroz de la realidad de Plus Ultra.

El informe lo firmó el Ministerio de Ábalos, pero el cheque a Plus Ultra salió de María Jesús Montero, número 2 del PSOE de Sánchez

Por mucho esfuerzo que los responsables del informe intentar hacer para maquillar la realidad, sus propias conclusiones estadísticas son demoledoras: Plus Ultra parece por debajo incluso de aerolíneas menores, cuando no desconocidas para el gran público, como Wamos Air, Evelop, Canary Fly o Volotea, todas ellas con cifras de pasajeros entre tres y diez veces superiores.

«Este volumen de actividad sitúa a la compañía en el puesto 77 en el ranking de compañías en 2019 (año que se utiliza de referencia) en España, con una cuota inferior al 0.1 % del tráfico de pasajeros en la red de AENA», confiesa el estudio secreto.

«La cifra de negocios de Plus Ultra se encuentra lejos de las de otras compañias españolas, no solo del nivel de Iberia, Air Europa o Vueling, sino también del segmento de compañías con u volumen de facturación del entorno de los 500 millones de euros (como Iberia Express, Air Nostrum o Volotea). Con respecto a compañías como Wamos o Evelop, la facturación se sitúa en torno a la mitad de las anteriores», añade el informe.

Es decir, para el propio Ministerio la aerolínea era marginal, acumulaba pérdidas desde su nacimiento, apenas tenía pasajeros, era superada por todas las compañías de «tipo A» (así se califica a las que pueden realizar servicios aéreos comerciales de pasajeros, carga y/o correo)… y sin embargo se merecía 53 millones de dinero público.

Ni siquiera el argumento de que, pese al desastroso cuadro general, era estratégica por la naturaleza exclusiva del servicio, aguanta la opinión que el propio Ministerio vierte en su informe preceptivo para liberar la millonada.

Porque, de manera casi hilarante, intenta justificar el valor de la empresa argumentando que «centrando la vista en el sur del continente americano, se puede señalar que Plus Ultra es la única compañía española que opera de forma regular en el mercado Madrid-Latinoamérica».

Pero añade a continuación una frase definitiva: «Aparte de las compañías de la red Iberia y Air Europa, aunque como se ha indicado, con un volumen de actividad muy inferior». Es decir, Plus Ultra tenía alternativas y, de hecho, frente a ellas su volumen de pasajeros era ínfimo.

Para dejarlo aún más claro, y hacer más extravagante el rescate, el Ministerio también se ve obligado a reconocer su irrelevancia frente a más competidores: «Su presencia en el hub madrileño es minoritaria, muy por debajo de las grandes compañías tanto españolas (Iberia y Air Europa) como latinoamericanas que ofrecen conexiones regulares desde sus países de bandera hasta Madrid (Avianca, LATAM Airlines, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas) y los turoperadores Evelop y Wamos Air».

Montero y Ábalos fueron de la mano: el segundo defendió el rescate; su ahora enemiga le buscó la financiación que necesitaba la operación

Y un dato más, bien curioso: «Si el análisis se centra únicamente en los enlaces que opera la compañía, sus cuotas son reducidas en comparación con sus competidoras. Solamente en el caso de Venezuela (con conexión con algunos de los accionistas de la compañía), la presencia de Plus Ultra cobra cierta relevancia, llegando al 19.4 % de cuota)».

Las conclusiones del departamento de Ábalos tampoco mejoraron el panorama y hacen aún más inexplicable el socorro prestado a una empresa dominada por Snip Aviation mayoritariamente, la sociedad en la que se ubican empresarios de larga trayectoria en Venezuela:

«(…) Se perfila una situación complicada para la compañía de cara a afrontar la recuperación durante los próximos años, debida a su elevada exposición al largo radio con Latinoamérica, mercado para el que se anticipa una recuperación más lenta que para otros mercados internacionales (…)».

Con un pasado de pérdidas, un presente modesto y un futuro negro, en palabras del propio Gobierno, ¿por qué accedió a un «regalo» inabordable para tantos y por qué se clasificó todo ello de confidencial?

Esas respuestas siguen pendientes. Quizá puedan darlas José Luis Ábalos, destituido al poco de esta operación, o María Jesús Montero, ministra de Hacienda, número 2 del PSOE y responsable final del SEPI, desde donde se extendió el jugoso cheque que hoy vuelve a estar de actualidad por el enfrentamiento aparente entre dos dirigentes que, al menos en esto, fueron uña y carne. Y una vez más, como con las mascarillas, el coronavirus fue el contexto, o el pretexto, para un gran movimiento de dinero público.