Borja Adsuara: «Acusar de desinformación para defenderse de informaciones críticas con el Gobierno es un acto de desinformación»

Borja Adsuara Varela (Madrid, 1964) es profesor, abogado y consejero independiente, experto en Derecho, estrategia y Comunicación Digital. En la actualidad forma parte del claustro de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad Villanueva. Conferenciante y Divulgador (blog, redes sociales, publicaciones), colabora en diferentes medios de comunicación como La Información, El País, Retina, Bez o El Confidencial.

Además, es vocal de la Sección Primera de la Comisión Propiedad Intelectual (MECD), miembro del Grupo de Trabajo de Transformaciones Tecnológicas Elcano, miembro del Grupo Asesor del Foro para la Gobernanza de Internet (IGF Spain), Senior Advisor de Transformación Digital en KREAB y patrono de la Fundación España Digital.

- ¿Tenemos un problema de desinformación en España? ¿Es necesario regular y fiscalizar a la prensa?

- Sí, tenemos un problema de desinformación en España. Pero no es sólo un problema de la prensa, porque no sólo difunde desinformación la prensa, sino también los ciudadanos (redes sociales), los partidos políticos y el Gobierno.

Presentarse ante el electorado como víctima de una 'máquina del fango' –y así obtener réditos electorales– es, sin duda, un claro acto de desinformación

- ¿Cómo diferenciar los bulos de la información incómoda para aquéllos que son objeto de investigaciones periodísticas?

- La única forma de diferenciar un bulo (o desinformación) de una información (que puede ser incómoda para alguien) es verificarla. En primer lugar, por las personas que difunden dicha información –ésa es la esencia del periodismo–; en segundo lugar, por cualquiera que tenga conocimiento del tema y acceso a las fuentes adecuadas (expertos y ciudadanos en general); y, en tercer lugar, por los tribunales, que investigarán, en los casos más graves, y pedirán las pruebas pertinentes a quienes lo hayan difundido.

- ¿Con qué mecanismos contamos en nuestro país para hacer frente a la desinformación? ¿Es necesario completarlos?

- En nuestro país contamos con varios mecanismos legales para hacer frente a la desinformación. Tanto el derecho de rectificación, para corregir cualquier información ‘inexacta’, que nos aluda y que pueda perjudicarnos, como las demandas civiles, en defensa de nuestro honor o las querellas, por la vía penal, si entramos en los delitos de injurias y calumnias.

Pero sí que es necesario completarlos porque internet, en general, y las redes sociales y aplicaciones de mensajería, en particular, han hecho que los mecanismos tradicionales sean poco ágiles para perseguir la desinformación en el entorno digital. En este sentido, el Reglamento de Servicios Digitales de la UE (DSA), que es de plena aplicación en toda la Unión Europea, desde el pasado 17 de febrero, aporta algunos mecanismos para luchar contra la desinformación en la red.

- ¿Considera que las presiones políticas amenazan ahora, más que antes, la Libertad de Prensa en España?

- Sí y no. Sí amenazan ahora más que antes la Libertad de Prensa tachando de desinformación cualquier información que pueda perjudicar al Gobierno, generalizando y metiendo en el mismo saco a todos los medios que las difundan e incluso calificándolos de ‘pseudomedios’, ‘paginas web’ o ‘digitales’, cuando es absurdo, porque todos los medios en el siglo XXI son ya digitales.

Pero una cosa es amenazar y otra cosa es poder controlar. Y ahora es mucho más difícil que antes para los Gobiernos, controlar la información (para ellos, desinformación) que se publica en internet, redes sociales y por aplicaciones de mensajería.

Calificar de 'pseudomedios' , 'páginas web' o 'digitales' es absurdo porque todos los medios en el siglo XXI son ya digitales

- En su opinión y experiencia, que desde el Gobierno se señale a los medios y la oposición como origen de la desinformación, con el fin de obtener réditos electorales, ¿no es en sí mismo un acto de desinformación?

- El concepto de 'desinformación' según la Unión Uuropea es la «información verificablemente falsa o engañosa que, de manera acumulativa (a) se crea, presenta y difunde… para engañar intencionalmente al público; y, (b) puede causar daño público, con la intención de amenazar a la política democrática y a los procesos de formulación de políticas». En especial, los electorales.

En este sentido, acusar de desinformación, de manera generalizada, a los medios y a la oposición para defenderse de informaciones críticas con el Gobierno y para presentarse ante el electorado como víctima de una 'máquina del fango' –y así obtener réditos electorales– es sin duda un claro acto de desinformación.

- ¿Puede abordarse una regeneración democrática o una mejora sustancial de la misma pidiendo más intervención y control sobre los agentes críticos con el Gobierno de turno, sea cual sea su signo?

- Habría que aclarar primero qué se entiende por «regeneración democrática», porque una de las bases de cualquier democracia es la Libertad de Expresión y de Información. Luego poca «regeneración democrática» puede haber si, con la excusa de la lucha contra la desinformación, se pretende más intervención y control de los medios críticos con el Gobierno, que es lo primero que quieren hacer los regímenes autoritarios, que, a la vez, son los mayores difusores de desinformación, tanto interna como externa. Es el caso de Rusia, por ejemplo.

Pero, sobre todo, revela una gran miopía, porque los mecanismos de control que los partidos que están hoy en el Gobierno pudieran poner en marcha serían utilizados en su contra cuando otro partido ocupara el poder. Por eso es esencial que ningún Gobierno disponga de esos instrumentos de control.

Poca «regeneración democrática» puede haber si, con la excusa de luchar contra la desinformación, se pretende más intervención y control de los medios críticos con el Gobierno, que es lo primero que hacen los regímenes autoritarios

- Muchos miran a Europa esperanzados ante la amenaza de censura a cierta prensa y periodistas… ¿Con qué herramientas cuenta la Union? ¿Hasta qué punto puede intervenir?

- Yo no miraría esperanzado a la Unión Europea ante la amenaza de censura a cierta prensa y periodistas, porque el Reglamento de Servicios Digitales ha otorgado, por un lado, una carta blanca a las redes sociales para que borren los contenidos que ellas consideren incompatibles con sus términos de uso (aunque no sean contenidos ilegales) y, por otro lado, ha dado a los gobiernos la posibilidad de amenazar a dichas redes sociales con multas de hasta el 6% de su volumen de negocio, si no borran contenidos que sean contrarios al denominado 'discurso cívico'. Un concepto jurídico indeterminado que pueden interpretar a su conveniencia los diferentes gobiernos. Por eso hay que estar vigilantes.

Pero, para ser constructivos y poner un punto de esperanza, también la DSA contempla organismos sectoriales independientes de autorregulación para la resolución extrajudicial de conflictos, y ése sí puede ser un buen mecanismo a utilizar.