Vox afirma que el informe de la ONU sobre las leyes de concordia «es una burda estafa publicitaria»

Después de que tres relatores de la ONU hayan realizado un informe en el que instan a España a retirar las leyes de concordia de PP y Vox y a preservar la memoria democrática, fuentes de la formación que preside Santiago Abascal ha señalado que el dosier «es una burda estafa publicitaria», dado que «el autor del informe no es la ONU, sino tres 'relatores' que, además de trabajar para la ONU, ahora han elaborado este informe a petición del gobierno de Sánchez». «Probablemente lo hagan porque les interese llevarse bien con Moncloa después de ver cómo se enriquece todo el entorno del presidente, incluidos compañeros socialistas con contratos de pandemia», han agregado.

Asimismo, las fuentes del partido conservador han subrayado que «es una pena que estos relatores no hayan mostrado su interés por las invasiones migratorias, por el aumento de los delitos sexuales en España, por los índices de pobreza cada vez más altos, por los constantes ataques de este Gobierno a la separación de poderes y al Estado de Derecho o por los homenajes a etarras de los socios de Sánchez», y han lamentado que «tampoco han dicho nada cada vez que asociaciones financiadas por el Gobierno han enterrado de vuelta cadáveres exhumados sólo porque no les gustaba el bando en que habían luchado en la Guerra Civil».

Así las cosas, Vox ha advertido que «no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre».

«Vox reivindica las nuevas leyes aprobadas, que han permitido, principalmente, que deje de haber víctimas de primera y de segunda según el bando en el que lucharon los españoles hace casi 100 años; que se proteja todo nuestro patrimonio histórico y monumental; y que no se persiga a nadie por sus opiniones sobre la historia de España», han añadido.

Asimismo, han recalcado que «en el caso de las leyes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, hablamos de proposiciones aún en tramitación ante las que tres relatores de la ONU pretenden influir. Influir en una tramitación parlamentaria de un país soberano».