El Consejo de Europa deja al descubierto las manipulaciones del PSOE sobre la Comisión de Venecia

El dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía –realizada por el PSOE y sus socios del bloque 'Frankenstein'– ha provocado diversas reacciones. Mientras el Gobierno, a través de su ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que el organismo ha manifestado un «el respaldo absoluto y rotundo» a la polémica medida de gracia; el PP ha señalado que el Ejecutivo ha sufrido un nuevo varapalo» porque la Comisión de Venecia «no avala» la amnistía.

En el comunicado para los medios que ha realizado el Consejo de Europa –entidad de la que depende la Comisión de Venecia– se recogen diferentes irregularidades e indeterminaciones en la norma que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Así, en primer término deja claro que el ente «no se ha pronunciado sobre la conveniencia del proyecto de amnistía, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado, por considerar que son decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento españoles».

«Como suele ser habitual, la Comisión de Venecia no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del proyecto de amnistía, que en última instancia corresponde decidir al Tribunal Constitucional español, ni sobre su compatibilidad con el derecho de la UE», agregan.

Igualmente, sostienen que «los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para adoptar leyes de amnistía, dadas sus consecuencias de largo alcance y su naturaleza a menudo controvertida». Sin embargo, para la elaboración de la medida de gracia Pedro Sánchez eligió el procedimiento de urgencia, y –además– la realizó mediante una proposición de ley en vez de con un proyecto de ley; que requiere de informes preceptivos de los órganos consultivos del Estado.

• En relación con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, la Comisión de Venecia dictamina que «las amnistías son medidas impersonales que se aplican a personas o a determinadas clases de personas: por lo tanto, los criterios en los que se basan no deben estar diseñados para cubrir a individuos específicos».

«En opinión de la Comisión, para ser coherente con el principio de separación de poderes, se debe confiar al poder judicial la decisión de si personas específicas cumplen los criterios generales determinados por el Parlamento para aplicar la amnistía», añaden.

Además, en cuanto al ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía en España, el organismo perteneciente al Consejo de Europa «recomienda»:

• Acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía para hacer más previsibles sus efectos.
• Garantizar que se establezca una relación causal más estrecha entre «las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias» y los actos de malversación y corrupción.
• En materia de terrorismo, garantizar que en la interpretación de las exclusiones el principio rector sea que las amnistías sólo son compatibles con los estándares internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos quedan excluidas de su ámbito de aplicación.

Sobre las comisiones de investigación creadas por el Congreso, la entidad «recuerda que el objetivo principal de las comisiones parlamentarias de investigación es supervisar y controlar el trabajo del poder ejecutivo. Por lo tanto, recomienda que no se dé a estas comisiones de investigación el mandato de convocar a los jueces, ni siquiera de invitarlos, a informar, en particular sobre el fondo de sus casos, a nadie ajeno al poder judicial».

«La Comisión recomienda además a las autoridades que intenten alcanzar una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, que exige la Constitución para la adopción de una ley orgánica», zanja el comunicado a los medios.