El PP vetará la amnistía en el Senado tras las catalanas y la devolverá al Congreso para su aprobación
Los populares han dilatado así el máximo tiempo posible la tramitación de la norma, tras la reforma del Reglamento impulsada para ello
La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha decidido incluir la votación de la ley de amnistía en el Pleno del 14 de mayo, después de las elecciones catalanas que se celebran este domingo. De esta manera, los populares aprobarán el veto a esta norma, por lo que tendrá que volver al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo levanten y se apruebe definitivamente, según ha informado Europa Press.
La Cámara Alta ha optado así por dilatar al máximo la tramitación de la amnistía, como aseguró el PP que haría, los dos meses que permite el Reglamento tras la reforma impulsada por los populares. Llegó al Senado el 15 de marzo por la vía de urgencia, y desde entonces el partido de Alberto Núñez Feijóo ha solicitado informes a diferentes órganos sobre la constitucionalidad o no de la polémica norma, como al Consejo General del Poder Judicial o a los propios letrados del Senado.
Precisamente tras uno de los informes emitidos por estos últimos, que subrayaron la «clara inconstitucionalidad» de la ley de amnistía y remarcaron que la iniciativa presentada por los socialistas es una «reforma de la Constitución encubierta», pero también indicaron que la Mesa de la Cámara estaba obligada a admitirla a trámite, el PP decidió ir a un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado, Instó así a la Cámara Baja formalmente a retirar la proposición de ley, a lo que esta se negó. Ante la negativa, todo apunta a que los populares acudan ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación definitiva de la norma.
Choque entre las cámaras
El PP activa la vía del conflicto institucional entre el Congreso y el Senado contra la amnistía
Precisamente este lunes, el PP ha convocado una manifestación para el 26 de mayo en Madrid para protestar contra la amnistía, además de contra la «política de bulos» del Gobierno y la «sospecha de corrupción» sobre su partido, su Ejecutivo y su entorno.