Una asociación de fiscales abandona la reforma del Estatuto tras las maniobras de García Ortiz en el caso del novio de Díaz Ayuso

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha remitido una carta al titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, para comunicarle su decisión de abandonar el grupo de trabajo conformado la semana pasada para la reforma de su Estatuto Orgánico, pendiente de reunirse de nuevo el próximo 7 de mayo, en paralelo a la modificación iniciada por el Gobierno sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que aspira a quitar la instrucción de las causas penales a los jueces en favor de los fiscales. Las últimas maniobras de García Ortiz en la causa de las filtraciones de la investigación tributaria al novio de Isabel Díaz Ayuso han sido el detonante que ha empujado a la APIF a dejar la comisión técnica prevista, de acuerdo con la misiva a la que ha tenido acceso El Debate.

«La última actuación del Fiscal General del Estado (FGE) en la que, al hilo de un acto de toma de posesión de fiscales, asume la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid», con datos confidenciales de un ciudadano particular, en la que «no aclara si la orden partió de él mismo, resulta insuficiente» para la Comisión Ejecutiva de la entidad profesional.

«Este último acontecimiento, llevado a cabo» por García Ortiz, «pone de manifiesto, claramente», a juicio de la APIF, «su falta de voluntad en profundizar en un modelo de Ministerio Fiscal que pueda asumir, con todas las garantías para el ciudadano, la instrucción de las causas penales». Una de las líneas rojas, la de la independencia de los fiscales dentro y fuera de la Carrera, que dejó asentadas la entidad asociativa como condición, durante la «primera reunión del grupo de trabajo creado por la Fiscalía General del Estado», para formar parte de la misma.

«La situación provocada ahora, se suma a otros comportamientos del FGE, como haber sido condenado por desviación de poder, que, conforme ya hemos expuesto en comunicaciones anteriores hace que, a nuestro juicio, la persona que encarna el puesto», de máximo responsable de la institución, «no sea idónea para ello». Un hecho en el que, además, se apoyaba hace unos días la APIF para presentar, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, una demanda de impugnación y anulación del decreto ministerial con el que el actual Gobierno confirmó su segundo mandato.

«Presiones para neutralizar» la querella

Tal y como revelaba El Debate, la estategia seguida por García Ortiz, reconociendo su máxima responsabilidad institucional, en la polémica por la nota emitida desde la Fiscalía de Madrid, al hilo de una investigación tributaria a un ciudadano particular, buscaba neutralizar la querella presentada por éste contra varios miembros del Ministerio Público.

Una maniobra que sumada a «la orden dada por la Teniente del Tribunal Supremo a la fiscal que se está encargando del asunto conocido como la querella presentada por el Colegio de Abogados de Madrid y un particular (pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid) contra la Fiscalía Provincial de Madrid y un fiscal de ésta, en el sentido de que debe informar la inadmisión a trámite» de la misma ante «el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a nuestro entender, se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España», reprocha la Dirección de la APIF en su carta al fiscal general del Estado.

«No podemos compartir que en la propia Fiscalía General, como han informado medios de comunicación, se haya producido, a instancia de la Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, una reunión de los fiscales que están llevando el procedimiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto con los fiscales que están en posición de querellados en dicho procedimiento», advierte la entidad profesional. La misma que a renglón seguido califica los hechos como un «comportamiento anómalo que no respeta la debida independencia del/los fiscales del caso».

«En la primera reunión del grupo de trabajo creado en la Fiscalía General del Estado, por parte de nuestra asociación, indicamos que un nuevo EOMF debía contemplar una independencia absoluta en un doble sentido: primero, del Gobierno, ya que la Constitución Española nos sitúa dentro del Poder Judicial (con autonomía funcional); y, segundo: debía blindarse al fiscal del caso concreto, revistiéndole de total independencia para que no pudiera se inquietado en su labor investigadora, debiendo ser independiente hasta de la propia institución», ha recordado la APIF.