Los hechos que convierten a Sánchez en una amenaza para la democracia

Una democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. Para contar con un auténtico sistema de derechos y libertades hace falta bastante más. Lo primero, y fundamental, es respetar el derecho de los adversarios políticos a existir.

Es necesario también observar la autocontención en el ejercicio del poder, sin llevar todas sus prerrogativas hasta sus límites.

Deben respetarse las normas no escritas que oxigenan el sistema y hacen posible el juego limpio. Hay que mantener viva la separación de poderes y la libertad de expresión y manifestación. Por último, es imprescindible la aceptación de las instituciones del país y del orden constitucional sobre el que se ancla la democracia en cuestión.

¿Pasa Sánchez esa prueba del algodón del demócrata?

Ante la pregunta caben dos respuestas. La de los que creen que considerar al actual presidente como una amenaza para la democracia supone una hipérbole apocalíptica de radicales de derechas, y la de los que opinan que los pasos que ha ido dado erosionan ya nuestro sistema de derechos y libertades. Los mayores críticos de Sánchez llegan a decir que nos encontramos de hecho ante un autócrata en ciernes.

¿Es Sánchez realmente una amenaza para la democracia? Estos son los hechos que invitan a responder que sí:

Sánchez niega a sus adversarios políticos su derecho a existir

Tras el fin del larguísimo mandato de 13 años del carismático Felipe González, el PSOE concluyó que su único modo de mantener una base electoral pasaba por radicalizar la política y reabrir el guerracivilismo más sectario. En esa línea, Zapatero estableció la necesidad de arrinconar al Partido Popular con un «cordón sanitario» y los socialistas fijaron la norma de pactar en todas las administraciones siempre antes con los separatistas que con el centro-derecha y la derecha.

Con Sánchez esa política de trincheras se ha exacerbado, llegando a propugnar en su discurso de investidura de noviembre del año pasado que se levante «un muro» contra la derecha.

Otro ejemplo de la intolerancia del sanchismo con la oposición es la campaña de descrédito del Senado que ha iniciado el PSOE ante el hecho de que ahora el PP goza allí -por libre voluntad de los votantes- de mayoría absoluta.

Ejemplo supremo del «muro» es el trato que dirigen el presidente y el PSOE a Vox, partido defensor de España y el orden constitucional al que desprecian por sistema y al que incluso amenazan con denuncias nacionales e internacionales (véase las leyes de Concordia). Sánchez insulta a Vox mientras pacta con la formación de ETA y con los partidos que protagonizaron el golpe separatista de 2017, Junts y ERC, a cuyos cabecillas ha amnistiado e indultado.

Sánchez carece de autocontrol y mesura en su ejercicio del poder

El actual presidente no se pone límites, ni observa las reglas no escritas de nuestra democracia (empezando por el acuerdo tácito que establecía que en España gobernaba quien había ganado las elecciones).

Sánchez ha sido de largo el presidente que más ha abusado del decreto-ley, modalidad legislativa que la Constitución reserva a «casos de extraordinaria y urgente necesidad».

En sus dos legislaturas, Zapatero sumó 107 decretazos y Rajoy, 106. Sánchez acumulaba ya 138 a las puertas de las elecciones del 23-J. Además, en la elaboración de las leyes ignora por sistema los informes preceptivos de los órganos consultivos. También ha legislado con el objetivo político expreso de maniatar a una justicia que considera opuesta a su proyecto.

Sánchez no respeta la neutralidad de las instituciones del Estado, que ha de servir a todos los españoles, no solo a los votantes de izquierdas. Ha colocado a una ministra de Fiscal general. A un miembro de la Ejecutiva del PSOE al frente del CIS. A una militante del PSOE como presidenta de RTVE. A su antiguo secretario de Estado de Comunicación al frente de la Agencia Efe.

Sánchez vulnera la separación de poderes con ataques a los jueces

El actual presidente ha impulsado leyes ad hoc para maniatar al Consejo del Poder Judicial, simplemente porque no se daba allí una mayoría de representantes de izquierdas. Al impedir por ley el normal funcionamiento del CGPJ ha provocado serias mermas de personal que lastran el funcionamiento del Supremo y otros altos tribunales.

El actual presidente y sus ministros han acosado a los jueces que consideran que no son de su onda ideológica, lo que llaman «progresismo». Han aceptado el concepto de «guerra judicial», ideado e impuesto por los autores del golpe separatista de 2017, y han dejado desprotegidos a los magistrados frente a los ataques virulentos de los independentistas (muchas veces señalándolos con nombres y apellidos).

Sánchez ha colonizado el Tribunal Constitucional con un elenco de magistrados que sitúan su sumisión al PSOE por encima de las consideraciones jurídicas técnicas. Se da así una entrega sectaria inédita hasta ahora, a pesar de que el TC ya había estado politizado anteriormente. Lo mismo ocurre con el actual fiscal general del Estado, que en su etapa como fiscal en Galicia anunció ya lo que venía participando en mítines del PSOE.

El dominio sectario del TC le permite al presidente ir modificando la Constitución por la puerta trasera, pues Conde-Pumpido y su mayoría de izquierdas visan como constitucional todo aquello que conviene al gobernante. Ejemplo extremo ha sido que el Constitucional ha llegado a la aberración de operar como una suerte de tribunal de casación que corrige aquellas sentencias del Supremo que Sánchez consideraba molestas en el contexto de su necesaria sumisión a los socios separatistas, a los que debe el poder.

Sánchez ha sido condenado por el TC y por la Junta Electoral

El actual presidente ha sido condenado dos veces por el Tribunal Constitucional por su aplicación abusiva del estado de alarma; sin reacción alguna por su parte: ni dimisión, ni disculpas. También ha sido multado por la Junta Electoral, que en octubre de 2023 le impuso una sanción de 2.200 euros por criticar a PP y Vox aprovechando un Consejo Europeo en plena campaña electoral.

En febrero de este año, la Junta Electoral le abrió un nuevo expediente, por una visita presidencial a un astillero de Ferrol aprovechando su cargo para hacer electoralismo ante las autonómicas gallegas. Ni la multa ni el expediente dieron lugar a reacción alguna del gobernante que cometió el abuso.

Sánchez limita de hecho la labor de la prensa crítica

Es el primer presidente de nuestra democracia que solo concede entrevistas a medios afines. También veta en las comitivas de sus viajes internacionales a los periodistas de empresas de línea editorial contraria a su Gobierno. Ha llegado a señalar a algunos comunicadores para colocarlos en la diana. En las ruedas de prensa del presidente y del Consejo de Ministros, los turnos de preguntas se conceden de manera abrumadora a medios de izquierdas.

Los medios afines son también favorecidos a la hora de repartir la propaganda institucional. Los datos de audiencia no se tienen en cuenta y algunos medios residuales sobreviven gracias al Gobierno por su servicio leal al PSOE. El trato de los gabinetes de comunicación de su Ejecutivo hacia los medios no afines es displicente cuando los periodistas críticos les hacen consultas, y mucha veces optan directamente por el mutismo.

Sánchez tiene la costumbre de hacer importantes anuncios políticos, que a veces son auténticas cuestiones de Estado, a través de su periódico de cámara, El País, convertido en una especie de segundo BOE. La decisión diplomática más importante de su mandato, el giro en el Sahara, ni siquiera se comunicó oficialmente por los conductos formales del Gobierno de España, sino mediante una carta del Reino de Marruecos de la que se hizo eco el inevitable El País (a cuyos accionistas internacionales, nada comprometidos con los intereses de España más allá de ganar dinero en ella, premia a través de negocios en empresas como Indra, garantizándose así su apoyo). Felipe VI tampoco fue informado de aquel viraje diplomático oscurantista, ni sus socios de la coalición de Gobierno.

Sánchez se salta todas las buenas prácticas de higiene democrática

Desde su llegada, la rueda de prensa del consejo de ministros, creada para informar de los acuerdos tomados por el Gobierno, se han convertido abiertamente en un mitin partidista. Se percibe hasta en la sala de prensa de la Moncloa, adornada ahora con carteles con leyendas propagandísticas. La más sonada fue el «Saldremos más fuertes» de los días de la pandemia», preludio en realidad de la mayor caída del PIB en un país de la OCDE.

Sánchez ha llevado al extremo el uso de la Fiscalía y la Agencia Tributaria como herramienta de la lucha política, llegando en el caso de la pareja de Ayuso a filtrar sus acusaciones contra un particular. También en relación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente ha acusado de corrupción a su hermano, a pesar de que la justicia había desestimado las acusaciones contra él. Lo hizo en una rueda de prensa en Marruecos, sabiendo que Tomás Ayuso no está a día de hoy acusado de nada. Difamó por tanto a un particular desde la atalaya del poder.

Sánchez y su ministra de Hacienda acusaron en sede parlamentaria al líder de la oposición de haber dado ayudas en su día a una empresa para la que trabajaba su mujer. Resultó que la acusación se basaba en un bulo de un pequeño periódico digital de izquierdas apoyado por el Gobierno, que hubo de reconocer en horas su falacia. Por supuesto no hubo disculpas del presidente y su ministra.

Sánchez y sus asesores se han inventado los balances de evaluación de su año de gestión, que celebra con unas pomposas ruedas de prensa en las que se concede sistemáticamente un sobresaliente.

Sánchez emplea el avión del Estado para usos lúdicos particulares y también para actos partidistas. Cuando quiere acudir a un mitin en el Falcon utiliza el truco simplón de fijar en su agenda un supuesto acto presidencial corto e irrelevante, que le permita disfrazar el vuelo como oficial.

Sánchez es un dirigente oscurantista que ignora casi por sistema las reclamaciones de información a través de Transparencia, por ejemplo en lo que atañe al uso de los palacios y residencias vacacionales del Estado.

Sánchez desprecia al Parlamento. Nunca había estado tanto tiempo inactivo como bajo su mandato. Además lo soslaya con la aprobación exprés y sin los debates debidos de leyes importantísimas, como la de la Amnistía.

Sánchez ha convertido la mentira en la enseña distintiva de su mandato

De manera orwelliana, Sánchez es un mandatario capaz de sostener sin inmutarse una cosa y su contraria. Con él se ha asistido a un proceso de demolición del principio de realidad en la política española.

Ha mentido de manera aparatosa en sus promesas electorales. En la campaña de las elecciones de noviembre de 2019 prometió que trabajaría para traer a Puigdemont y que fuese juzgado en España, «porque nadie está por encima de la ley y él es un prófugo de la justicia española». También aseguró que endurecería las leyes contra los separatistas.

Sin reconocerlo jamás ante los electores, a continuación hizo exactamente lo contrario: indultar a Junqueras y sus cómplices, retirar a su dictado las penas del Código Penal contra la sedición y la malversación y, finalmente, aceptar una Ley de Amnistía al dictado de Puigdemont. Tres días antes de los comicios del 23-J, Sánchez seguía mintiendo a los electores diciéndoles que no habría amnistía.

También ha mentido en su promesa de que nunca gobernaría con Podemos (el sonado «no podría dormir») y en la de que jamás cooperaría con Bildu. En la pandemia, las mentiras fueron una constante, inventándose un informe estadounidense de aplicación de test que no existía y un «comité de expertos» que tampoco, o incluso falseando los datos de muertos por la covid-19. Además, dio la epidemia por concluida el 4 de julio de 2020 y invitó a «disfrutar de la nueva normalidad», porque le venía bien para unas inminentes elecciones autonómicas, pero luego hubo aún cinco oleadas más del virus, con miles de muertos.

Sánchez ha impuesto la amoralidad táctica como forma de hacer política y justifica los engaños al público como legítimos cambios de opinión.

Sánchez practica el nepotismo sin complejo alguno

El arquitecto Iñaqui Carnicero, viejo amigo de Sánchez de los días del Instituto Ramiro de Maeztu, se encontraba viviendo en Estados Unidos, emigrado al no lograr encontrar trabajo en España. «Tenemos que traer a Iñaqui de vuelta», comentó su amigo Pedro en un programa de televisión estando todavía en la oposición. Cuando llegó al poder cumplió su palabra. En el verano de 2020 inventó a la carta para Carnicero un puesto en la Administración que no existía, el de director general de Agenda Urbana y Arquitectura. Más tarde fue ascendido por su amigo a director general de Vivienda.

Poco después, en noviembre de 2020, enchufó a la mujer de Carnicero, también arquitecto, como nueva directora de Gestión Inmobiliaria de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Luis Miguel Fernández Aparicio y Sánchez se conocían desde los 16 años por jugar juntos al baloncesto. Fernández se convirtió en policía municipal en Madrid. En 2017, Sánchez lo llama para que sea el jefe de seguridad del PSOE. A continuación, en marzo de 2020, regala a su amigo un contrato de alta dirección en la SEPI, también mediante la creación de un nuevo puesto, el de director de seguridad del consorcio de empresas estatales.

Juan Manuel Serrano era amigo personal de Sánchez desde los años en que fue su jefe de gabinete en Ferraz. Tras su llegada a la Moncloa lo nombró director de Correos, con un sueldo de 200.000 euros. Allí llevó a cabo una gestión calamitosa, dejando unas pérdidas de 1.300 millones. Su labor fue tan mala que su amigo lo relevó en diciembre del año pasado. Pero no pasa nada, la maquinaria del nepotismo ha continuado funcionando y ha sido premiado con el cargo de director general de la Seitt, el organismo público responsable de las autopistas rescatadas por el Estado. La mujer de Serrano es diputada del PSOE.

Otro capítulo de creciente interés son las polémicas actividades de la mujer del presidente, Begoña Gómez, que suscitan un conflicto de incompatibilidades con decisiones económicas que toma su marido en el Consejo de Ministros.

Sánchez ha roto la igualdad entre españoles

La Ley de Amnistía, además de traicionar lo que sostenía firmemente el PSOE hasta que perdió las elecciones del 23-J, liquida el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos. Los españoles dejan de ser iguales ante la ley, al perdonar de manera arbitraria, y contra el criterio de la sociedad y de los tribunales, a unos delincuentes por la única razón de que Sánchez necesita sus votos para perpetuarse en el poder sin ganar los comicios. El posible «cupo catalán», la nueva exigencia de sus socios separatistas, ahondará esa vía de desigualdad entre españoles y romperá la caja única que da sentido a un Estado.