La sociedad de la amnistía blinda a Sánchez y la legislatura pese al escándalo de corrupción

Tierra firme tituló Pedro Sánchez la segunda parte de su biografía, escrita por la periodista Irene Lozano. Y tierra firme cree pisar ahora que finalmente ha alcanzado un acuerdo con Junts y ERC sobre la ley de amnistía. Uno negociado con la máxima opacidad, que los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso votarán este jueves.

El presidente del Gobierno se ha aferrado a la amnistía como salvavidas después de la derrota gallega y en medio de la tempestad provocada por la trama corrupta que operaba en el Ministerio de Transportes y aledaños. Una trama que es cada vez más el caso PSOE y menos el caso Koldo.

Cuando los periodistas que acompañan a Sánchez en su viaje a Brasil y Chile le preguntaron en el avión si cree que el escándalo pasará factura a su Gobierno, él replicó que tiene toda la legislatura por delante y que su intención es convocar elecciones en 2027, cuando tocan. Hace dos semanas ya afirmó lo mismo en el avión que le trasladaba a Rabat para reunirse con Mohamed VI.

A su favor juega la impasibilidad mostrada por Sumar y por sus socios parlamentarios ante la lluvia ácida de revelaciones sobre la trama. A pesar de que afectan directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; a los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente; al secretario general del PSC, Salvador Illa; y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Y, colateralmente, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ni siquiera ERC ha hurgado en la herida del PSOE, a pesar de que Illa será el candidato a las elecciones catalanas y lleva plomo en las alas por su gestión al frente del Ministerio de Sanidad cuando sucedieron los hechos. Tampoco el PNV, cuyo voto fue definitivo para que la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy prosperara en 2018.

En ambos casos tiene explicación. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (Esquerra), necesitaba pactar los Presupuestos de 2024 con Illa, y de hecho los pactó la semana pasada. Por su parte, el PNV necesitará a los socialistas para conservar Ajuria Enea. Ahora más que nunca, con el aliento de Bildu en la nuca y los comicios vascos en mes y medio.

Los demás socios también tienen interés en que Sánchez siga en la Moncloa. Débil y parlamentariamente dependiente, mejor. Puigdemont ya dijo el sábado a su Consejo de la República que el proceso independentista entra «en una nueva etapa», en la que la unilateralidad tiene que ser «práctica» para «hacer materialmente posible la independencia». El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avisó ayer a su jefe de filas a sus compañeros socialistas: «El independentismo es como un alacrán, hay quien piensa que puedes llevar bien con él y acariciarlo, pero siempre termina picando».

El itinerario de Sánchez es claro. Una vez que la ley de amnistía salga rumbo al Senado (el Pleno del Congreso la votará la próxima semana o la siguiente, a más tardar), la prioridad será cerrar los Presupuestos de este año, que ya acumulan mucho retraso. Este miércoles, el PP tumbó en el Senado, por segunda vez, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del Gobierno. Aun así, la vicepresidenta y ministra de Hacienda aseguró que el Ejecutivo remitirá las cuentas públicas a las Cortes Generales sí o sí.

El senador de Junts Josep Lluís Cleries resumió el estado de la legislatura el martes, durante su intervención ante Montero: «Menos mesas (de negociación) y más hechos. Junts per Catalunya vamos a hacer que esta legislatura vaya así si ustedes quieren legislatura. Nosotros la queremos, porque creemos que estamos en un momento clave, hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación. Y el que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto. Vamos por la amnistía, por la libertad y por que haya unos Presupuestos sociales al servicio de las personas», afirmó.