Las reformas legales que prepara Pedro Sánchez: intervención del Poder Judicial y control a la prensa libre

No hay nada nuevo en el despliegue de Pedro Sánchez, en los últimos cinco días, antes de comparecer para confirmar que continuará al frente del Gobierno. La estrategia del «perro apaleado» consiste en la que un líder político débil se presenta de manera victimista ante la sociedad, tras apartarse previamente de los focos, con la última intención de no sufrir un desgaste ante la proximidad de una cita electoral, las catalanas en este caso, y para buscar empatía y compasión frente a un identificado como enemigo común. En el caso de Sánchez, «la derecha» del «fango», la «jauría» definida por su ministro de Presidencia Félix Bolaños. Partidos de la posición, prensa crítica y jueces, todos son culpables para el Gobierno y sus socios.

A nadie escapa que la Judicatura incomoda, desde hace tiempo, al Gobierno que ha visto cómo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovación, se ha pronunciado en contra de la segunda designación del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su «inidoneidad» para el cargo o en contra de la constitucionalidad de una ley de amnistía, que podría quedar aprobada en el Congreso a lo largo del próximo mes de mayo, contra la que el Supremo se sabe que planteará cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una medida que, como ya ha confirmado la Comisión Europea, implicará la inmediata suspensión de la norma.

No es, por lo tanto, nada nuevo que Sánchez y sus socios de Gobierno, hayan puesto en su objetivo intervencionista al Poder Judicial. Cabe recordar que ya durante la pasada legislatura, PSOE y su entonces escudero Podemos, trataron de reducir –en dos emniendas parciales– las mayoría reforzada que el Congreso necesita para aprobar la renovación del Consejo de los jueces, previa modificación exprés del Código Penal para adaptar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Fue precisamente este último, antes del vuelco de su mayoría, a la medida de Sánchez y sus aliados separatistas, el que puso freno a la amenaza. Pero ha bastado una intervención, grabada, de Sánchez desde la Moncloa, tras cinco días de supuesta «reflexión» sobre su continuidad en el cargo, para que el presidente haya empezado a desvelar el camino del control a los jueces. No sólo sugiriendo la renovación del Poder Judicial, sin contar con la proporcionalidad parlamentaria que hasta la fecha era el baremo respetado entre los principales partidos, en alternancia, sino al margen de cualquiera de las recomendaciones de Europa para garantizar la independencia de los jueces, entre ellas, que sus representantes sean elegidos de entre sus pares.

La deriva elegida, muy al contrario, ha animado a asociaciones afines a la extrema izquierda, próximas a Sumar, como La Plaza, a concentrarse frente a la madrileña sede del Poder Judicial bajo el lema «El golpismo viste de toga». Ya en febrero de 2020, el 'kirchnerismo' duro marchó contra la Corte Suprema de Argentina, frente al Palacio de Tribunales, bajo la apariencia de una «marcha ciudadana» que, en realidad, era la respuesta del oficialismo a la incómoda independencia de los jueces que se atrevían a perseguir la corrupción del régimen.

Además, ya han surgido voces, como la de Joan Baldoví, dirigente de la formación independentista valenciana Més-Compromís, exigiendo que se actúe a golpe de BOE para «acabar con el lawfare». O incluso, pidiendo que se impulse, por ley, la entrada de «personas humildes» a la Carrera Judicial. No en vano, una de las punta de lanza de la cruzada de la izquierda para derribar el actual sistema de libre oposición, que permite el acceso a la condición de juez o fiscal en nuestro país, aspira a reemplazarlo, en su caso, por una suerte de selección 'democrática' en comisiones ad hoc compuestas por senadores, diputados y juristas afines al Gobierno de turno, en este caso, socialista.

De quién depende la Fiscalía

Si algo resulta anómalo en España es la obediencia demostrada por la Fiscalía General del Estado al Gobierno. En pleno escándalo del Ministerio Público por las filtraciones de la Fiscalía de Madrid sobre los datos del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno se desmarcaba con la propuesta de una nueva Ley de Ejuiciamiento Criminal (LeCrim) sobre la mesa que, sin embargo, tanto para el CGPJ como para la mayoría de la Carrera debería ir necesariamente acompañada de una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que cambie el sistema de elección de los fiscales y refuerce su autonomía.

No por casualidad, este jueves el portavoz de Justicia de Sumar compareció para proponer medidas para «acabar con la politización del Poder Judicial», explicó Enrique Santiago. La primera, una reforma inmediata en el acceso a la carrera judicial. La segunda, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con el bloqueo a su renovación. Si es necesario, rebajando las mayorías parlamentarias de tres quintos que ahora son necesarias para la elección de los miembros (motivo por el que es imprescindible el concurso del PP). Sánchez ya amagó con aplicar esta solución extrema la pasada legislatura, pero la UE le dio el alto.

El lawfare admitido por los socialistas en los pactos alcanzados con Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, ha permitido a ministros y diputados de izquierdas de todo signo, poner en la diana a jueces y fiscales, incluso haciendo uso del aforamiento que les proporciona la sede parlamentaria, como los cuatro del Supremo que actuaron como acusación durante el juicio del procés; el instructor de la causa de Tsunami en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón; o, el instructor de la trama rusa del independentismo catalán, investigada en el caso Voloh, Joaquín Aguirre.

En el caso particular del juez Juan Carlos Peinado, quien el miércoles abrió diligencias previas contra la mujer del presidente, la secretaria general del PSOE de Castilla y León pidió abiertamente su cabeza. «Ahora la pregunta es, ¿hay que inhabilitar a ese juez?», escribió Ana Sánchez en la red X. En los medios afines al Gobierno no tardó en aparecer que su hija es concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) desde el pasado mayo.

Culpable, la prensa no afín

Apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno compareciese ante la oponión púnlica, desde la Moncloa, para anunciar Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Partido Popular (PP) denunciabanante la Junta Electoral Central (JEC) la entrevista que Pedro Sánchez concedería, a última hora de este lunes, a Televisión Española (TVE). No es la primera vez que Sánchez se enfrenta a la fiscalización de otras formaciones en su uso de las instituciones, como las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, o los medios de comunicación públicos, en campaña, con interese partidistas.

En 2020, Sánchez fue multado por la Junta Electoral Central con 500 euros por vulnerar la ley y utilizar actos oficiales para sacar pecho de su propia gestión en plena campaña. El máximo órgano de control electoral determinó que el presidente del Gobierno, en funciones, se había aprovechado de «los medios públicos de que disponía en su condición» para sacar rédito en las urnas. Además, su entonces ministra portavoz, Isabel Celáa también era sancionada con otros 2.200 euros por valorar los datos del paro, con una pátina de electoralismo.

Sin embargo, al calor del debate sobre la salud y los límites de la democracia española, el líder del Ejecutivo también se ha recreado, en las últimas horas, contra la «galaxia digital ultraderechista», los «medios de marcada orientación derechista y ultraderechista», la «constelación de cabeceras ultraconservadoras» y la «derecha y la ultraderecha mediática», que de todas esas formas la llamó en los cuatro folios de su carta de amor; y, a los que se refirió, de manera constante, tanto en su intervención palaciega como en su entrevista, en prime time, posterior.

El presidente y los suyos llevan tiempo empleándose a fondo en la tarea no solo de desacreditar, sino directamente de criminalizar a los medios no afines. En una reunión con sus diputados, recién convocadas las elecciones generales, llegó a afirmar que los «grandes medios de comunicación» iban a desatar «una campaña más feroz de insultos y descalificaciones» para que no saliera reelegido. «Se van a inventar barbaridades porque nada es nuevo y porque lo que hacen es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Trumpismo», pronosticó.

La pasada legislatura, el Gobierno amenazó con poner una correa a la prensa a través de la Ley de Información Clasificada, que debía sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales. El Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto en el verano de 2022 en el que incluía multas de hasta tres millones de euros por difundir información secreta. En el texto, el Ejecutivo se aseguraba una discrecionalidad casi total para decidir qué era secreto oficial y qué no. Todas las asociaciones de prensa denunciaron la injerencia y el Gobierno echó el freno. No obstante, en esta legislatura Bolaños ya ha dejado caer que quiere desempolvar ese proyecto, porque es un compromiso con el PNV.