Hacienda ya investigaba en 2022 los contratos de Interior y ADIF con la trama Koldo

Dos documentos gemelos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria demuestran que ya en enero de 2022, el Ministerio de la vicepresidenta María Jesús Montero, investigaba presuntas irregularidades en los contratos de emergencia suscritos por Interior y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con varias de las empresas de la trama Koldo, para la compra de mascarillas o guantes relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19. Esto es, al menos dos meses antes de la denuncia registrada ante la Fiscalía Anticorrupción, el 10 de marzo de 2022, por el diputado Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

Así consta en sendos requerimientos de Hacienda, contenidos en el sumario judicial del caso PSOE, dirigidos los días 25 y 26 de enero de 2022 a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de la gestión de Fernando Grande-Marlaska; y, a la empresa pública de trenes adscrita al Departamento de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos, respectivamente, tal y como ha podido comprobar El Debate en primicia.

En pleno escándalo por las presuntas filtraciones de la titular de Hacienda sobre datos confidenciales relativos a la inspección fiscal vigente de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, resulta llamativo que no haya trascendido referencia alguna a las «actuaciones» que, como mínimo desde hace dos años, ordenó la Inspectora Jefe de Equipo Central de Información sobre la relación comercial mantenida por el Ministerio del Interior y ADIF con la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y varias de las sociedades vinculadas a ésta. Así como el papel desarrollado en la misma por Víctor Gonzalo de Aldama, uno de los cerebros y principales investigados de la trama, presuntamente corrupta, de material sanitario.

Los inspectores de la Agencia Tributaria ya preguntaron, recién estrenado 2022, tanto al Departamento que encabeza Grande Marlaska, como al que entonces gestionaba la socialista Raquel Sánchez –en relación a decisiones y adjudicaciones adoptadas por su predecesor en el cargo, el exministro Ábalos, antes de ser apartado del mismo–, acerca de las posibles «ventajas» que los contratos suscritos con la empresa fiscalizada, y varias más de su grupo, hubiesen podido proporcionar a ésta.

Además, los técnicos se interesaron por los «motivos» de la «elección del proveedor» ya que, hasta entonces, no constaba que Soluciones de Gestión «tuviera experiencia u operaciones previas realizadas en los últimos años en el sector de equipos de protección individual sanitario», rezan los citados requerimientos, muy anteriores al arranque de la denominada Operación Delorme que dirige la Fiscalía Anticorrupción.

Para los responsables de la Oficina Antifraude de Hacienda había ciertos flecos «de trascendencia tributaria» que era necesario aclarar, tales como: si la «participación» de otras mercantiles vinculadas a Soluciones de Gestión en las contrataciones inspeccionadas, «se realizó con anterioridad a la firma del contrato de compraventa de la mercancía o con posterioridad» a la misma; si dicha «participación» era «conocida o habitual» en «otras operaciones realizadas» por los ministerios consultados; o, si por el contrario, la «elección como proveedor» de la mercancía «se debió a la participación de dichas mercantiles y de la persona señalada como intermediario», Víctor de Aldama.

Comisión de investigación del PSOE

El Congreso constituirá este mismo martes por la tarde, la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia suscritos en pandemia, que fue impulsada por el PSOE tras estallar el llamado caso PSOE y que se acordó crear en el último Pleno. Así las cosas, mientras el objetivo del grupo socialista se centra en examinar las adjudicaciones realizadas por comunidades gobernadas por el PP, especialmente la de Madrid, los populares apuntan a altos cargos del PSOE, entre los que destaca Salvador Illa, por las consecuencias que podría tener para el candidato del PSC a la Generalitat, quien fuera ministro de Sanidad en los meses bajo sospecha, ante la inminencia de las elecciones en Cataluña.

No en vano, fue a finales de febrero, tras las informaciones sobre la trama por la que fue detenido Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, cuando el PSOE registró esta comisión, que fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado jueves, pero sin apoyo del PP, que optó por la abstención, ni de Vox, que votó en contra.

Con ella los socialistas pretenden examinar durante cuatro meses los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado, entre ellos los del caso Koldo, pero también revisar los procedimientos de contratación de otras administraciones públicas, con el fin de «estudiar y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro».

Unas anomalías que, sin embargo, y de acuerdo con los requerimientos planteados por Hacienda a varios de los Ministerios del Ejecutivo, a los que ha tenido acceso El Debate, los socialistas ya conocían con anterioridad a la apertura de las diligencias de investigaciñon judicial que pesan sobre varios altos cargos y asesores y salpican, al menos, a tres Ministerios y dos comunidades autónomas. Entre ellas, las de Baleares, bajo el mandato de la actual presidenta del Congreso Francina Armengol, y la de Canarias, durante la etapa del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.