García Ortiz neutraliza la querella del novio de Ayuso y «presiona» para que sea su número dos quien la resuelva en el Supremo

Por sorpresa y de manera pública, el fiscal general del Estado reconocía, este lunes, la «responsabilidad única» de la confección y difusión de la nota emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, en relación con la investigación abierta contra el novio de Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito tributario. La decisión no ha sido improvisada, ni gratuita, sino que responde a una «estrategia» del titular del Ministerio Público para neutralizar la querella por revelación de secretos planteada por la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto Gozález Amador, que sigue abierta contra la Fiscalía Provincial y su titular Pilar Rodríguez.

Las «discrepancias irreconducibles» manifestadas por los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con las «inadmisibles presiones» recibidas desde la cúpula de la institución, que apostaba por archivar el asunto sin necesidad de investigarlo, son clave para entender la nueva maniobra de García Ortiz. Y es que cabe recordar que, como publicó El Debate en exclusiva, la jefa de la Fiscalía Superior, Almudena Lastra, ya se negó en un primer momento a asumir como propio el contenido del comunicado confeccionado en la Fiscalía General, causante de todas las acciones judiciales, y a divulgar el mismo desde su oficina de prensa.

Desde entonces y hasta ahora, la número dos de la institución, Ángeles Sánchez Conde, ha tratado de finiquitar cuanto antes el escándalo de la filtración de los datos confidenciales de un particular –obtenidos de las conversaciones mantenidas por su abogado con el fiscal responsable de su caso, Julián Salto, en busca de un posible pacto de conformidad–.

No en vano, y según informan fuentes fiscales a El Debate, se produjeron hasta tres reuniones, a «diferentes niveles» para tratar de «reconducir» una situación «que se ha vuelto muy incómoda» para los máximos responsables del Ministerio Público. Pero, por su parte, la fiscal designada por la Fiscalía Superior, María de la O Silva, se ha mostrado «en todo momento reacia» a dar carpetazo al asunto sin hacer unas «mínimas averiguaciones».

De ahí que, finalmente, el fiscal general haya decidido absorber toda la «responsabilidad» y, con ello, retirar el caso a O Silva de manera indirecta, sin tener que emitir una orden explícita –que ya fue desatentida– dado que al ser aforado, la causa tendrá que elevarse, previsiblemente, al Supremo para que se encargue de la misma. Una vez en el Alto Tribunal, la Fiscalía deberá designar a una nueva ponente ante la Sala Segunda de lo Penal. Un encargo que, entonces, podría recaer en la propia teniente fiscal Sánchez Conde, como ya sucedió en la interpuesta por prevaricación por el PP que resultó archivada.

Al igual que en dicho caso, y en el mismo sentido en el que la Fiscalía Provincial de Madrid ha respondido, hace unas horas, a la denuncia penal presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra el Ministerio Público por revelación de secretos, todo apunta a que la segunda de García Ortiz volverá a insistir en que «no hubo delito alguno» en el cuerpo, o en la divulgación, de la nota de prensa sobre el novio de Ayuso.

«No contenía información confidencial»

«La comunicación» emitida «no contenía» información «confidencial» que pudiera haber «perjudicado el derecho de defensa» del investigado por un presunto delito contra la Agencia Tributaria, aseguraba el fiscal general durante la declaración institucional en la que asumía la «responsabilidad» íntegra de la misma.

«Como Fiscal General del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», aseguraba García Ortiz tras varias semanas de hermético silencio.

«No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución» y «no pienso consentir que la fiscal Jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva», advertía el máximo responsable del Ministerio Público. Una vez reconocida su 'culpa' el Partido Popular ha instado su «dimisión inmediata».