La ex jefa etarra 'Anboto' se niega a declarar sobre su papel en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

El juez Manuel García Castellón, que investiga la presunta responsabilidad intelectual de varios de los miembros de la cúpula de ETA en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en 1997, no ha conseguido arrancar ni una sola palabra sobre el asunto a una de las principiales imputadas, María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', que este viernes estaba citada a declarar, a partir de las 12:30 horas. Según ha podido adelantar El Debate, apenas un minuto se ha prolongado la comparecencia en la que 'Anboto' se ha negado a declarar.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6, del que es titular el juez García-Castellón, fijaba la convocatoria judicial de 'Anboto', vía videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Álava, donde se encuentra recluida cumpliendo condena, tras recibir el permiso de Francia para ser interrogada por los hechos en los que presuntamente participó, junto con varios de sus compañeros del Comité Ejecutivo (Kuba) de la banda armada, como «autora mediata».

Iparraguirre ya se había negado a decir nada sobre el asunto en julio de 2022, también en la Audiencia Nacional, acogiéndose entonces al principio de especialidad y aprovechando que había sido entregada por las autoridades galas en el marco de una causa distinta de la que ahora pesa sobre ella, en relación con el atentado contra Blanco. Durante todo este tiempo desde entonces, la ausencia de un juez de enlace con Francia ha dificultado las pesquisas y ha impedido que el procedimiento avance con la agilidad que hubieran deseado las víctimas personadas en la misma. Una plaza vacante a la que opta, conjunta e inéditamente con la de Suiza, la ex ministra de Justicia Pilar Llop, tal y como publicó en primicia El Debate.

Apenas unos meses antes de ese primer intento infructuoso para obtener alguna información de la exjefa de ETA, García-Castellón acordaba reabrir el caso, en marzo de 2022, tras admitir una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia que, de la mano de la Guardia Civil y varios informes detallados de los papeles de ETA, busca depurar responsabilidades más allá de los autores materiales –Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y su compañera sentimental, la también terrorista Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia, – ya condenados a 50 años de prisión por el terrible crimen.

Así, el magistrado trata de esclarecer el papel que jugó la entonces cúpula de ETA, en el diseño y la adjudicación de las órdenes necesarias para perpetrar el macabro secuestro y asesinato del joven edil popular que conmocionó, durante 48 horas agónicas, a toda España.

Concretamente, en manos de García-Castellón obran indicios que la propia 'Anboto', su compañero Miguel Albisu, 'Mikel Antza', José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'; e, Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería' no sólo conocieron los planes del comando encargado, sino que dieron su visto bueno al «objetivo prioritario» elegido como venganza contra el Estado español, tras el éxito de la operación policial que dio con el zulo en el que permaneció secuestrado, durante 532 días, el funcionario de prisiones José Ignacio Ortega Lara.

Tanto 'Kantauri' como 'Iñaki de Rentería' también están a la espera de ser citados a declarar, próximamente, por el instructor de las pesquisas.