José Emilio Suárez Trashorras, durante la lectura de la sentencia del 11-M, que le condenó a casi 35.000 años de prisión
Trashorras, el minero que facilitó los explosivos del 11M, pide la eutanasia en prisión
El condenado trasladó esta solicitud al médico de prisión como gesto de protesta porque considera que ni recibe la debida atención médica ni le conceden permisos carcelarios
El exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.175 años de cárcel como colaborador necesario en los atentados del 11M por haber facilitado los explosivos a los terroristas, ha solicitado acogerse a la ley de eutanasia ante la falta de tratamiento médico adecuado para su salud mental y la larga condena que afronta dado que la sentencia le imponía el cumplimiento de al menos 40 años.
La petición se produce una semana antes de que se cumplan 20 años del peor atentado terrorista de la historia de España.
Según publica este sábado el diario El Comercio, Trashorras, que cumple condena en el Centro Penitenciario de Asturias, realizó el viernes esta solicitud al médico de la prisión, un gesto de protesta al considerar que no recibe la debida atención médica ni psicológica pese a que padece una enfermedad mental diagnosticada y después de que sus solicitudes de permisos carcelarios y de otros beneficios nunca le han sido concedidos.
Recurso rechazado
El Tribunal Supremo rechazó en 2017 un recurso presentado por Suárez Trashorras, que cuenta ahora con 47 años, en el que solicitaba que le fuese aplicada con carácter retroactivo la pena de prisión permanente revisable, una pena que consideraba más favorable para obtener permisos y acceder al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional, que la pena de cárcel que le fue impuesta.
En su resolución, el Supremo aclaró que la petición partía del error de que le correspondería una sola pena de prisión permanente revisable, cuando en realidad serían 192 penas de tal clase (una por cada víctima mortal del atentado), por lo que la nueva regulación no le resultaría más favorable.
Además, y de acuerdo con el informe del fiscal, le recordó a Suárez Trashorras que en esos casos, el acceso al tercer grado y a la suspensión del resto de la pena (esta última figura sustituta de la libertad condicional) requerirá el cumplimiento efectivo de 32 años de prisión y 35 años, respectivamente, según informa la agencia Efe.