La izquierda inicia una persecución a jueces, oposición y prensa no afín por el caso Begoña

Consciente o inconscientemente, José Luis Rodríguez Zapatero destapó este miércoles el meollo de la cuestión que se esconde tras el «basta ya» de Pedro Sánchez. «Seguramente, tendremos que tener algún debate sobre el esquema de funcionamiento de nuestra Justicia. Desde luego es imprescindible que la instrucción pase a la Fiscalía, e imprescindible no ceder ante el chantaje de la derecha sobre la elección del CGPJ. No es que los jueces elijan a los jueces, no, no, no», señaló el expresidente del Gobierno en el micrófono de la SER.

Detrás de los árboles de la airada reacción de Sánchez al caso Begoña, ayer se empezó a vislumbrar el bosque en el que la izquierda quiere adentrar el país. Al calor del debate sobre la salud y los límites de la democracia española, el PSOE y sus socios iniciaron una persecución a los jueces, la oposición y la prensa no afín. Todo aquello a lo que el ministro Félix Bolaños llamó «jauría».

La Judicatura molesta especialmente al Gobierno, porque amenaza con interponerse en la aplicación de la ley de amnistía, que será aprobada definitivamente en el Congreso en aproximadamente un mes. El Ejecutivo ya sabe que el Tribunal Supremo va a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, según ha confirmado la Comisión Europea, suspenderá la aplicación de la norma.

Cómo quitar la instrucción a los jueces

La puntada de Zapatero sobre las instrucciones judiciales no iba sin hilo. Tras el estallido del caso PSOE en la Audiencia Nacional, con ramificaciones en diversos ministerios y en los gobiernos regionales de Baleares y Canarias, el Gobierno retomó a finales de marzo su viejo proyecto de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y hacerlo este año. De momento, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no ha dado muchos detalles, pero sí ha dejado claro cuál es el principal objetivo en su Plan Anual Normativo 2024: «Se atribuye la investigación al fiscal». Es decir, que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que practiquen las diligencias, con el argumento de que en la mayoría de los países de la UE ya sucede así.

La anomalía en España es la obediencia demostrada por la Fiscalía General del Estado al Gobierno. Según los expertos, una nueva Lecrim debería ir necesariamente acompañada de una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que cambie el sistema de elección de los fiscales y refuerce su autonomía. Pero esa segunda parte no entra en los planes del Gobierno.

A mayores, en el Ejecutivo están hartos de los vocales conservadores del CGPJ. El último intento de negociación con el PP, con la mediación del comisario europeo de Justicia, terminó como los anteriores. Los socios de Sánchez llevan tiempo exigiéndole que desaloje por las bravas el órgano de gobierno de los jueces, sin contar con el PP.

No por casualidad, este jueves el portavoz de Justicia de Sumar compareció para proponer medidas para «acabar con la politización del Poder Judicial», explicó Enrique Santiago. La primera, una reforma inmediata en el acceso a la carrera judicial. La segunda, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con el bloqueo a su renovación. Si es necesario, rebajando las mayorías parlamentarias de tres quintos que ahora son necesarias para la elección de los miembros (motivo por el que es imprescindible el concurso del PP). Sánchez ya amagó con aplicar esta solución extrema la pasada legislatura, pero la UE le dio el alto.

Eso en lo general. En el caso particular del juez Juan Carlos Peinado, el que el miércoles abrió diligencias previas contra la mujer del presidente, la secretaria general del PSOE de Castilla y León pidió abiertamente su cabeza. «Ahora la pregunta es, ¿hay que inhabilitar a ese juez?», escribió Ana Sánchez en la red X. En los medios afines al Gobierno no tardó en aparecer que su hija es concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) desde el pasado mayo.

Feijóo y Abascal, en defensa propia

Por lo que respecta a la oposición, el propio Sánchez situó a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal como «colaboradores necesarios» de lo que calificó como un «atropello tan grave como burdo», en alusión a la causa judicial contra su esposa. En su carta a la ciudadanía del miércoles, el presidente acusó a ambos otra vez de no aceptar el resultado electoral.

En las últimas horas, los socialistas y sus socios culparon a «la derecha y la ultraderecha» de quebrar al presidente, «traspasando todos los límites», resumió la ministra Mónica García. Autora, en sus tiempos de líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, de frases como ésta: «Con una mano abandonaba a los mayores y con la otra enriquecía a su hermano» (marzo de 2022, Asamblea de Madrid).

Paradójicamente, los líderes del PP y Vox tuvieron que salir ayer a la palestra para defenderse. Abascal habló de un «nuevo totalitarismo» que «utiliza las mismas formas de los totalitarismos del viejo milenio»: «Demonizando al que se atreve a disentir, colocándonos adjetivos que persiguen nuestra muerte civil». Feijóo, por su parte, contradijo a los socialistas: «En todo caso, si hay un partido detrás de esto es el PSOE: el máximo y único responsable de los hechos».

La malvada prensa

En esa misiva a los españoles, el líder del Ejecutivo también se detenía en escribir largo y tendido sobre la «galaxia digital ultraderechista», los «medios de marcada orientación derechista y ultraderechista», la «constelación de cabeceras ultraconservadoras» y la «derecha y la ultraderecha mediática», que de todas esas formas la llamó en sus cuatro folios.

El presidente y los suyos llevan tiempo empleándose a fondo en la tarea no solo de desacreditar, sino directamente de criminalizar a los medios no afines. En una reunión con sus diputados, recién convocadas las elecciones generales, llegó a afirmar que los «grandes medios de comunicación» iban a desatar «una campaña más feroz de insultos y descalificaciones» para que no saliera reelegido. «Se van a inventar barbaridades porque nada es nuevo y porque lo que hacen es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Trumpismo», pronosticó.

La pasada legislatura, el Gobierno amenazó con poner una correa a la prensa a través de la Ley de Información Clasificada, que debía sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales. El Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto en el verano de 2022 en el que incluía multas de hasta tres millones de euros por difundir información secreta. En el texto, el Ejecutivo se aseguraba una discrecionalidad casi total para decidir qué era secreto oficial y qué no. Todas las asociaciones de prensa denunciaron la injerencia y el Gobierno echó el freno. No obstante, en esta legislatura Bolaños ya ha dejado caer que quiere desempolvar ese proyecto, porque es un compromiso con el PNV.

Jueces, oposición y prensa no afín, todos son culpables para el Gobierno y sus socios.