Sánchez aparca la aprobación de dos leyes que debían regular casos como el de su mujer

El Gobierno ha aparcado sine die la aprobación de dos proyectos de ley que debían regular casos de conflictos de intereses y de lobbismo como el que afecta a Pedro Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez. En concreto, se trata de la ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés (comúnmente conocidos como lobbies) y la ley de prevención de conflictos de intereses del personal al servicio de la administración pública.

El Ejecutivo se comprometió a aprobar ambas antes del próximo 31 de diciembre en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. Y, de hecho, la legislatura pasada los ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda llegaron a elaborar sendos anteproyectos y a someterlos a la fase de consulta previa. Sin embargo, el Gobierno ha excluido ambas normas del Plan Anual Normativo 2024, que es su agenda legislativa para el año en curso. Ni tiene voluntad, ni tiene votos.

El Consejo de Ministros aprobó dicho plan anual el pasado 26 de marzo, cuando el caso Begoña ya llevaba un mes supurando. La primera información conocida al respecto fueron las reuniones mantenidas entre la mujer del presidente y Javier Hidalgo, el consejero delegado de Globalia, la matriz de Air Europa. La aerolínea fue después rescatada con 616 millones de euros (141 millones en créditos del ICO y 475 millones del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas), que se aprobaron en dos Consejos de Ministros en los que Sánchez no se inhibió.

El registro de lobbies

El proyecto de ley que más avanzado estaba era el de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés; que incluye, o incluía, la creación de un registro de lobbies. Durante décadas, en España ha habido un vacío normativo sobre el lobbismo que la UE lleva tiempo instando a corregir. De hecho, es uno de los compromisos asumidos por España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desembolso de fondos europeos.

El propio Gobierno definía así la trascendencia de esta ley: «La normativa que regule los grupos de interés supone un claro fortalecimiento en la calidad, en la mejora y en la transparencia de la participación de los grupos de intereses en las tomas de decisión. Por otro lado, el establecimiento de un código de conducta para las personas representantes de estos grupos supone una mejor en la prevención de los conflictos de intereses en el ejercicio de los cargos y empleos públicos. Por supuesto, es una norma indispensable en relación con un sistema de integridad pública».

También tenía por objeto regular las relaciones entre los grupos de interés y los altos cargos sometidos a la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (de 2015), «en un marco de transparencia para la prevención de situaciones de riesgo en la toma de decisiones». Así como endurecer la regulación sobre las llamadas puertas giratorias.

El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto el 8 de noviembre de 2022, después de someterlo a los trámites de consulta previa, audiencia e información pública y de recabar informes y dictámenes de diversos órganos del Gobierno y consultivos. Entre ellos, el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ejecutivo. Pero su tramitación se interrumpió de forma abrupta con el adelanto de las elecciones generales y ahora parece haberle dejado de interesar a Sánchez.

Incompatibilidades y conflictos de intereses

La otra ley que ha entrado en barrena, la de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, estaba menos avanzada. Sobre todo, porque, en la fase de consulta pública, el Gobierno recibió muchas alegaciones y decidió ir más despacio «teniendo en cuenta la relevancia y complejidad de esta iniciativa». Para «asegurar el consenso necesario y su cumplimiento antes de la finalización del IV Plan de Gobierno Abierto». Aun así, mantuvo su compromiso ante la UE de aprobarla en 2024. Pero ya no.

Esta norma está pensada, o estaba, no solo para los altos cargos, sino para todo el personal de la Administración, funcionarios y no. Entre otras cosas, pretendía que los asesores a dedo (el personal eventual) se sometieran al mismo régimen de incompatibilidades de altos cargos. También, aprobar nuevas normas de abstención y recusación y modificar el régimen disciplinario. Así como introducir cambios en la Oficina de Conflictos de Intereses, que esta legislatura depende orgánicamente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el que dirige José Luis Escrivá.

Esta Oficina ha estado de actualidad recientemente porque el PP presentó ante ella una denuncia contra Sánchez por no haberse apartado en los Consejos de Ministros en los que el Gobierno aprobó las ayudas a Air Europa. Sin embargo, el organismo la archivó con el argumento de que no había caso. «No se da el supuesto previsto en la norma que permita considerar que el presidente del Gobierno haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación en orden a depurar responsabilidades por las decisiones del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, por lo que se procede al archivo de la denuncia», consideraron sus responsables.

Cabe recordar que Begoña Gómez no comparecerá en la comisión de investigación sobre el caso PSOE en el Senado porque el PP ha renunciado a citarla a declarar. Al menos, de momento, aunque los populares se guardan esa carta en la manga a la espera de acontecimientos.