García Castellón será el juez de garantías en la investigación de la Fiscalía Europea sobre las mascarillas de Baleares y Canarias

Manuel García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, ha sido designado para ejercer como juez de garantías en la investigación abierta por la Fiscalía Europea, este mismo lunes, sobre la compra presuntamente irregular de mascarillas de los gobiernos de Canarias y Baleares, a la trama Koldo. Así las cosas, y según ha podido adelantar EL DEBATE, el magistrado que habitualmente desarrolla sus funciones como instructor de procesos penales, será el encargado de garantizar los derechos fundamentales de las partes implicadas durante las pesquisas que, en este caso, recaen sobre el propio Ministerio Fiscal.

Así las cosas, de acuerdo con las funciones previstas en la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, García Castellón tendrá, entre otras, la posibilidad de decretar aquellas diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales que sean instadas por el fiscal delegado.

En él recaerá la competencia para acordar las medidas cautelares personales, como por ejemplo el ingreso en prisión de alguno de los investigados, reservadas a la autoridad judicial. Pero, también, la de asegurar las fuentes de prueba frente a la pérdida de las mismas, autorizar el secreto de las indagaciones y su prórroga, acordar la apertura de juicio oral o instar el sobreseimiento de las actuaciones, resolver las impugnaciones contra los decretos del fiscal europeo o adoptar, previa solicitud de éste, las medidas de protección necesarias para peritos y testigos.

Al contrario que en España, donde los jueces de instrucción dirigen las investigaciones penales, en Europa los fiscales instruyen con el apoyo de un juez de garantías que supervisa sus actuaciones

Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya designó un magistrado con anterioridad para la investigación del contrato de Priviet Sportive sobre la compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid a una empresa en la que Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña, intervino como profesional especializado en el sector. En aquella ocasión las actuaciones recayeron sobre el juez Alejandro Abascal.