Los fiscales son escépticos con la reforma de su Estatuto: «Sólo cabe una Fiscalía independiente del Gobierno»

Las asociaciones fiscales han empezado a estudiar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una posible reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) de cara a la futura y eventual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado y que aspira a dejar en manos de los fiscales las investigaciones penales. Para ello «sólo cabe un único camino, la total independencia de la institución del Gobierno de turno», señalan los fiscales. Un aspecto en el que la Asociación mayoritaria (AF) ha insistido durante el encuentro celebrado, este miércoles, y que ha sido secundado por la Asociación Profesional (APIF), según apuntan a El Debate fuentes próximas al mismo.

Tras una primera toma de contacto, los interlocutores designados –dos por cada una de las entidades profesionales– han acordado volver a reunirse con la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Ana Isabel García, el próximo 7 de mayo.

Tanto la AF, como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han sentado a la mesa con el jefe del Ministerio Público después de que la semana pasada éste les convocara a un encuentro para crear un grupo de trabajo que desarrolle el Estatuto Orgánico, ante una nueva LeCrim.

Pese a que la reunión se ha celebrado en un momento de altísima tensión en el seno de la Carrera, molesta con las recientes maniobras de su titular en asuntos judiciales de gran calado, con una querella por prevaricación contre él pendiente de admitirse –o no– en el Supremo; y, tras el desafío planteado por seis vocales del Consejo Fiscal con un informe contrario a la amnistía que el propio García Ortiz, se negó a remitir al Senado, hasta en tres ocasiones, ninguno de los temas más polémicos ha visto la luz en el transcurso de la misma.

El contenido de la cita se ha centrado en plantear la «mejor forma de poner en marcha una comisión de estudio para modificar el Estatuto», partiendo de estudios previos que ya existían al respecto en la carrera fiscal -por ejemplo, el impulsado por el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce- y determinar los «puntos estratégicos que deberían ser modificados» para que el trabajo de los fiscales pueda asumir nuevas competencias, como la instrucción penal que quiere impulsar el actual Ejecutivo socialista.

De ahí que desde la asociación mayoritaria de la Carrera fiscal hayan insistido en la necesidad de blindar, antes, la independencia de la institución; no sólo del fiscal general, frente a los sucesivos Gobiernos, sino también de los propios fiscales frente a las órdenes discrecionales y el «actual poder omnímodo» de éste, también en el seno del Consejo Fiscal, con un sistema objetivo de adjudicación de asuntos, contrapesos internos y absoluta transparencia en la comunicación del Gobierno.

Esta es una propuesta que la AF ha defendido en varias ocasiones y que la semana pasada trasladó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la reunión mantenida con éste de cara al nuevo Anteproyecto de reforma de la LeCrim que se ha puesto en marcha.

La APIF, por su parte, y según ha podido saber El Debate, también se ha mostrado, de forma reiterada, a favor de blindar la independencia de los fiscales y ha planteado una reforma del Estatuto para que la responsabilidad disciplinaria de los fiscales acabe en el fiscal general y no en el Ministerio de Justicia.

Un reparto equitativo de interlocutores

En el trasncurso de este primera reunión, el fiscal general Álvaro García Ortiz ha propuesto una metodología y un calendario de trabajo para que sean las asociaciones, bajo la tutela de la Fiscalía General, ya que la coordinación de las sesiones quedará a cargo de la jefa de la Secretaría Técnica, las que comiencen los trabajos de redacción del nuevo Estatuto.

Así las cosas, aunque García Ortiz pretende así que «todos los fiscales» participen en la reforma, al entender que «sólo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura LeCrim», tampoco ha querido dejar en sus manos, de manera exclusiva, los contenidos a incorporar en la propuesta definitiva. De hecho, ha propiciado que, con independencia del porcentaje de representatividad de cada una de las asociaciones, por número de afiliados y vocales en el Consejo Fiscal, todas cuenten con el mismo número de miembros presentes en la mesa técnica. Y, con ello, evitar, de paso, la posibilidad de vetos o líneas rojas en las materias más controvertidas.

La reunión entre García Ortiz y las asociaciones tiene lugar después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado su intención de recuperar este 2024 el proyecto de una nueva LeCrim. Según las fuentes fiscales consultadas por esta agencia de noticias, desde la Fiscalía General entienden que «esta nueva ley debe ir acompañada necesariamente» de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, lo que ha impulsado al fiscal general a convocar a la AF, la UPF, y la APIF.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 26 de marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, apuntó que el objetivo del Ejecutivo era «adecuar las normas de enjuiciamiento criminal» a la actualidad.

«No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal», manifestó el ministro.

Preguntado sobre si la reforma contempla acortar los plazos de instrucción como el Gobierno ofreció a Junts en febrero en el marco de las negociaciones de la ley de amnistía, Bolaños incidió en que el texto estaba en una fase «muy inicial». «Una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones como la que usted plantea», señaló entonces el titular de Justicia. Una posición que habría corroborado el propio fiscal general, este miércoles, al asegurar que el éxito de los trabajos en curso «depende», en todo caso, «de una voluntad política».