El PSOE centrará su comisión de investigación en Ayuso en respuesta al cerco del PP a Armengol

Lo adelantó la ministra portavoz desde la sala de prensa de la Moncloa y lo confirmó poco después el portavoz del PSOE en el Congreso. «Que dé ejemplo», señaló Patxi López. El grupo parlamentario socialista en la Cámara Baja ya tiene el primer y principal nombre de la lista de comparecientes a los que quiere llamar a declarar en su comisión de investigación sobre los contratos de la pandemia: Isabel Díaz Ayuso.

Los de Pedro Sánchez contraatacan así tras la decisión del PP de llevar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la comisión de investigación que los populares aprobaron crear este martes en el Senado. Y que se desarrollará en paralelo a la del Congreso. Desde el estallido del caso, el PSOE ha cerrado filas en torno a la tercera autoridad del Estado, la que está en una posición más delicada y la que más se han esforzado por proteger sus compañeros de partido.

Los socialistas creen haber encontrado la justificación perfecta para convocar a la presidenta madrileña, después de conocerse la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid interpuso el 5 de marzo contra su pareja por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Fuentes gubernamentales destacan la gravedad de este hecho en comparación con los «bulos» –así los definen– que acusan al PP de difundir contra ministros, contra Armengol y hasta contra la esposa del presidente, Begoña Gómez.

En el PSOE cuentan con que la comisión esté activa cuatro meses y que la declaración de Ayuso coincida con la precampaña de las elecciones europeas, que el PP planteará como un plebiscito contra Pedro Sánchez. El Pleno de la próxima semana aprobará sin ningún problema la creación de esta comisión de investigación, según lo acordado este martes en la Junta de Portavoces.

En ella, los socialistas quieren «establecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos». Así como «investigar los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas». Al fin y al cabo, se trata de diluir la trama que afecta al corazón del Gobierno y del PSOE.

La complicidad de los socios

Una vez aprobada, la comisión celebrará una sesión constitutiva y más adelante aprobará un plan de trabajo, en base a las solicitudes de comparecencia de los grupos parlamentarios. Para la de Ayuso, los socialistas cuentan con la complicidad de todos sus socios. Desde Sumar a ERC, pasando por Bildu y Podemos, puesto que ya este martes todos pidieron explicaciones a la presidenta madrileña por la inspección fiscal a su novio. Explicaciones que, por el contrario, durante las tres últimas semanas no han demandado a Pedro Sánchez y sus ministros.

Si el PSOE sigue adelante con su plan, Ayuso será la primera presidenta regional en comparecer en una comisión de investigación de las Cortes desde que lo hizo Susana Díaz en el Senado, en noviembre de 2018. Entonces, el PP tenía mayoría absoluta en la Cámara Alta y promovió una comisión de investigación sobre los EREs por la que hicieron desfilar a la que era en aquel momento presidenta de la Junta de Andalucía y a sus dos antecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Ellos dos se negaron a declarar porque estaban inmersos en un proceso judicial, para preservar su derecho de defensa –justificaron–.

Los socialistas juegan con la baza de que Ayuso no puede negarse. El artículo 76.2 de la Constitución establece: «Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación». Dicha obligación figura después desarrollada en una ley orgánica de 1984: «Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas».

El Código Penal castiga a aquellos ciudadanos españoles o extranjeros residentes en España que no acudan a la llamada de las Cortes Generales o de un parlamento autonómico, porque es un delito de desobediencia. También sanciona a los que van y mienten, porque los convocados tienen la obligación de decir la verdad. El truco está en que basta con acudir y acogerse al derecho de no declarar, que es algo a lo que recurren muchos.

Las conclusiones de cualquier comisión de investigación parlamentaria no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales. No obstante, su resultado puede ser comunicado, «en su caso, al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones que correspondan», según el Reglamento.