La Policía investiga un sobrecoste de 21 millones en un contrato de respiradores que Illa adjudicó en la pandemia

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando desde hace varios meses en secreto un sobrecoste de 21,1 millones de euros de un contrato que Salvador Illa, exministro de Sanidad, adjudicó en plena pandemia para la compra de respiradores. Esta investigación abre un nuevo frente paralelo a la trama de mordidas y comisiones ilegales que comenzó salpicando a José Luis Ábalos, en manos de la Audiencia Nacional, y que ya afecta a otros miembros del Ejecutivo.

Tal y como ha podido saber El Debate, las indagaciones policiales en el sobrecoste millonario de los respiradores comenzaron en septiembre de 2020 a raíz de la denuncia de un empresario que participó en la ejecución del contrato. Cinco meses antes, el Gobierno adjudicó 36 millones de euros para la adquisición de 5.000 respiradores. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, esta compra se produjo mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, eludiendo la realización de un concurso público.

Inicialmente, el Gobierno anunció que el encargo se le hacía a la empresa Hersill SA, especializada en la fábrica de este tipo de maquinaria. En cambio, posteriormente, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente de Sanidad, incluyó a la compañía Escribano Mechanical and Engineering SL, dedicada a la fábrica de material bélico y ajena por completo a los temas sanitarios. En el contrato, que obra en poder de este periódico, se menciona de manera expresa que Hersill es quien «está especializada en la producción de ventiladores pulmonares» y que Escribano se dedica a poner a disposición «sus capacidades tecnológicas y de producción».

La documentación que el denunciante aportó a la UDEF acredita que Hersill vendió a Escribano cada respirador por 1.724,35 euros más IVA, mientras que Escribano se los hizo llegar al Gobierno por 5.959,34 euros. En otras cifras: la compañía especializada en maquinaria sanitaria fabricó el pedido encargado por Illa por 8,6 millones de euros y Escribano se los vendió a Sanidad por 29,7 millones (36 millones con IVA). En total, según el denunciante, esta operación dejó al descubierto un sobrecoste de 21,1 millones de euros, cuyo paradero es el que se está investigando desde la Policía.

La labor de Escribano quedó fijada en el contrato. «La empresa Escribano está inmersa en un proyecto de colaboración estratégica industrial con Hersill, especializada en la producción de equipos médicos como ventiladores pulmonares, en el que Escribano, con sus plenas capacidades tecnológicas y de producción pone al servicio del proyecto uno de los centros mecanizado de alta precisión más grande y moderno de España», menciona la cláusula novena del acuerdo.

Las pruebas que manejan los investigadores que acreditan la fuga de 21,1 millones se sostienen mediante una de las facturas que ha aportado el empresario denunciante. Se trata de una confirmación de pedido que va firmada por Hersill y que incluye una orden de pago para que Escribano le abonara el pedido. En esta factura en concreto, se aprecia el sobrecoste en 99 de los 5.000 respiradores. El número de pedido que figura en la documentación es el «201704» y en él se indica que el abono se tiene que hacer mediante «una transferencia, 30 días».

Los 5.000 respiradores

El contrato entre Sanidad y Escribano no especifica su papel exacto. Tan sólo menciona que la empresa armamentística aportará al proyecto conocimiento, experiencia y capacidades tecnológicas y productivas. «Así como los recursos humanos para fabricar y suministrar ventiladores pulmonares de uso sanitario e incrementar la capacidad de producción de las mismas para ayudar a superar la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus». Lo que sí deja claro el contrato es que la producción de los respiradores quedaba en manos de Hersill, que recibió menos dinero del que pagó el Gobierno.

Otra de las evidencias que confirman que la fabricación se llevó a cabo por parte de Hersill aparece en el anexo del contrato, donde Sanidad plasmó un copia-pega del catálogo de Hersill para especificar qué tipo de producto necesitaba. El contrato entre Illa y la fabricación de los respiradores que hoy está en el punto de mira de la UDEF estableció que el pedido se tenía que entregar en ocho semanas siendo seis semanas la fecha ideal.

Los respiradores que Hersill vendió a Escribano y que esta empresa hizo llegar al Gobierno, modelo Vitae 40, son aparatos portátiles de tan sólo 1,4 kilos de peso que se pueden usar tanto en los hospitales como en una UCI móvil. Está diseñado para ser sostenido sobre una mano y es ideal para cualquier escenario de emergencia y transporte. Hersill anuncia el producto en su página web como «un novedoso y exclusivo concepto ergonómico, con todas las conexiones alineadas en el eje de anclaje, que permite una mínima ocupación en el vehículo y un fácil intercambio entre sus soportes de pared, techo, raíl, carro y estuches de transporte».