Infografía: Sánchez pone la alfombra roja a Junqueras, Puigdemont y Rovira
Los gestos a favor de la amnistía
La doble plaza de juez enlace con Francia y Suiza permitirá al Gobierno manejar las causas de terrorismo contra Junts, ERC y ETA
La ex ministra de Justicia Pilar Llop ha solicitado sendas vacantes que afectan, también, a los procedimientos reabiertos contra los dirigentes de ETA que idearon los atentados más graves de la banda
La amnistía a la carta que Pedro Sánchez ha preparado para entregar, este mismo jueves, el borrado penal total del procés a Carles Puigdemont y el resto de cabecillas políticos independentistas, incluirá barra libre en materia de terrorismo. No en vano, tanto el Gobierno socialista, como sus socios separatistas, son conscientes de que el éxito de la operación depende, casi de forma absoluta, de su capacidad para incorporar con éxito, entre los presupuestos de la polémica norma, aquellas conductas que, hoy por hoy, están siendo investigadas tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo en el marco de la causa Tsunami Democràtic.
Y de ahí que –además de prestar especial atención a los delitos específicos que pesan sobre el líder de Junts, Carles Puigdemont, en clave doméstica– el Ejecutivo haya puesto todos los medios para controlar, en el ámbito transfronterizo, los actuales procedimientos abiertos contra los separatistas catalanes. Con especial interés en los fugados a Suiza como la ex número dos de ERC, Marta Rovira y el todavía diputado republicano Ruben Wagensberg.
Como adelantó El Debate en exclusiva, la exministra de Justicia, Pilar LLop, ha solicitado formalmente la doble plaza de juez de enlace con Francia y Suiza, pendiente de cubrir desde hace varios meses –que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de febrero– y cuyo nombramiento depende del actual titular del Departamento, Félix Bolaños.
Un movimiento que, así las cosas, permitirá a Sánchez tener acceso directo, con una magistrada afín, a todas las cuestiones relacionadas no sólo con las decisiones de las autoridades suizas sobre los prófugos sino, también, sobre los permisos pendientes de la Justicia gala en relación con los etarras a los que la Audiencia Nacional reclama en varias causas graves como el atentado de Santa Pola o el secuestro y asesinato del concejal popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco.
En este último caso, hace ya varios meses que la pelota está sobre el tejado de las autoridades francesas. La causa múltiple que arrancaba en la AN –tras una denuncia de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia–para investigar la «autoría mediata» de varios de los atentados más graves cometidos por la banda terrorista ETA, se está viendo retrasada, entre otras cuestiones, por la ausencia de un juez de enlace con Francia. Así las cosas, el magistrado instructor Manuel García-Castellón se ha visto en la tesitura de tener que triangular todas sus consultas a Francia a través de su excompañero el juez José de la Mata, miembro nacional de España en Eurojust, desde noviembre de 2020, a propuesta del exministro de Justicia Juan Carlos Campo.
La situación ha venido ralentizando trámites que deberían ser directos aunque, a pesar de ello, la Audiencia Nacional avanza sin pausa hacia el procesamiento de varios de los exjefes de la organización etarra que, según los informes de Guardia Civil y de la Ertzaintza, en 1997, estaban al frente del Comité Ejecutivo o Zuba de la organización armada, «no impidieron» lo ocurrido, habiendo «podido hacerlo».