El Senado retendrá la ley de amnistía un mes más antes de su inevitable aprobación

El inicio de las declaraciones de los 16 juristas designados por los grupos parlamentarios del Senado para opinar sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía marcó este martes, a su vez, el comienzo de la cuenta atrás para la vuelta de la norma al Congreso.

A la Cámara Alta le queda la carta del Tribunal Constitucional. Si finalmente el PP da ese paso, como parece, en las próximas semanas el TC tendrá que pronunciarse sobre el conflicto entre órganos constitucionales activado por el Senado para denunciar la injerencia del Congreso en sus atribuciones.

Pero los populares no albergan ninguna esperanza de que el TC adopte medidas cautelares que puedan dilatar más la tramitación de la ley. Y menos aún esperan que Cándido Conde-Pumpido dé la razón a la Cámara Alta en su reclamación. El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Gómez de Celis (del PSOE), retó este martes al Senado a acudir al Constitucional. Hasta ese punto están seguros los socialistas de que el TC no les pondrá un solo pero.

Así las cosas, el 16 de mayo como fecha límite el Senado tendrá que votar la ley de amnistía y devolverla al Congreso. Éste es el calendario del próximo mes. De la crónica de un esfuerzo infructuoso por parte de la institución presidida por Pedro Rollán; y de un final anunciado: la aprobación definitiva de la ley y su publicación en el BOE.

Durante las dos próximas semanas, hasta el 30 de abril, los expertos desfilarán por la Comisión conjunta de las comisiones Constitucional y de Justicia del Senado. Ocho de ellos han sido llamados por el PP, como el catedrático emérito de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gimbernat; la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixas. Entre los tres del PSOE figura el catedrático Javier Pérez Royo, partidario de la amnistía desde primera hora. Y Junts ha llamado al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que además es uno de los redactores de la ley de amnistía.

Una vez terminadas las comparecencias, el 6 de mayo se reunirá la ponencia de la comisión conjunta de Constitucional y Justicia. El PP oficializó la semana pasada que vetará la proposición de ley aprobaba por el Congreso, después de haber leído las conclusiones de los informes que encargó a los letrados del Senado, el CGPJ, la Comisión de Venecia y la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Las elecciones catalanas, por medio

Entre el 7 y el 16 de mayo deberán reunirse primero la comisión conjunta y después el Pleno para votar, y vetar, la proposición de ley. Aún no hay fecha, pero el resultado se conoce de antemano, dada la mayoría absoluta del PP. Existe cierta incertidumbre sobre la fecha en la que los populares convocarán el Pleno del Senado, puesto que las elecciones catalanas son el 12 de mayo. Así que podrían hacer elegir la recta final de la campaña, como espaldarazo a la candidatura y a la estrategia de Alejandro Fernández. No en vano, en esos comicios el PP busca aglutinar el voto no independentista, también el de los votantes del PSC descontentos. O la Mesa del Senado podría convocar el Pleno inmediatamente después de que los catalanes voten. El 15 de mayo es festivo en Madrid, así que ese día está descartado.

En cualquier caso, la ley de amnistía volverá a Congreso la segunda quincena de mayo para su aprobación definitiva. El 9 de junio son las elecciones europeas, las primeras de ámbito nacional en las que la ciudadanía podrá dar su veredicto sobre el borrado de los delitos del procés a cambio de los siete votos de Junts y los siete de ERC. Para entonces la norma ya debería estar en vigor, momento en el que entrarán en juego los jueces que han de aplicarla.

Se da por descontado que el Tribunal Supremo presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo. Según reiteró hace dos semanas el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, a Ciudadanos en una respuesta escrita, un recurso así supondrá la inmediata suspensión de la aplicación de la ley. Los valedores de la ley no lo creen así.