Estos son los mecanismos con los que cuenta España para garantizar la libertad de prensa y perseguir la desinformación

España ha mejorado cuatro puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que se ha conocido hace unos días, gracias a la mejora del contexto legal y de seguridad de la información en nuestro país y por el declive de otros Estados. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien, tras destaparse algunos datos sobre las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, en varios digitales como El Debate, decidía poner pie en pared y anunciaba, públicamente, el pasado lunes, su intención de perseguir los «bulos» en lo que ha dado en llamar los «pseudomedios».

Según el informe anual de RSF, coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Prensa, España «no se salva» del deterioro global del periodismo por la presión política y ello que los resultados del mismo se elaboraron antes del recrudecimiento de los ataques contra los medios de comunicación, iniciados por el Gobierno en esta última semana.

Sin embargo, las llamadas fake news o los bulos no sólo se encuentran en medios escritos, también pueden darse en formatos audiovisuales como imágenes o vídeos y pueden nacer, y lo hacen con frecuencia en los regímenes menos democráticos, de las propias fuentes del poder que aspiran a controlarlo. Esto es, los Gobiernos más autoritarios son los mayores difusores de desinformación tanto interna como externa.

En este sentido, «acusar de desinformación, de manera generalizada, a los medios y a la oposición para defenderse de informaciones críticas con el Gobierno y para presentarse ante el electorado como víctima de una 'máquina del fango' –y así obtener réditos electorales– es sin duda un claro acto de desinformación», aseguraba el abogado y consultor Borja Adsuara en una entrevista a El Debate.

La desinformación o los bulos también han encontrado en redes de mensajería muy extendidas como WhatsApp, un canal donde proliferan. Especialmente con nuevos formatos como los memes, que invitan a una mayor difusión por su apariencia graciosa e inofensiva. O, cómo no en redes sociales como Twitter, Facebook o Tik Tok es cada vez más común. «En estas plataformas, cualquier persona puede aportar sus testimonios, pero estos pueden quedar lejos de la verdad y estar más cerca de un relato personal construido con algún tipo de interés», asegura la Comisión Europea.

Entonces, ¿cómo se puede identificar una noticia falsa? Si bien es cierto que algunas son claramente identificables, otras no lo son tanto. Tanto el ordenamiento jurídico en España, como en Europa, ya garantizan el respeto al derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz y a combatir la difamación en casos necesarios. Pero, también cabe recordar que, como fija la doctrina del Tribunal Constitucional español, información veraz no es sinónimo de verdad.

Qué son las fake news

La dificultad que presenta la distinción entre las fake news y las noticias verídicas y contrastadas es que estas primeras también contienen cierta información oficial u oficiosa. Cabe, además destacar que una cosa son los bulos y otra, muy distinta, son aquellas informaciones que, ciertas, resultan incómodas para sus protagonistas, por razones, fundamentalmente, de contraargumento de su relato político.

Para la Comisión Europea (CE), cuando se habla de noticias falsas y contenidos audiovisuales, «puede construirse un contenido falso uniendo varios extractos de videos para lograr transmitir una idea que sirve a algún interés; en el caso de las fotografías, se pueden hacer montajes o, aunque la fotografía sea veraz, el texto que la acompaña remite a algo que no le corresponde, con el objetivo de servir a un interés».

Y, esto, plantea uno de los mayores problemas de las fake news: la rápida difusión de la que gozan. Generalmente, adamés, tratan «de temas escabrosos de interés general y que suscitan la curiosidad de la población». Lo que afecta, «en gran parte, la atención pasiva de los usuarios ante la información que recibe. Medios como la televisión o la radio permiten cierta indiferencia en cuanto a la atención, pues no requieren un gran esfuerzo de concentración. Sin embargo, el público lector de periódicos es más propenso a tener interés en los temas que lee y está dispuesto a invertir una mayor cantidad de tiempo en ello», advierte la CE.

Por otra parte, el desarrollo de los medios digitales ha hecho que proliferen multitud de nuevos medios. Medios que escapan al control económico de las Administraciones Públicas que, a través del sistema tradicional de subvenciones, no acceden a influir en la línea editorial de los mismos. Y, precisamente, su hábitat digital les permite divulgar sus informaciones, de manera global, inmediata, y al margen de la versión oficial de las cosas que, a lo largo de la historia reciente, se presentaba como la única válida y visible.

Sin embargo, también gracias a esta nueva dimensión y las nuevas necesidades creadas, recientemente han ido surgiendo otros medios cuya misión es combatir estas malas praxis periodísticas, a través de la técnica conocida como fact check. Es decir, ellos se encargan de recibir informaciones de procedencia dudosa y se encargan de contrastarlas acudiendo a las fuentes primarias (aquellas creadoras de contenido) y consultando en multitud de fuentes para comprobar la veracidad o falsedad de los documentos en los que se apoyan.

Qué mecanismos hay para regularlas

En nuestro país contamos con varios mecanismos legales para hacer frente a la desinformación. Tanto el derecho de rectificación, para corregir cualquier información ‘inexacta’, que nos aluda y que pueda perjudicarnos, como las demandas civiles, en defensa de las intromisiones legítimas en nuestro honor o las querellas, por la vía penal, si entramos en los delitos de injurias y calumnias. Pero, en todo caso corresponde a los tribunales –jueces, magistrados y fiscales– determinar cuándo se ha hecho un mal uso de la libertad de expresión que, aunque muy amplia, no es ilimitada; y, no, al Gobierno.

La clave es determinar quién decide qué es desinformaciónBorja AdsuaraAbogado y consultor experto en Asuntos Públicos y Regulatorios

De hecho, desde que se publicase la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, en España, cualquier ciudadano, autoridad o cargo público, «persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio». Es decir, en el caso de que un medio de comunicación publicase un bulo, el afectado (o en caso de estar fallecido sus descendientes o representantes legales) dispone de siete días para solicitar correcciones que, en su caso, el medio de comunicación tendría que publicar, en un máximo de tres días, con la misma relevancia de la noticia inicial.

Y, si el medio se negase, el recurso inmediato, y el más ágil, de acuerdo con los expertos consultados por El Debate es recurrir a un juicio verbal que, en España, es el procedimiento más rápido de nuestro ordenamiento jurídico, al no exceder de un plazo máximo de tres meses de resolución.

A los mecanismos tradicionales, de acuerdo con algunos expertos en la materia, «sí que es necesario completarlos porque internet, en general, y las redes sociales y aplicaciones de mensajería, en particular, han hecho que los mecanismos tradicionales sean poco ágiles para perseguir la desinformación en el entorno digital. En este sentido, el Reglamento de Servicios Digitales de la UE (DSA), que es de plena aplicación en toda la Unión Europea, desde el pasado 17 de febrero, aporta algunos mecanismos para luchar contra la desinformación en la red».