Los fiscales señalan a García Ortiz como «único responsable» en la «crisis de credibilidad» de la institución

El Ministerio Fiscal está viviendo sus horas más aciagas. «La crisis reputacional sin precedentes» que afecta a la Fiscalía, tras revelar datos confidenciales de un particular, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en una nota de prensa, «resulta injusta con el trabajo diario de los fiscales que en su actividad profesional se someten a los principios de legalidad e imparcialidad», lamenta la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus. La entidad mayoritaria de la Carrera exige «la inmediata dimisión» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que sus actuaciones como máximo responsable del escalafón, en relación con la investigación abierta a la pareja de Díaz Ayuso, una vez más, «dañan gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución» exigible en un Estado de Derecho.

La AF considera que los últimos acontecimientos entorno a la «posible revelación de secretos» en la que habría incurrido la Fiscalía Provincial de Madrid, son «un ataque a la credibilidad del Ministerio Público en su conjunto que resulta inmerecida con la impecable labor de los fiscales que, en España, alcanzan infinidad de conformidades a diario». El mecanismo «está previsto en la legislación vigente» y la Fiscalía «como no puede ser de otra manera, se somete siempre a los deberes de reserva y de confidencialidad que son sagrados para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia», subraya su presidenta.

«Cualquier vulneración de esos principios, con filtraciones indeseadas de las conversaciones entre las partes se convierte en un torpedo en la línea de flotación de la actuación de los fiscales en el desarrollo de sus negociaciones para la obtención, o no, de acuerdos de conformidad entre las partes de un procedimiento penal», asegura Dexeus.

«Lo más grave» no es solamente la «divulgación que se hace» desde la Fiscalía «sobre un hecho que todavía no se ha producido», porque «no se alcanzó ningún acuerdo» entre las dos partes de una investigación penal, sino «la indefensión que se le crea al abogado» de una de ellas en el ejercicio de su profesión, destaca el que fuera fiscal general del Estado, y hoy letrado, Juan César Ortiz.

«Rechazo» a la actuación de la Fiscalía

No menos crítica ha sido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que, hace unos meses, instaba ante el Supremo la nulidad del segundo nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras ser cuestionado en la Sala Tercera del Alto Tribunal por su «desviación de poder» en el ascenso a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado. Para la Junta Directiva de la organización profesional la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid merece un «rotundo rechazo», entre otras cosas, porque «ha excedido en mucho lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».

Lo ocurrido «no respeta los límites que el propio Estatuto señala con la obligación de informar a la opinión pública», subraya el presidente de APIF, Miguel Pallarés. Una de las razones que «también ha señalado el Colegio de la Abogacía» en la declaración institucional para desvincularse del Protocolo de los Pactos de Conformidad; y, como fondo de las dos denuncias que interpondrá tras lo ocurrido para «depurar las responsabilidades», incluso penales, de la Fiscalía madrileña.

«La actuación de la Fiscalía», en el asunto de la revelación de datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, «no se ha adecuado al ordenamiento jurídico», apunta Pallarés. Pero es que, además, «perjudica la relación de confianza mutua y de buena fe que debe existir entre el Ministerio Fiscal y los abogados» en las negociaciones de conformidad que «en toda España están dando un resultado muy positivo», destaca.

Ni los más veteranos del Ministerio Público recuerdan un hecho similar. «Es la primera vez, que a mí me conste que que sucede algo así», asegura el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández. «Los acuerdos entre la Fiscalía y los abogados de investigados o imputados son muy frecuentes y forman parte del ámbito procesal ordinario. Son pactos que están perfectamente institucionalizados y contribuyen a aliviar, con todas las garantías, la sobrecarga de la Justicia», explica Hernández. De ahí que «su confidencialidad sea fundamental y no respetarla vulnere el derecho de Defensa. En un fiscal general es algo inaudito», subraya.