Fundado en 1910

La ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa de este martesEFE

Dato mata a relato otra vez

El Gobierno vincula el referéndum de Aragonès a la precampaña catalana pero se le cae la coartada

El presidente catalán empezó la andadura que le ha llevado hasta este martes el pasado octubre, cuando no había convocadas elecciones en Cataluña y Pedro Sánchez no había sido investido

El presidente catalán dio este martes dos tazas de convivencia y reencuentro a Pedro Sánchez al presentar un proyecto de referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno, en base al artículo 92 de la Constitución.

La noticia pilló a la portavoz del Ejecutivo minutos antes de comparecer tras el Consejo de Ministros. No obstante, Pilar Alegría ya tenía el argumentario preparado desde hacía una semana. De hecho, es el mismo que empleó el ministro Félix Bolaños el pasado martes desde esa misma mesa, después de que la secretaria general de ERC afirmara que ya negocian con el PSOE los términos de una consulta. En ambos casos, la versión del Gobierno de Sánchez es que todo en ERC y Junts es pose electoral.

«Ustedes conocen perfectamente que el 12 de mayo hay unas elecciones en Cataluña y, por tanto, muchas cuestiones y muchos planteamientos que realicen distintos candidatos tienen ese objetivo», señaló Alegría. Quien, de manera deliberada, se refirió a Pere Aragonès como «el candidato Aragonès», resaltando así el contexto electoral en el que se ha producido su movimiento.

La propuesta nació en octubre

No obstante, esta propuesta de Aragonès no nace de la combustión espontánea, sino que hay que remontarse a octubre, cuando no había elecciones convocadas en Cataluña y Sánchez estaba negociando su investidura con el independentismo. El día 16 de ese mes, el presidente catalán presentó un informe que había encargado al Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad para estudiar las posibles vías para organizar un referéndum.

A raíz de ése, por entonces Aragonès encargó un segundo informe al Instituto de Estudios del Autogobierno para que aclarara cuál debía ser el «instrumento jurídico concreto» para llevar a cabo ese referéndum. Y el resultado de este último estudio es el que presentó este martes Aragonès. Curiosamente, dirige ese instituto desde 2021 el portavoz de ERC en el Congreso y exletrado mayor del Parlamento de Cataluña Joan Ridao. Él y el ahora senador de Esquerra Joan Queralt fueron los autores de la ley de amnistía que el independentismo registró en 2021 y que fue inadmitida por la Mesa del Congreso por inconstitucional. Pero luego ha resultado que la actual ley de amnistía calca parte de aquella otra, como reveló El Debate en noviembre.

Durante su comparecencia, la ministra portavoz insistió en que, «en absoluto», el referéndum está en la hoja de ruta del Gobierno. «La hoja de ruta de nuestro Gobierno es la unidad, el reencuentro y la concordia, y es en esa línea en la que estamos trabajando». «No compartimos en absoluto esa propuesta del candidato Aragonès. Nuestra posición es clara y radicalmente contraria, y es convivencia y seguir avanzando», añadió.

La semana pasada, en esa misma mesa, el ministro Bolaños despachó una pregunta sobre el referéndum en términos muy parecidos, si no prácticamente calcados: «Estamos en campaña electoral en Cataluña y, por tanto, vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas como ésta por la que me pregunta (….). Nuestra apuesta es por el acuerdo, por el diálogo, por el futuro, por esas mayorías transversales, por la convivencia dentro de Cataluña y también de Cataluña con el resto de España», sostuvo entonces.

Las menciones al referéndum que viene haciendo ERC son todo un misil en la línea de flotación del PSC y de su candidato, Salvador Illa, que está jugando a ser el más constitucionalista en esta precampaña. El pasado martes, el Consejo de Ministros incluso aprobó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una iniciativa legislativa popular que pide declarar la independencia y que la Mesa del Parlamento de Cataluña bendijo el pasado 20 de febrero. Es decir, cinco semanas tardó el Ejecutivo en reaccionar, y queda la duda de si habría recurrido igualmente al TC de no haber habido convocatoria de elecciones catalanas entre medias.

Cabe recordar que, en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, ambas partes ya se comprometían a «abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán».